CAPÍTULO 3

LAS REFORMAS BORBÓNICAS

Luis Jáuregui

Desde los primeros años del siglo xviii, la corona española emprendió cambios en la manera de administrar sus vastas posesiones americanas. En la primera mitad del siglo, las reformas fueron más bien tímidas, después se aplicaron innovaciones de gran vigor que comúnmente se conocen como “reformas borbónicas”. Tímidas y audaces, todas respondieron al deseo de la dinastía borbónica en España de retomar los hilos del poder en América —particularmente en Nueva España, la posesión más rica— iniciando así un proceso de modernización que duraría prácticamente todo el siglo.

La modernización borbónica tuvo sus bases en una forma de pensamiento y sistema de valores que se conoce como Ilustración. Las características principales del movimiento ilustrado son la confianza en la razón humana, el descrédito de las tradiciones, la oposición a la ignorancia, la defensa del conocimiento científico y tecnológico como medios para transformar el mundo, y la búsqueda, mediante la razón y no tanto la religión, de una solución a los problemas sociales. En pocas palabras, la Ilustración siguió un ideal reformista. Su aplicación fue un proceso de modernización aplicado en el siglo xviii por prácticamente todos los monarcas europeos, de ahí la forma de gobierno conocida como “despotismo ilustrado”.

Debido a que chocaba con una sociedad apegada a valores tradicionales, la Ilustración en España llegó por conducto de la aristocracia, funcionarios y eclesiásticos; uno de éstos fue Benito Jerónimo Feijoo, quien con una prosa amena y directa cuestionó —siempre dentro de los límites de la fe católica— ideas comunes que consideraba erróneas. Los escritos del padre Feijoo fueron muy populares, leídos y comentados por laicos y eclesiásticos. Por otro lado, el ejercicio del poder por parte de la dinastía de los borbones fue un claro ejemplo de despotismo ilustrado. Los ministros de Carlos III (1759-1788) y de su hijo Carlos IV (1788-1808) influyeron en el ánimo reformista de ambos monarcas; además, difundieron las ideas ilustradas mediante las llamadas Sociedades Económicas de Amigos del País y la naciente prensa periódica.

En América las nuevas ideas se aplicaron dentro del molde de una forma de gobierno ilustrada con un monarca absoluto cuya autoridad no se cuestionaba. Por este motivo, en el transcurso de los años se aplicaron cambios modernizadores sobre las formas de gobierno virreinal; los más destacados ocurrieron entre 1760 y 1808 y se conocen como las “reformas borbónicas”. Éstas fueron una estrategia del gobierno imperial para lograr el desarrollo de los intereses materiales y el aumento de la riqueza de la monarquía mediante cambios importantes en aspectos fiscales, militares y comerciales, así como el fomento a diversas actividades productivas. En el ámbito de las reformas también se diluyeron privilegios, se mejoró en algo la condición del indio y se extendió la cultura. En este último caso, la corona tuvo mucho que ver, pues envió desde Europa a personajes ilustrados para desarrollar las ciencias, las artes y la industria. Pero también los americanos tuvieron que ver en la adopción de nuevas ideas, toda vez que, de manera disimulada, tuvieron acceso a ideas ilustradas emancipadoras y hasta revolucionarias. La mayor cultura y prosperidad hicieron más claro a los criollos que el dominio español estaba plagado de abusos y defectos. Así, el periodo de las reformas borbónicas en Nueva España no sólo fue importante por el crecimiento económico logrado y por la apertura al mundo atlántico; también fue un periodo de crisis de una sociedad que se percató de que era distinta.

Una visión de conjunto

En Nueva España el reformismo de los borbones se inició con tres visitas (inspecciones a personas y oficinas) que ordenara el rey Felipe V (1700-1746) y que reflejaban la clara conciencia de la corona de que la situación administrativa del virreinato era deplorable. Gracias a que la economía mostraba un desempeño vigoroso, se llevaron a cabo entonces cambios de corte administrativo que le permitieran a la corona contar con recursos para realizar otros de mayor envergadura. Estos primeros cambios consistieron en la llamada “centralización de los ingresos reales”, esto es, la transferencia del cobro de impuestos de manos de particulares a las de los funcionarios del rey.

La ocupación de La Habana por la armada inglesa en 1762 marcó la necesidad de emprender una segunda etapa de reformas, más enérgica que la anterior; a ello contribuyó en gran medida que, unos años antes, había llegado al trono Carlos III de Borbón. Ciertamente, el nuevo monarca contaba con amplia experiencia en las artes de gobierno; sin embargo, fueron las circunstancias las que lo obligaron a emprender la reorganización político-administrativa de los virreinatos, que en buena parte continuaba anclada en ordenamientos de fines del siglo xvi. Las circunstancias fueron de índole internacional y principalmente de características bélicas. Por lo mismo, las reformas que acometiera Carlos III tuvieron que ver con el fortalecimiento del sistema defensivo, particularmente en el Caribe y el norte de Nueva España, así como con la centralización del poder en manos de los funcionarios del rey. Estas dos tareas requerían fuertes cantidades de recursos fiscales, para lo cual también se emprendió una reforma de fondo en la administración de la real hacienda novohispana.

A diferencia de la mayoría de los virreyes de los siglos anteriores, los que gobernaron Nueva España durante el reinado de Carlos III fueron hombres extraordinarios: ninguno era noble de nacimiento y todos llegaron a tan alta posición por mérito propio; más importante aún, a todos los impulsaba el afán de renovación del imperio en general y de Nueva España en particular. Como si esto no fuera suficiente, la corona española ordenó a mediados de la década de 1770 una inspección general de todas las cajas reales de Nueva España: la célebre visita de José de Gálvez (1765-1771). A partir de que este personaje es nombrado ministro de Indias en 1776, en Nueva España se empiezan a aplicar con fuerza las medidas correctivas que durante su visita había detectado como necesarias. Es en este periodo que se emprende la formación de cuerpos de defensa virreinales y se establece la Comandancia General de las Provincias Internas (1776). También en aquellos años se intenta disminuir el poder de virrey y comienza la reforma en la administración provincial con el establecimiento de los intendentes y subdelegados (1786).

A pesar del ímpetu inicial que recibe este programa modernizador, con la muerte de Gálvez en 1786 —y con la llegada al trono de Carlos IV, quien debió enfrentar circunstancias internacionales más adversas que su padre— se observa un cambio en el reformismo borbónico en el que dicho impulso se ve distorsionado respecto a su intención inicial. Por el lado económico, este cambio también se explica por el relativo freno que muestra el desempeño de la economía novohispana comparado con las dos décadas anteriores, por el hecho de que la real hacienda, habiendo extraído en exceso recursos fiscales de la población novohispana, comienza a recurrir, en mayor proporción que en el pasado, a préstamos y donativos y porque, con motivo de conflictos internacionales, Nueva España se ve “beneficiada” con el llamado “comercio neutral” (1796-1802 y 1804-1808).

Las reformas borbónicas también tuvieron impacto en los aspectos sociales y culturales. Fue en estos años que la población resintió el dominio español; un dominio que sólo permitía el progreso a los más privilegiados, y aun a ellos les costó, y mucho, apoyar a la corona. Los criollos, a pesar de los resentimientos que acumularon durante el periodo, se beneficiaron de los grandes avances en las instituciones culturales y de la apertura a otras sociedades del mundo atlántico. A los indígenas también les pesó el dominio español pero más les afectaron las varias crisis de subsistencia que hubo en esos años, particularmente las de 1785-1787 y 1808-1810. Hacia la primera década del siglo xix, Nueva España era la caja de caudales del monarca español, contaba con una economía en vías de consolidación y con una identidad propia. La presión que la corona aplicó sobre los novohispanos en los últimos años del periodo borbónico empobreció a una parte de la población y nulificó las posibilidades de crecimiento económico futuro de la colonia y del México independiente. Lo que no hicieron el gobierno español y sus últimos virreyes fue acabar con el sentimiento de que la situación podía cambiar en favor de los novohispanos.

La visión de conjunto de las principales reformas que emprendieron los ilustrados borbones proporciona un marco de referencia para los últimos años de la Nueva España y los primeros decenios del México independiente. Puede incluso decirse que, así como en el periodo de las reformas borbónicas se estableció la mayoría de las divisiones geográficas que tendría una porción del México republicano, y así como en aquellos años nacieron los agravios contra la dominación española, así también se puede decir que en la prosperidad borbónica de Nueva España se gestó la decadencia económica del México independiente.

Las primeras reformas de la dinastía borbónica

Para el gobierno imperial en España era insostenible la situación de su posesión más rica en América. Tres accidentadas visitas parciales (1710-1715, 1716 y 1729-1733) habían mostrado la necesidad de modificar el estado de las cosas: por ejemplo desde 1711 se venía haciendo notar a las autoridades metropolitanas que la renta de alcabalas (impuestos internos cobrados por el tránsito de una mercancía por un suelo alcabalatorio) proporcionaría más dinero si fuera administrada por un funcionario de la corona que si se arrendaba a alguna corporación (comerciantes o cabildos civiles). El problema era que, casi siempre, los virreyes decidían otorgar la renta a una corporación en lugar de que quedara en manos de la corona.

Para el caso de las alcabalas, como para muchas otras rentas (casa de moneda, tributos, pólvora, tabaco, naipes, derecho de ensaye, bulas, pulque, etc.), la situación comienza a cambiar en 1732 con la incorporación a la corona de los cargos más importantes de la Casa de Moneda de la Ciudad de México; esto significaba que los mismos dejaban de venderse al mejor postor. El proceso de centralización de rentas continuó durante casi todo el siglo; el ejemplo más importante de este proceso fue la incorporación de las alcabalas a la administración fiscal novohispana, un cambio que llevó varios años (1754-1776) y que se vio temporalmente suspendido por decisión del visitador Gálvez. El proceso de centralización consistía en ya no “vender” por un monto fijo la función del cobro de impuestos a entidades particulares, lo que obligaba a la corona a asumir esta tarea, brindándole la posibilidad de incrementar la recaudación y reducir gastos.

Cierto es que para lograr esta centralización de rentas la corona debió desembolsar fuertes cantidades de dinero, a la vez que fue necesario hacer más sólida la estructura administrativa del erario novohispano. Para ello fue muy útil que la economía virreinal venía mostrando un buen desempeño desde finales del siglo xvii. En particular, midiéndola por los impuestos que pagaba, la actividad minera creció razonablemente hasta 1750; como toda la economía, mostró un estancamiento durante los años intermedios del siglo, para crecer espectacularmente en los decenios de 1770 y 1780.

Costosos como fueron, los primeros cambios prometían, para mediados de siglo, incrementos importantes en los ingresos del erario novohispano. El golpe que recibiera España en su hegemonía atlántica a fines de la Guerra de los Siete Años (1756-1763) fue la circunstancia que aceleró el proceso de reforma. Por una parte los ingresos se reducían, y ejemplo de ello fue que, junto con La Habana, en Filipinas había caído Manila, lo que suspendió por varios años la llegada del galeón procedente del Lejano Oriente y los recursos que aportaba al erario novohispano. Por otro lado, los gastos se incrementaban fuertemente pues había que poner a cubierto militar toda la zona de las Antillas Mayores, en particular el puerto de La Habana. Con la ocupación de este último, los ingleses habían llegado muy cerca de la principal fuente de riquezas, que era la Nueva España; por lo mismo, en 1764 se diseñó un plan para fortificar Veracruz, asegurar el camino de allí a la Ciudad de México y formar un pie considerable de tropas veteranas y milicianas. En noviembre de ese año desembarcó en Nueva España el primer ejército permanente —el Regimiento de América— al mando del comandante Juan de Villalba.

De forma simultánea, se preparaba una visita que analizara la situación administrativa y judicial del virreinato. Para esta tarea se designó al malagueño José de Gálvez.

La visita general a los tribunales y cajas reales de Nueva España

Al visitador Gálvez no se le pidió únicamente un diagnóstico; también se le dieron amplios poderes para reformar todo lo que exigiera un cambio. Dos eran, sin embargo las instrucciones principales: incrementar la riqueza del erario novohispano y prevenir abusos y dispendios para la mejor administración de las rentas. En atención a la primera tarea, el visitador consolidó el establecimiento del monopolio real de tabaco. Esto significaba que la corona se hacía cargo exclusivo de sembrar, procesar y vender el tabaco, principalmente en forma de cigarrillos que en Nueva España se consumían ampliamente, sobre todo entre las mujeres. En términos de valor, la empresa del tabaco fue la segunda mayor actividad productiva del virreinato, sólo superada por la rica actividad minera. Por otro lado, Gálvez también legalizó la situación del aguardiente de caña, pues dado que su producción estaba prohibida, el consumo ilegal era enorme, con la consecuente pérdida en derechos para las finanzas del rey. Asimismo, el visitador estableció la Contaduría General de Propios y Arbitrios, con la cual la corona pasaba a administrar los recursos de los pueblos, villas y núcleos urbanos. La medida centralizaba todos estos recursos en las arcas reales, y aunque en realidad no eran del rey, varios años después fueron una tentación muy grande en momentos en que fue urgente el financiamiento de las guerras imperiales.

La designación como virrey de Francisco de Croix (1766-1771), quien compartía ideas reformistas con Gálvez, facilitó la visita. Ambos acordaron la inspección del Nuevo Santander, que desde su fundación (1748) se había dejado casi en el olvido. Asimismo, meses después el visitador realizaría personalmente una inspección a las vastas tierras del noroeste novohispano; el objeto era diseñar una estrategia que permitiera aumentar la población de esta zona, pacificar a los indios y explotar sus yacimientos mineros.

Entre tanto, las erogaciones del erario virreinal crecían desmesuradamente, lo cual se explica por el incremento en el gasto de situados (cantidad destinada al pago de gastos de defensa) y por la necesidad de aplacar los tumultos de 1767, ocasionados por la expulsión de los jesuitas, tema que se abordará más adelante.

El virrey dejó hacer al visitador, quien se dio a la tarea de inspeccionar cajas reales y tribunales, juzgar a los corruptos, removerlos de su encargo y, de ser necesario, cerrar oficinas, como fue el caso de la tesorería de Acapulco que sólo funcionaba tres meses del año. En el ámbito del objetivo de incrementar la riqueza del erario real, Gálvez y Croix defendieron una causa que aparentemente iba en contra de los intereses de la corona: la reducción en el precio del azogue (que era un monopolio real) para así fomentar la minería, toda vez que era éste un ingrediente indispensable para el procesamiento del mineral argentífero. Como algunas otras de las propuestas de Gálvez, ésta vendría con los años a mostrar su efectividad en materia de impulso a la actividad económica y, luego, a los ingresos de la real hacienda.

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El regalismo, como subordinación de la autoridad eclesiástica al rey, fue el sello del gobierno borbónico. Para Carlos III y sus ministros, los privilegios que tenía la iglesia eran incompatibles con los intereses del Estado. La intención era entonces terminar con la vieja metáfora de que el rey era el padre y la iglesia la madre de la familia hispánica, para desarrollar una concepción masculina de la política, con una sola cabeza, y ésa era la del rey. Los escritores y políticos ilustrados en España defendieron esta postura que sometía a escrutinio toda la estructura legal de la iglesia y su participación en la vida de la sociedad. La posición no hubiera tenido éxito si no hubiera contado con el apoyo de un sector de la iglesia, al cual se le llamaba jansenista. Fue este grupo el que consideró extravagantes, sobredoradas y de mal gusto las iglesias del barroco tardío, defendiendo la sencillez y sobriedad del estilo neoclásico. Fueron también los jansenistas, tanto en Europa como en América, los que atacaron severamente a los jesuitas —quienes defendían el poder del papa y buscaban mantener su independencia ante la autoridad de los obispos.

Pieza musical estilo neoclásico

La expulsión de los jesuitas de Nueva España no fue consecuencia de un planteamiento ideológico originado en el virreinato sino de un decreto emitido por el monarca español a inicios de 1767 que respondía al deseo de terminar con la resistencia que esa orden religiosa presentaba al poder del rey, toda vez que defendía la obediencia absoluta al papa.

Los jesuitas en Nueva España ciertamente contaban con grandes y muy eficientes unidades de producción agrícola; también eran importantes terratenientes urbanos; sin embargo, su mayor influencia en el virreinato provenía de su labor educativa. Ésta se basaba en un método que convertía al educando en un pensador disciplinado; tal forma de educar resultaba peligrosa en aquellos tiempos del siglo xviii, cuando la ciencia y la filosofía se modernizaban, aun a pesar de los esfuerzos de la Inquisición.

Cuando se recibió el real decreto, las casi coincidentes formas de pensar de Gálvez y de Croix permitieron que la expulsión de los religiosos se hiciera de manera sorprendentemente rápida y ordenada, tal como lo disponía el monarca: “pues… deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España que nacieron para callar y obedecer, y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del soberano”. La expulsión de la Compañía de Jesús provocó disturbios entre la población, o al menos ésa fue la excusa de los levantamientos. San Luis de la Paz, San Luis Potosí, Guanajuato y Valladolid de Michoacán fueron víctimas de un visitador Gálvez (comisionado por el virrey) ejerciendo una dura represión que bien mostraba su obediencia ciega a la corona y su deseo de extirpar a toda costa cualquier indicio de sedición.

El asunto de los jesuitas en 1767 fue uno de los golpes más evidentes de la corona al privilegio eclesiástico. Otro fue la reglamentación en torno a la capacidad del Estado para juzgar y condenar a los miembros del clero que infringieran la ley civil. La expulsión de los jesuitas agravió a la parte educada de la sociedad; aquella que se vio beneficiada por los colegios jesuitas en veintiún poblaciones de Nueva España desde Chihuahua hasta Mérida, un grupo social que aprendió de esos clérigos tanto primeras letras como gramática latina y estudios superiores de filosofía y ciencias. El segundo “golpe” afectó a toda la población novohispana, en particular a la clase más pobre e ignorante, que veía en el sacerdote a un ser semidivino, en categoría aparte de los laicos. A final de cuentas, toda la estrategia borbónica contra la iglesia sólo sirvió para debilitar el régimen colonial.

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El periodo de esplendor económico más importante de la historia de Nueva España se inicia en la década de 1770, después de un lapso de estancamiento que, a juzgar por las estadísticas, había comenzado alrededor de 1750. El inicio de los años de prosperidad coincide con el mandato del virrey Antonio María de Bucareli (1771-1779). La bonanza se explica en parte importante por el aumento demográfico: entre 1742 y 1810 el número de habitantes en Nueva España pasó de 3.3 a 6.1 millones de personas, un enorme incremento que se dio sobre todo en la población indígena. Ésta vivía predominantemente en las zonas rurales o en alrededor de 4 682 localidades cuya población oscilaba entre 2 000 y 3 000 habitantes.

A pesar de que la mayoría de la población vivía en zonas rurales, el número de villas, “pequeños núcleos urbanos” y ciudades creció durante el periodo. La intendencia de México, donde se asentaba la capital virreinal, contaba con un elevado porcentaje de población urbana; en situación similar estaban las intendencias de Guanajuato y Puebla. Por el contrario, Oaxaca y Guadalajara (que en parte comprendía el actual estado de Jalisco) presentan un predominio rural, pues las concentraciones urbanas se reducían a uno o dos núcleos en cada intendencia. Algo parecido sucedía con las provincias de Valladolid (Michoacán) y Veracruz.

En cuanto a la estructura de la población, la mayoría eran jóvenes menores de 16 años; la esperanza de vida era de entre 55 y 58 años para la población blanca, expectativa que se reducía en el grupo indígena y en las castas. Al respecto es pertinente señalar que las autoridades virreinales eran conscientes de que se debían mejorar las condiciones de vida de la población, toda vez que —aparte de las consideraciones humanas— las epidemias habían sido demasiado dañinas para los más pobres, con efectos nocivos sobre las capacidades de crecimiento económico virreinal. El ánimo más importante en el sentido de poner al día las condiciones higiénicas de las capitales de las intendencias provino del segundo virrey Revillagigedo (1789-1794). Las principales medidas adoptadas fueron el establecimiento de cementerios, la prohibición de los entierros en las iglesias, la normativa sobre ropas usadas, el establecimiento de lazaretos, etc. Pocos años después, en 1802 llegó al virreinato la vacuna contra la viruela. Para el proceso de inoculación a la población se eligieron los curatos como centros sanitarios y el clero fue el encargado de su administración.

El poder del virrey y la ordenanza de intendentes

Como una medida más prudente que opositora, Bucareli en cierta forma interrumpió las reformas que Gálvez pretendía aplicar en Nueva España. Tenía razón, pues cuando se hizo cargo del gobierno eran aún reducidos los recursos de la real hacienda y muy elevadas las deudas, particularmente de situados. Cinco años después reportaba un incremento sustancial de los ingresos netos como resultado de un rígido plan de ahorros. Una parte importante de este último fue la dilación, primero, y después la abierta oposición al establecimiento de los intendentes en el virreinato bajo su gobierno.

Heredado de la Francia del siglo xvii, el sistema de las intendencias se venía aplicando desde hacía varios años en otros virreinatos americanos. En su visita, Gálvez tenía como uno de sus propósitos establecer intendentes —gobernantes de provincia— y subdelegados —subordinados de aquellos que debían suplir a los alcaldes mayores. La oposición de Bucareli a este programa administrativo no sólo respondía a consideraciones prácticas, había también un importante trasfondo político pues con el nuevo esquema el virrey perdía una parte de su poder: esta última era la intención de Gálvez.

Los virreyes tenían diversas funciones, entre ellas la de juez, administrador, vigilante, cobrador de impuestos, capitán general, para el desempeño de las cuales contaban con un cuerpo de funcionarios locales denominados corregidores o alcaldes mayores. Estos empleados de la corona no percibían sueldo (o era muy reducido), lo que los obligaba a dedicarse a actividades no relacionadas con su empleo. Una de ellas era el repartimiento de mercancías, que consistía en que los alcaldes mayores, como intermediarios de los comerciantes del consulado de México, vendían a los indígenas mercancías de importación o de producción virreinal a precios altos, a cambio de productos locales a precios bajos. Esta situación no podía ser tolerada por un gobernante ilustrado pues dificultaba la aplicación de medidas de gobierno sobre la población, toda vez que, en lugar de buscar que éstas se cumplieran, los alcaldes mayores se ocupaban de sus negocios propios.

La propuesta de Gálvez era la creación de un grupo de colaboradores que descargaran las tareas del virrey; doce hombres que se harían cargo de cobrar impuestos, hacer justicia, organizar milicias y administrar las ciudades y los pueblos de su jurisdicción. A cada una de estas tareas se les llamaba causas: así, los intendentes debían conocer de las causas de hacienda, justicia, guerra y policía (este último era en la época un concepto mucho más amplio que la mera persecución de la delincuencia). Por otro lado, Gálvez tenía también en mente la militarización de la zona norte del virreinato y la creación de una oficina encargada exclusivamente de cuestiones fiscales: la Superintendencia de Real Hacienda. Ambas propuestas buscaban restar funciones al virrey. A todos estos cambios se opuso Bucareli y logró suspenderlos durante su gobierno, tanto porque el ministro de Indias en España tampoco los veía con buenos ojos como porque los hacía innecesarios el buen desempeño fiscal de Nueva España. En 1776, José de Gálvez fue nombrado titular del Ministerio de Indias. A partir de entonces y hasta su muerte diez años después se aplicaron en Nueva España todas las propuestas que resultaron de su visita. Así, el virreinato experimentó un aluvión de reformas prácticamente desde que el malagueño ocupó su nuevo cargo. Por ejemplo, en 1776 se creó la Comandancia General de Provincias Internas que si bien propició el progreso material, demográfico y cultural de los vastos territorios norteños, nunca salió totalmente del dominio del virrey en la Ciudad de México.

Los últimos años del decenio de 1770 son de profundos cambios. Por una parte, se le concede a Nueva España mayor libertad para realizar intercambios comerciales, aunque limitados a Perú y Nueva Granada. Por otro lado, en lo administrativo, Gálvez asesta otro golpe a la autoridad del virrey con la creación de la Superintendencia de Real Hacienda, que es encargada a un antiguo colaborador suyo. Esta medida pretendía establecer un “dominio tecnócrata” que apoyara las necesidades financieras del gobierno metropolitano. Esto significaba separar la función de recaudación de impuestos y de asignación de recursos de manos del virrey y sus colaboradores, de manera que sólo continuaran siendo jueces, para entregarla al nuevo cuerpo de funcionarios —superintendente de hacienda e intendentes. Este proyecto fracasó porque no fue bien diseñado y con el tiempo mostró múltiples vacíos legales para su ejecución.

En atención al proyecto tecnócrata, la Ordenanza de Intendentes llegó a Nueva España —el último virreinato donde se aplicó— en una coyuntura imperial sumamente difícil: acababa de establecerse cuando muere el ministro de Indias José de Gálvez (1787), y está en plena aplicación (1788) cuando muere Carlos III, el más reformador de los borbones. De cualquier modo, continuó la aplicación del reglamento, con la cual se intentó una división más racional del virreinato en sustitución de la confusión y desunión características del pasado. Según la ordenanza, a cada una de las doce intendencias (Durango, Guadalajara, Guanajuato, Mérida, México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora/Sinaloa, Valladolid, Veracruz y Zacatecas) se le asignaría un número grande de jurisdicciones ya establecidas (gobernaciones, alcaldías mayores y corregimientos), a cada una de las cuales se le llamó distrito. La aplicación del programa intendencial estuvo plagada de problemas técnicos que en parte se explican porque quienes lo diseñaron desconocían las fronteras de cada jurisdicción. El resultado fue que no se alcanzó la tan deseada organización del territorio virreinal. Aun así, las intendencias borbónicas fueron la base de la división territorial para la constitución republicana de México.

Ordenación territorial antes y después de la formación de intendencias

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Los años ochenta son de esplendor cultural, característico, entre otros factores, de una economía que crece, aunque con desigualdades. Por iniciativa del virrey Matías de Gálvez, hermano del ministro de Indias, se funda en la Ciudad de México la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y ve la luz el periódico La Gaceta de México. En materia urbanística, este virrey divide la capital en cuarteles y establece los alcaldes de barrio. El hijo de este mandatario, Bernardo de Gálvez (virrey entre junio de 1785 y noviembre de 1786), ordena la instalación del alumbrado de la Ciudad de México que llegó a tener características similares al de Madrid.

Por otro lado, resultado del afán ilustrado por las expediciones científicas, el virrey Manuel Antonio Flores (1787-1789) empieza en la Ciudad de México la construcción del Jardín Botánico, que concluyó su sucesor, el segundo virrey Revillagigedo. A este último corresponde el inicio de las obras de construcción del Colegio de Minería, encargadas al valenciano Manuel Tolsá. Este establecimiento fue pionero en los métodos educativos superiores y en sus planes de estudio se incorporaron las más modernas corrientes de las ciencias y las nuevas técnicas experimentales. Su edificio, inaugurado en 1811, es aún hoy día uno de los más espléndidos de la Ciudad de México.

La Gaceta de México

EL CAMBIO DE RUMBO. LOS AÑOS NOVENTA

El proyecto modernizador borbónico buscaba la centralización del poder. Sin embargo, la Ordenanza de Intendentes no aclaraba del todo esta intención; más bien lo que buscaba la corona era simplificar la administración del virreinato. Con este ordenamiento los nuevos funcionarios llegaron a sustituir a los alcaldes mayores/corregidores. En este proceso se prohibió el repartimiento de mercancías toda vez que, a diferencia del caso de los alcaldes mayores, los subdelegados si recibían sueldo. En algunas zonas fue fácil la eliminación del repartimiento; en otras ni las leyes ni los hombres pudieron destruir un viejo sistema que, para evitar el castigo, sólo cambió de nombre.

Los intendentes y subdelegados llegaron para controlar a un mayor número de novohispanos, por tal motivo la ordenanza y las leyes complementarias hallaron resistencia; de ahí que la muerte en 1786 de José de Gálvez, su principal defensor, propiciara que la corona cediera a presiones. Así, antes de que la ordenanza se aplicara cabalmente, ya se declaraban impracticables algunas de sus reglas y en muchos casos se regresó a la situación previa, lo que le hizo perder coherencia a la totalidad del ordenamiento y a algunos de sus artículos más importantes.

Tanto el establecimiento de las intendencias y subdelegaciones como la centralización de rentas comenzada años atrás, fueron útiles para la recaudación fiscal que se tratará más adelante. Sin embargo, una vez que se echó a andar, el nuevo esquema administrativo estuvo plagado de dificultades. Antes que nada, el segundo Revillagigedo, el más ilustrado de los virreyes de Carlos IV defendía las intendencias pero no estaba de acuerdo con que se le restara poder a su encargo. Esta concepción se impuso y después de 1789 las iniciativas de los intendentes debieron ser autorizadas por el mandatario virreinal. En segundo término, la circunscripción territorial de las doce intendencias novohispanas se superpuso con la de los obispados y con la de las jurisdicciones de algunas rentas centralizadas. Considerando este último caso puede decirse que las intendencias “llegaron tarde”, pues en Nueva España existía ya un edificio rentístico al cual se le traslapó el de los intendentes. Un poco de imaginación permite comprender las dificultades que había entre, por ejemplo, los intendentes de San Luis Potosí y Zacatecas cuando la mitad de las alcabalas de esta última correspondían a la intendencia potosina. El asunto se complica aún más si se considera que ambos intendentes debían rendir cuentas a la Dirección General de Alcabalas y Pulques (en la Ciudad de México), cuando según la ley sólo debían hacerlo al Ministerio de Hacienda (en España) y, después de las reformas de Revillagigedo en 1789, al virrey en Nueva España. Este último problema se reflejó en espectaculares pleitos entre intendentes y la administración central del virreinato.

Con todo y sus problemas, fueron sobresalientes los resultados de este y otros componentes del plan reformista. Según los datos, entre 1765 y 1804 las rentas reales se multiplicaron por cuatro. Esto se explica por varios factores: un aumento en el número de impuestos (ya fueran ordinarios o extraordinarios); un incremento en las tasas de los impuestos; una mayor presión fiscal resultado de los cambios administrativos, y el crecimiento económico. Independientemente de la causa, fue enorme el impacto de esta extracción de recursos; de hecho se calcula que los novohispanos pagaban 70% más impuestos per cápita que los habitantes de la metrópoli.

En el decenio de 1790 la carga fiscal sobre la población novohispana fue particularmente pesada. Y es que a la corona le resultaba ya políticamente imposible sacar dinero de los impuestos ordinarios. Así, con motivo de los conflictos bélicos en los que se vio inmiscuido el imperio español (la guerra contra los franceses en 1793 y el conflicto con Inglaterra en 1796), la corona debió solicitar préstamos y donativos. Éstos se diferenciaban de los impuestos tradicionales porque el monarca se comprometía a pagar réditos por estas aportaciones.

Y así fue hasta pocos años antes de la consumación de la independencia; el rey pagaba intereses a los “recaudadores” más efectivos del virreinato: el consulado de México, los recién creados (1795) consulados de Veracruz y Guadalajara y el Tribunal de Minería. Sin embargo, cuando las urgencias fueron muchas, el monarca, con la ayuda de sus intendentes, echó mano de los dineros que no eran suyos pero que por ley estaban bajo su custodia. Este dinero se hallaba en las cuentas de propios y arbitrios (recursos de pueblos, villas y núcleos urbanos), de bienes de comunidades indígenas (el “ahorro” de los pueblos indios para sus emergencias), montepíos (dinero de los funcionarios civiles y militares para sus viudas), etc. Este dinero nunca fue reembolsado —y mucho menos se pagaron réditos. Algunas cuentas desaparecieron en la etapa liberal (1808-1814; 1820-1821), otras debieron comenzar de nuevo después de 1821.

LA CONSOLIDACIÓN DE VALES REALES Y LA ECONOMÍA NOVOHISPANA

Una de las situaciones financieras más desesperadas de la corona fue cuando debió “estabilizar” el precio de muchísimos papeles de deuda firmados por el rey (vales reales) que circulaban, casi como dinero, en España.¹ La llamada “consolidación de vales reales” tenía por objeto que, en la metrópoli, la iglesia vendiera sus propiedades y “prestara” el dinero al real erario. En Nueva España la iglesia no tenía muchas propiedades y las ricas haciendas jesuitas habían pasado a las arcas de la real hacienda con el nombre de temporalidades. Lo que sí tenía era mucho dinero que recibía de ricos y pobres para la celebración de misas por el sufragio de sus almas. El Juzgado de Capellanías y Obras Pías prestaba así este dinero para que pudieran operar haciendas, ranchos y obrajes. Fue este dinero el que debía “recoger” la iglesia de sus deudores, para “prestarlo” a la real hacienda.

El decreto de Consolidación de Vales Reales fue promulgado en Nueva España a fines de 1804 y su impacto fue enorme: se redujo la disponibilidad de crédito y de capital para que trabajaran múltiples unidades de producción; se agotaron los fondos de ahorros, y muchas personas e instituciones cayeron en la pobreza. El decreto fue suspendido a principios de 1809 como consecuencia del golpe de Estado contra el virrey José de Iturrigaray (1803-1808); empero, sus efectos fueron duraderos pues mermaron la capacidad de la economía para recuperarse en el corto y mediano plazos.

En todo caso, la enorme extracción de recursos que experimentó Nueva España durante la época borbónica habla de una economía que, a la vez que creció considerablemente, fue sangrada de ese crecimiento por las autoridades metropolitanas. El mencionado aumento de la población significó una mayor demanda de mercado. El aumento en el número de habitantes provocó un mayor número de intercambios comerciales, lo que a su vez benefició a la actividad agropecuaria. En este sentido, durante el periodo se observa que la agricultura estuvo más orientada al mercado de los núcleos urbanos, y ya no tanto a la actividad minera. Este último, por su parte, mostró un importante crecimiento a partir de 1772, mismo que duraría, en términos generales, hasta 1795. El dinamismo de la minería respondió a la política de fomento de la corona: precios especiales para el azogue y la pólvora y exención de alcabala a la comercialización de los implementos directamente relacionados con la actividad. Otro elemento que explica el crecimiento minero fue la relativa liberalización del comercio que por esos años comenzaron a experimentar las posesiones americanas. Y es que ante la baja de los beneficios provenientes de la actividad mercantil, los comerciantes reorientaron sus inversiones hacia la explotación de yacimientos mineros.

Con todo y el relativo aumento en el número de intercambios mercantiles, es importante señalar que ello no significó que en la época se formara un solo mercado novohispano. Había más bien varios mercados donde se producía lo que se demandaba en la región. Así, por ejemplo, la intendencia de Oaxaca producía el maíz que se consumía allí mismo, y no valía la pena llevarlo hasta la intendencia de Durango. Esto, sin embargo, no sucedía con algunos productos cuyo precio sí ameritaba el costo que implicaba transportarlo largas distancias, por caminos muy malos y con elevados pagos alcabalatorios. Estos productos eran la plata, algunos textiles y aguardientes; más importante aún eran las mercancías importadas, introducidas por Veracruz, y que llegaban a venderse en Chihuahua y aun más al norte. La satisfacción del mercado de productos importados se logró tanto por la liberalización del comercio exterior, que llegó a su máxima condición en 1789, como por el llamado comercio neutral que debió aceptar España en vista del bloqueo de sus puertos por parte de Inglaterra durante las guerras que sostuvieron estas dos naciones. Esta forma de comercio consistió en el permiso que la corona española dio a países no involucrados en el conflicto para que entraran y salieran de puertos novohispanos. La utilidad de esta medida era que el imprescindible azogue llegara al virreinato y que las autoridades metropolitanas pudieran hacer uso del dinero que generaba esta rica colonia. Este proceso funcionaba así: el rey de España pedía dinero prestado a un financiero, por ejemplo francés, y éste cobraba el préstamo en la tesorería de la Ciudad de México, donde se hallaban los recursos provenientes de los impuestos ordinarios, préstamos, donativos y, después del decreto de consolidación de vales reales, la iglesia, que había cobrado a los productores novohispanos para prestarle al rey. Por cierto, estos recursos acabaron en las arcas francesas de Napoleón Bonaparte, como resultado de un acuerdo que la monarquía española había suscrito con él (1803) para apoyarlo en sus campañas bélicas contra Inglaterra. Así, una parte importante del ahorro de los novohispanos financió un conflicto en el que poco tenían que ver los habitantes del virreinato.

Comercio intercontinental en la Nueva España, 1680-1740

Hacia el interior, Nueva España contaba con un mercado más dinámico. El Bajío y Michoacán continuaron abasteciendo a la minería y cada vez proporcionaban más manufacturas a centros urbanos del virreinato y las Antillas. Puebla abastecía de harinas a esta última región y si bien la competencia norteamericana acabó con este negocio con motivo del comercio neutral, su producción textil logró colocarse en Zacatecas, Sinaloa, Durango, Oaxaca y Guatemala.

El crecimiento demográfico y de la capital de la intendencia de Guadalajara la colocaron en un lugar muy importante de la economía novohispana; en el periodo se expandieron sus centros manufactureros y se intensificaron los intercambios mercantiles en los que participaban activamente las comunidades indígenas. El progreso de Guadalajara respondió en buena parte al impulso que le dio a su economía el Consulado de Comerciantes de esa ciudad creado en 1795. A diferencia del de México, esta corporación aplicó desde el principio formas más liberales de intercambio económico. Gracias a ello, la feria más grande de Nueva España, la de San Juan de los Lagos, abastecida principalmente por el consulado tapatío, se constituyó en el centro de abasto de zonas mineras y urbanas del lejano norte. Este último, particularmente el noroeste, experimentó un intenso crecimiento económico por el descubrimiento de nuevos yacimientos mineros.

Por otro lado, la economía de la intendencia de San Luis Potosí (que comprendía los estados actuales de San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y una porción de Texas) creció cada vez más por el aumento relativo de sus zonas urbanas, entre las que se hallaban Saltillo, Monterrey y varios poblados en la colonia de Nuevo Santander. Ante la falta de yacimientos mineros de importancia, exceptuando los del actual estado de San Luis Potosí, la economía de esta región mostró un crecimiento relativo por su especialización en la producción de bienes que le permitieron una mayor vinculación mercantil con el centro del virreinato; el caso más importante fue el de la ganadería y sus productos derivados, actividad para la cual la Ciudad de México, los valles centrales y el Bajío eran ya para fines de siglo un gran mercado. En caso similar se hallaba la porción norte de Oaxaca que abastecía de ganados y azúcar a los mercados centrales. En esta intendencia, particularmente en la zona de la Mixteca Alta, continuó la producción del tinte de grana cochinilla que se exportaba a otros países donde era cada vez más demandada; de ahí que en esta región no desapareciera el repartimiento de mercancías pues todavía era un negocio demasiado jugoso para obedecer el mandato real. Los valles alrededor de la ciudad de Oaxaca sostenían su economía mediante el abasto a esta última y el comercio con la zona del istmo, Chiapas y Guatemala. Yucatán recibió, a su vez, de parte de la corona un tratamiento distinto del resto de Nueva España; por ejemplo, le fue concedida la libertad comercial en 1770, creando en la provincia una especie de derecho para gozar de una situación especial, lo que produjo constantes problemas durante el siglo xix. Desde el puerto de Campeche, Yucatán se convirtió en abastecedor de productos regionales al resto del virreinato, Cuba y Nueva Orleans; su crecimiento demográfico lo obligó a importar productos de estas y otras regiones.

EL SENTIMIENTO NACIONALISTA NOVOHISPANO

El proceso de cambio en las estructuras de gobierno, las nuevas formas de educación, las instituciones culturales y la apertura —casi clandestina— al pensamiento europeo y norteamericano, así como las condiciones económicas, necesariamente implicaron una modificación en la forma de pensar de los novohispanos. Y cómo no iba a ser así si durante todo el periodo hubo una constante confrontación entre las cuestiones de política española y las necesidades interiores del virreinato. Al principio, antes de los noventa, se llevaron a cabo labores de todo tipo, por ejemplo, obras públicas y fundaciones de entidades culturales. Esta etapa termina cuando la corona teme que a Nueva España lleguen las ideas libertarias de la Revolución francesa. En el decenio de los noventa comienzan a marcarse las diferencias entre peninsulares y americanos y surge el recelo entre ambos. A pesar de los esfuerzos del gobierno, empiezan a utilizarse palabras como libertad, progreso, nación. Fueron tiempos de cambios en las formas de pensar de los novohispanos. Contra la idea en España de que en América no se hacía nada que valiera la pena, desde mediados de siglo en el virreinato se enaltecía en múltiples escritos la capacidad de sus habitantes para crear todo tipo de obras intelectuales.

El reformismo borbónico hizo mucho para acendrar el sentimiento criollo, pues en múltiples instituciones recién creadas (la Academia de Bellas Artes de San Carlos, el Tribunal y el Colegio de Minería, el Real Jardín Botánico) se designaba a peninsulares para su dirección mientras que a los criollos se les daba el oficio de ayudante. Igualmente, los altos cargos burocráticos fueron ocupados por peninsulares. En este caso, empero, se dieron alianzas entre, por ejemplo, intendentes y grupos locales económicamente poderosos; alianzas que surgieron cuando se trató de defender alguna situación de mando o privilegio económico. A la hora de la verdad, al inicio de la guerra de independencia, predominó en los burócratas su lealtad hacia las autoridades peninsulares.

Un elemento importante que explica el sentimiento nacionalista fue el comercio neutral que puso a los novohispanos en contacto con los extranjeros, lo que les permitió adquirir una mayor seguridad en sí mismos. El apuntalamiento de esta confianza la dio, curiosamente, uno de los virreyes más venales del periodo colonial, José de Iturrigaray, con la creación de las milicias provinciales (cuerpos militares formados por los habitantes de las provincias). Esta medida, orientada a la defensa de Nueva España con motivo de la guerra entre España e Inglaterra iniciada a fines de 1804, creó entre los novohispanos la conciencia del poder militar de la nación.

En estas condiciones, los últimos años borbónicos (1808-1809) fueron muy difíciles: entre muchos otros acontecimientos, el virreinato se descapitalizó y se intensificó el descontento con motivo de la sequía de esos mismo años. El decreto y aplicación de la consolidación tuvo efectos económicos, pero más grave fue la crisis de confianza que creó entre la población novohispana hacia los gobiernos virreinal y metropolitano. El primer aviso (1808) fue el intento frustrado de revolución liberal en Valladolid de Michoacán. El segundo (1810) marcó el comienzo de un fin muy largo y de consecuencias duraderas. Con todo y este final tan complicado, el periodo de las reformas borbónicas fue uno de auge económico y cultural que no se volvería a ver en los siguientes cien años.