CAPÍTULO 7

EL ÚLTIMO TRAMO, 1929-2015

Luis Aboites Aguilar

Durante los 71 años que cubre este último capítulo, la sociedad mexicana vivió grandes transformaciones, acaso tan profundas y radicales como las de los años que siguieron al arribo de los españoles en 1519. El más significativo fue sin duda el tránsito de una sociedad agraria a una sociedad urbana, fenómeno que tuvo lugar al tiempo que ocurría un extraordinario crecimiento de la población. Varios periodos de prosperidad económica hicieron que la industria y los servicios alcanzaran un peso cada vez mayor, relegando las actividades agrarias y mineras. Otro cambio fue de índole política. Los gobernantes lograron construir un arreglo político que hizo posible una estabilidad duradera. Un régimen autoritario, centrado en la figura del presidente de la república y en el partido oficial, recurrió a la negociación pero también a la represión para mantener su dominio. Al final del siglo, sin embargo, el crecimiento económico y el régimen autoritario entraron en franco proceso de debilitamiento. La sociedad crecientemente urbana y la estabilidad política se mantuvieron.

En estos siete decenios, acontecimientos y fenómenos mundiales afectaron a la sociedad mexicana en mayor medida que en siglos anteriores. La crisis económica de 1929, la segunda guerra mundial y las reformas de la década de 1980 que desmantelaron el Estado de bienestar son algunos de los episodios más influyentes. De distintas maneras los mexicanos padecieron, se beneficiaron, se adaptaron, resistieron o se aprovecharon de esos acontecimientos, pero poco pudieron hacer por influir en su desenvolvimiento.

Crisis mundial y reorganización política

La crisis del otoño de 1929 en la bolsa de valores de Nueva York arrastró buena parte del mundo a una depresión económica que tardó años en ser superada. Los precios de las mercancías y el comercio mundial descendieron de manera dramática. El cierre de empresas provocó el desempleo de millones de obreros y empleados en diversos países. En México la crisis se tradujo en una reducción de las exportaciones y de las importaciones, lo que afectó los ingresos del gobierno federal que dependían en gran medida del comercio exterior. El desempleo se hizo más notable en aquellos lugares con mayor vinculación al mercado mundial, como las áreas mineras del norte. El año de 1929 fue además muy seco. Por esa razón, la mayoría de la población mexicana, que aún vivía en el campo dedicada a actividades agropecuarias, enfrentó grandes dificultades.

Ante un mundo tan convulsionado, los gobiernos de México y de otros países se vieron obligados a buscar opciones dentro de sus propias fronteras. Si los productos mexicanos ya no podían venderse en el extranjero, no había más alternativa que colocarlos en el mercado interno. En ese mismo sentido, se dejó de pensar que la colonización extranjera y el arribo de los repatriados, es decir, los mexicanos que habían emigrado a Estados Unidos, resolverían lo que entonces se consideraba como un problema grave: la escasez de población. Contar con 16.5 millones de habitantes era visto como signo de debilidad y freno al progreso de la nación. Desde entonces el Estado tomó medidas para proteger a los productores nacionales de la competencia exterior mediante aranceles o impuestos a las importaciones, y para mejorar las condiciones de vida de la población, sobre todo en las ciudades.

La reorientación propiciada por la crisis de 1929 ayuda a entender el rumbo de la sociedad en este tramo del siglo xx, al menos hasta la década de 1970. Pero, a corto plazo, el impacto de la crisis mundial aceleró procesos internos, debilitó ciertos sectores y fortaleció otros. De eso hablaremos en seguida.

El año de 1929 también es importante por la situación política. El asesinato del presidente electo Álvaro Obregón en julio de 1928 había desatado fuertes tensiones entre grupos políticos y militares. También había propiciado un mayor encono en el conflicto armado con los cristeros y en el antagonismo del gobierno con la iglesia católica. Era indispensable buscar la estabilidad política del país. Un logro importante fueron los arreglos entre el gobierno y la jerarquía católica que pusieron fin, al menos formalmente, a la guerra cristera iniciada en 1926. Por otro lado, ante las divisiones suscitadas por la muerte de Obregón, los bandos políticos llegaron a un acuerdo para establecer reglas más o menos claras sobre la forma de dirimir diferencias y asegurar que los relevos en los cargos públicos, en particular en la presidencia de la república, se hicieran de manera pacífica. Así, a principios de marzo de 1929, en el momento en que varios militares obregonistas se levantaban en armas contra el gobierno federal, nacía en la ciudad de Querétaro el Partido Nacional Revolucionario (pnr). El pnr era una coalición de partidos y de grupos regionales que se reconocían como vencedores de la Revolución de 1910. Su primera prueba fueron las elecciones presidenciales de fines de 1929, cuando el candidato oficial, Pascual Ortiz Rubio, se impuso al que fuera primer secretario de Educación Pública en 1921-1924, el oaxaqueño José Vasconcelos, quien encabezó una fuerza electoral opositora con presencia en algunas ciudades.

Si bien el surgimiento del pnr guarda estrecha relación con el asesinato de Obregón, también debe verse como un episodio más del esfuerzo por formar un Estado fuerte. Como principal ingrediente, éste debía contar con un centro político capaz de ejercer autoridad plena sobre los diversos grupos sociales dispersos a lo largo del territorio nacional. El centro sería el gobierno federal, encabezado por el presidente de la república. Durante el siglo xix los grupos gobernantes habían fallado en la consecución de ese objetivo político. Si a lo largo del periodo porfiriano el gobierno federal había logrado acrecentar su fuerza, la Revolución de 1910 la había debilitado y fragmentado en gran medida. ¿Cómo construir un núcleo político fuerte, capaz de evitar rebeliones como la de Agua Prieta de 1920, la delahuertista de 1923-1924, la escobarista de 1929 y de inhibir el fortalecimiento de caudillos y caciques en las distintas regiones del país?

El pnr significó un avance significativo en la estabilización política de México. Pero esa función se hizo más clara cuando el pnr quedó bajo la influencia del general Calles, quien luego de dejar la presidencia en noviembre de 1928 se convirtió en el hombre fuerte del escenario político nacional, a tal grado que se le empezó a llamar “jefe máximo de la revolución”. Entre 1929 y 1935 Calles gozó de gran influencia, entraba y salía de los gabinetes presidenciales y participaba en la dirección del gobierno gracias a la lealtad de altos funcionarios, sus ligas con el ejército y por su papel como líder de hecho del pnr. En ese lapso hubo cuatro presidentes: el tamaulipeco Emilio Portes Gil, el michoacano Pascual Ortiz Rubio, el sonorense Abelardo L. Rodríguez y el también michoacano Lázaro Cárdenas. Un aspecto destacado de estos años es el esfuerzo legislativo encaminado a sustituir los códigos expedidos durante las últimas décadas del siglo xix, así como a reglamentar las disposiciones de la Constitución de 1917. Los códigos penal y civil para el Distrito Federal, la ley federal del trabajo, la ley de aguas y el código agrario son otros tantos ejemplos de tal esfuerzo.

En 1935 la figura de Calles entró en rápido declive. Conforme la etapa más grave de la crisis mundial quedaba atrás, con un gobierno económicamente más solvente, y en el marco de una creciente inconformidad de diversos grupos políticos y sectores populares por las posturas de los callistas (por ejemplo, su anticlericalismo y su oposición a huelgas y paros), el nuevo presidente de la república, el general Cárdenas, rompió con el jefe máximo en 1935; más tarde, en abril de 1936, lo obligó a abandonar el país. La intención de Cárdenas era convertir al ejecutivo federal en la pieza clave del escenario político. En cierto modo puede decirse que la fuerza que había logrado acumular el jefe máximo pasó a la presidencia de la república.

Para fortalecerse, el gobierno de Cárdenas tendió lazos con los grupos populares y sectores radicales, los comunistas entre ellos, pero también con grupos políticos y de las élites que se habían distanciado de Calles. Libre de tutelas, tomó medidas que muy pronto lo distinguieron de los gobiernos anteriores. El reparto de tierras se aceleró de manera notable y alcanzó áreas de alta productividad como La Laguna, en Durango y Coahuila; el valle del Yaqui, al sur de Sonora; el valle de Mexicali, en Baja California, y la zona henequenera de Yucatán.

La reforma agraria se había iniciado con el decreto del 6 de enero de 1915, que ofrecía restituir las tierras despojadas a los pueblos o bien dotarlos si carecían de ellas. El artículo 27 de la Constitución de 1917 impuso el dominio de la nación sobre el suelo y el subsuelo. Varias leyes posteriores reglamentaron la entrega de la tierra a los campesinos. La formación de ejidos, con sus respectivas dotaciones de terrenos, era facultad del presidente de la república. Mediante una resolución presidencial, un núcleo de campesinos de una localidad recibía tierras, aguas y bosques, recursos que no podían venderse ni hipotecarse, aunque sí heredarse. Los ejidos contaban con sus propias autoridades, lo que dividió y en ocasiones debilitó a las de los municipios. La reforma se radicalizó en 1934. El nuevo código agrario eliminó la prohibición que pesaba sobre los peones de las haciendas, a quienes las primeras normas habían excluido del derecho de dotación.

Durante los primeros años del gobierno cardenista, las dotaciones ejidales aumentaron tanto en cantidad como en calidad, pues incluían una mayor proporción de tierras irrigadas. Del mismo modo se incrementaron los montos de crédito rural otorgado por los bancos gubernamentales, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco Nacional de Crédito Ejidal. En algunos lugares el crédito sirvió para promover el colectivismo ejidal. De igual forma, se impulsó la educación socialista, aprobada mediante la reforma constitucional de octubre de 1934, con el propósito no sólo de desplazar toda doctrina religiosa sino de combatir el fanatismo y formar a la juventud con base en conocimientos exactos de la naturaleza y de la vida social. Maestros y alumnos también debían vincularse con la producción y con las organizaciones sociales. Numerosos maestros se convirtieron en promotores del proyecto cardenista, lo que provocó la reacción violenta de no pocos católicos y caciques. En el mundo cultural el radicalismo estaba a la orden del día. Intelectuales y artistas creaban organizaciones, se publicaban novelas de contenido nacionalista e indigenista, a la que vez que se combatía el avance del fascismo en Europa. Los muralistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, escritores como Mauricio Magdaleno y músicos como Silvestre Revueltas participaban activamente en esas movilizaciones. La Revolución mexicana pretendía igualarse o identificarse con la lucha proletaria. Pero la unanimidad no existía. Jorge Cuesta, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia, miembros de un grupo conocido como los Contemporáneos, mostraban su escepticismo y recelo con respecto a los radicales y por eso eran acusados de elitistas y europeizantes. Los profesores y estudiantes católicos, entre ellos Manuel Gómez Morin, controlaban la Universidad Nacional y buscaban mantenerla al margen de las orientaciones socialistas. La autonomía y la libertad de cátedra eran su bandera.

La política cardenista también se expresaba en el ámbito internacional. El gobierno de Cárdenas mantuvo un apoyo firme a la República española contra las fuerzas conservadoras encabezadas por Francisco Franco, apoyadas a su vez por Adolfo Hitler y Benito Mussolini. Durante la guerra civil española y a su término, México acogió a miles de refugiados, incluidos los huérfanos que más tarde fueron conocidos como los “niños de Morelia”.

En el contexto de movilizaciones de obreros y campesinos en buena parte del territorio, nació la Confederación de Trabajadores de México (ctm) en 1936, cuya ideología reivindicaba la lucha de clases. Su dirigente, Vicente Lombardo Toledano, se convirtió en un cercano aliado del gobierno cardenista. Dos años más tarde nació la Confederación Nacional Campesina (cnc), con el profesor Graciano Sánchez a la cabeza. La intención de Cárdenas era organizar a las clases trabajadoras y vincularlas con el gobierno para que sirvieran de respaldo y contrapeso frente a las presiones de otros grupos, por ejemplo los empresarios de Monterrey, y de otros países, especialmente Estados Unidos. Para afianzar estos cambios, en 1938 se optó por desaparecer el pnr y hacer surgir una nueva criatura, el Partido de la Revolución Mexicana (prm). La principal diferencia entre ambos era que el nuevo partido no estaba formado por grupos y partidos regionales sino por cuatro sectores: obrero, campesino, popular y militar. En este esquema corporativo el presidente de la república reafirmó su papel de líder de la organización partidaria, encargada de mediar entre los distintos grupos políticos. Más que en las elecciones, la competencia por el poder y las diferencias se ventilaban y resolvían dentro del partido oficial.

No todo era política. También había preocupación por la economía. En 1937 se reorganizó la Comisión Federal de Electricidad (cfe), creada desde 1933, con el propósito de hacer frente a la creciente demanda de energía que las compañías eléctricas extranjeras no parecían interesadas en atender. En 1937 el gobierno federal inició la construcción de tres grandes presas: La Angostura en Sonora, Palmito en Durango y El Azúcar o Marte R. Gómez en Tamaulipas. El propósito de esas magnas obras era ampliar la superficie irrigada en el norte del país. Frente a la Universidad Nacional, que había ganado su autonomía en 1929 y que impugnaba las políticas gubernamentales, creó el Instituto Politécnico Nacional (ipn) también en 1937, para diversificar la formación de cuadros técnicos que requería la industrialización y la expansión de la obra pública. El gobierno promovió también la construcción de infraestructura urbana (agua potable, alcantarillado, mercados), con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de varias ciudades.

A fines de 1937 y principios de 1938, el gobierno cardenista se vio sometido a una dura prueba. Las compañías petroleras extranjeras desafiaron abiertamente al Estado mexicano al desatender un fallo de la Suprema Corte de Justicia que favorecía a los trabajadores. La respuesta del gobierno fue la expropiación petrolera, anunciada el 18 de marzo de 1938. La jerarquía católica, empresarios, obreros, campesinos, intelectuales y artistas respaldaron la audaz decisión del presidente Cárdenas. Fue entonces cuando la idea de nación cobró gran vigor, quizá como nunca antes en la historia del país. A pesar de los esfuerzos de las compañías extranjeras por sabotearla, la industria petrolera nacional salió bien librada gracias a los obreros y técnicos mexicanos y también, hay que decirlo, gracias al escaso apoyo que aquellas compañías recibieron del gobierno norteamericano, cuya máxima preocupación era el inminente estallido de la guerra mundial. Pocos meses después de la expropiación nació la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya fragilidad inicial obligó al gobierno a subsidiarla de distintas maneras.

El radicalismo cardenista dividió al país. En 1939, bajo la dirección del abogado Manuel Gómez Morin, nació el Partido Acción Nacional (pan), cuya intención era enfrentar lo que se consideraban excesos socializantes y colectivistas del cardenismo, así como impulsar un modelo de sociedad que se alejara por igual de los ideales socialistas y liberales. Grupos católicos y conservadores veían con recelo la educación socialista. No pocos terratenientes afectados o amenazados por la reforma agraria se sumaron a las filas de inconformes. Pero también grupos populares, como los sinarquistas, de gran presencia en áreas rurales del centro del país como el Bajío, participaban de esa inconformidad. A esta oposición interna debía sumarse la de los intereses extranjeros afectados por la expropiación petrolera. El país realmente atravesaba momentos críticos. La amplia y heterogénea oposición al cardenismo se sumó a la candidatura del general Juan Andrew Almazán, quien contendería en las elecciones presidenciales de julio de 1940.

Ante ese escenario, el presidente Cárdenas y el partido oficial apoyaron al poblano Manuel Ávila Camacho como candidato a la presidencia. Éste era un general de pocas luces militares que distaba de compartir el radicalismo cardenista. En una jornada electoral sumamente disputada, en vista de la popularidad del candidato Almazán, Ávila Camacho se impuso. A pesar de la violencia y las acusaciones de fraude electoral, Cárdenas logró entregar el cargo al candidato que había sido designado por el partido oficial, es decir, por la influencia directa del presidente de la república. Se estableció así uno de los mecanismos básicos del arreglo político del país en el siglo xx: el presidente de la república, por medio del partido oficial, designaba a su sucesor. Ávila Camacho gobernó de diciembre de 1940 a noviembre de 1946.

Estabilidad y crecimiento económico, 1940-1958

El nuevo presidente se apresuró a marcar distancia con su antecesor. Hizo un llamado a la reconciliación y a la unidad nacional. Ávila Camacho justificó esa actitud en vista del difícil entorno internacional. En septiembre de 1939 la invasión de las tropas alemanas a Polonia había desatado la Segunda Guerra Mundial. Al principio México se declaró neutral, pero esa postura se complicó cuando Estados Unidos, después del ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón. En mayo de 1942, luego de sufrir la pérdida de dos buques petroleros por los ataques de submarinos alemanes, México entró al conflicto sumándose a los aliados (Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética). Fue entonces cuando se impuso el servicio militar obligatorio.

A diferencia de los países que sufrieron en carne propia los efectos de la guerra, la Unión Soviética en primerísimo lugar, el impacto en México fue más bien favorable. Por un lado, la economía recibió un fuerte estímulo por los flujos de capital del exterior y por la posibilidad de emprender nuevos negocios. Los esfuerzos industrializadores de la década de 1930 se vieron fortalecidos por la alta demanda interna y externa. Se vivía una verdadera euforia entre algunos grupos privados. Si a causa de la guerra era difícil adquirir productos extranjeros, empresarios y autoridades gubernamentales unieron esfuerzos para fabricarlos en el país. Esa estrategia de industrialización, conocida como sustitución de importaciones, fue reforzada más adelante con aranceles o impuestos a la importación que protegían a los productores nacionales de la competencia internacional.

Por otro lado, la guerra mundial obligó al gobierno norteamericano a mejorar las relaciones con sus vecinos latinoamericanos. En ese contexto México y Estados Unidos alcanzaron varios acuerdos, al menos en materia de deuda, comercio, braceros, aguas, asistencia técnica y por supuesto en la cuestión petrolera derivada de la expropiación de 1938. Cabe destacar la resolución de la deuda: México logró un acuerdo que significó una reducción de 90% de los adeudos con Estados Unidos. Si al auge económico se suma la moderación del rumbo gubernamental, por ejemplo, la eliminación de la educación socialista y el acercamiento con Estados Unidos, podemos entender la manera en que se limaron los antagonismos de los últimos años del gobierno de Cárdenas.

En 1943 fue creado el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), una institución de gran importancia en la vida social y económica del país. Expresaba el interés gubernamental por modernizar las relaciones laborales, repartiendo el costo de la seguridad social tanto entre los obreros y el gobierno como entre los patrones.

El imss se sumaba así a Pemex, a la cfe y a los bancos agrícolas y otras instituciones gubernamentales como Nacional Financiera, que mostraban que el gasto público era indispensable para impulsar la economía. En este terreno no había rupturas. A pesar de las diferencias entre Ávila Camacho y Cárdenas, y las de éste con el jefe máximo, se aprecia una continuidad en torno a la idea de que el dinero público debía desempeñar un papel fundamental en el rumbo económico. Esa idea no era exclusiva de México. En numerosos países se había optado por acrecentar el papel del gasto público para superar la gran depresión mundial de la década de 1930. En esa estrategia se seguían muy de cerca las propuestas del economista inglés John M. Keynes, que dieron lugar al surgimiento del Estado de bienestar. A diferencia de los países involucrados intensamente en la guerra, en México el gasto militar disminuyó de manera considerable. Por ello, las inversiones en carreteras, presas, electricidad, hospitales, escuelas y servicios públicos pudieron crecer año tras año.

En este sentido destaca la atención que el gobierno dio al sureste del país. El diagnóstico gubernamental hacía hincapié en que se trataba de una zona rica en recursos naturales pero atrasada en términos sociales. El objetivo era explotar esa riqueza no sólo para superar el atraso local sino para apuntalar la economía nacional. Por medio de las comisiones del Papaloapan y del Grijalva creadas, respectivamente, en 1947 y 1951, el gobierno federal inició un amplio programa de inversiones destinado a la construcción de hidroeléctricas, obras de control de avenidas y drenaje, desmonte de tierras boscosas o de selva para extender la agricultura y la ganadería, carreteras, escuelas, hospitales. También se creyó que el sureste podía aliviar la sobrepoblación en algunas zonas del centro del país e incluso del norte, como La Laguna. Varios proyectos de colonización se pusieron en marcha, sin mayores resultados.

La Segunda Guerra es un parteaguas en la historia del siglo xx. Consolidó el lugar de Estados Unidos como gran potencia mundial, aunque enfrentada a otra gran potencia, la Unión Soviética. En México, las secuelas económicas de esa conflagración ratificaron la preferencia gubernamental, la de los principales intereses económicos y la de la opinión pública por la industria y las ciudades; la idea de un país agrario quedó relegada. Además, sentó las bases para un largo periodo de crecimiento económico que, no obstante las devaluaciones del peso de 1948 y 1954, se sostuvo hasta finales de la década de 1960. En esos años prósperos se consolidó el arreglo político basado en un gobierno central o federal de gran poderío. Veamos estos tres aspectos con mayor detalle.

Industrializar el país se convirtió en la gran prioridad gubernamental. Se consideraba que la modernización de México dependía de la multiplicación de fábricas, técnicos y obreros. Había la convicción de que las innovaciones tecnológicas permitirían índices más altos de productividad del trabajo, lo que a su vez posibilitaría mayores ganancias para los empresarios, mejores salarios para los obreros y más impuestos para la hacienda pública. La apuesta por el mercado interno como motor de la economía, que ya se había expresado desde la década de 1930, quedó ratificada.

El gobierno apoyó a los industriales con otras medidas. Una de ellas fue el control de la inconformidad obrera por medio de sindicatos y líderes oficialistas, mejor conocidos como “charros”. A cambio del sometimiento de los trabajadores, los líderes sindicales recibieron privilegios y cargos públicos o de representación popular bajo la bandera del partido oficial. La caída de Lombardo Toledano como líder de la ctm en 1941 fue indicio de la rápida subordinación de las centrales obreras al Estado. La lucha de clases fue sustituida por la unidad nacional. El nuevo líder, Fidel Velázquez, se mantuvo al frente de la ctm hasta su muerte en 1997. Representó mejor que nadie el control gubernamental sobre la clase obrera. Otra forma de favorecer la industrialización fue mediante la regulación de los precios de los alimentos en las ciudades. Para tal fin se crearon varias instituciones, como el Comité Regulador del Mercado de las Subsistencias en 1938, la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, en 1949, y más tarde, en 1961, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).

Un aspecto muy ligado a la industrialización era la urbanización. El gobierno y en general los sectores sociales más influyentes de la opinión pública estaban convencidos de que el futuro de la nación residía ya no en el campo sino en las ciudades en donde se hallaban las nuevas industrias. Además, por la concentración de la población en un pequeño espacio geográfico, era más sencillo dotarla de los modernos servicios públicos, como alumbrado, agua potable y alcantarillado, transporte, educación y salud. Tres áreas urbanas fueron las más beneficiadas con este proceso: la zona metropolitana de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. En 1965 entre las tres aportaban 69% de la producción industrial. La geografía económica del país se reorganizaba. Era notable el ascenso del norte y el declive de algunas entidades ricas de antaño, como Hidalgo, Puebla y Yucatán.

Las actividades agrarias debían subordinarse a la meta industrializadora. Si bien es cierto que un alto porcentaje del gasto público se invirtió en el desarrollo rural, sobre todo en la década de 1940, el propósito era aumentar la producción y la productividad agraria para sostener una población urbana que crecía a tasas significativas. Los distritos de riego, en especial los del norte del país, debían producir mercancías para la exportación (como el algodón) con el fin de obtener divisas destinadas a la compra de maquinaria e insumos industriales. A pesar de la sequía de 1949-1958 en el norte y occidente del país, el campo logró mantener un alto ritmo de crecimiento, a tal grado que en la década de 1960 casi se logró la autosuficiencia alimentaria.

En estos años de crecimiento económico y de expansión del gasto público la población aumentó de manera impresionante, sobre todo entre 1930 y 1970. De hecho, se trata de uno de los principales rasgos del siglo xx. En esos cuarenta años la población se triplicó, lo que contrasta con el comportamiento de ésta en el siglo xix: de la independencia a la revolución el número de mexicanos apenas alcanzó a duplicarse. Conforme avanzó el siglo xx, el ritmo de crecimiento demográfico aumentó: de una tasa de 1.72% anual en la década de 1930 pasó a 3.28% en la década de 1960. Para mayor claridad, baste decir que con la primera tasa se requerían poco más de 40 años para duplicar la población; con la segunda, la de 1960, sólo se necesitaban 22 años. En buena medida, el aumento obedecía a la disminución sensible de la mortalidad infantil, logro que se explica a su vez por el control de enfermedades infecciosas y parasitarias. La mejora en los servicios de salud, agua potable y alcantarillado, las campañas de vacunación y la aparición de la penicilina son otros tantos factores que influyeron en el crecimiento poblacional. De hecho, en términos de una perspectiva amplia, el aumento de la población durante el siglo xx constituye el segundo gran episodio demográfico de la historia de México: el primero fue la catástrofe de la población nativa durante las primeras décadas del periodo colonial.

Después de 1940, además, la población se movilizó quizá como nunca antes en la historia del país, sobre todo del campo a la ciudad. Las localidades urbanas ofrecían mejores salarios y servicios públicos. Ya para 1960, según el censo de ese año, la mayor parte de los mexicanos vivía en las ciudades (en localidades mayores de 2 500 habitantes). Ello era un indicador del cambio social que ocurría en el país y en casi todo el mundo por esas mismas fechas. La humanidad dejaba atrás el ámbito agrario. Entre 1930 y 1970 la población mexicana en general creció a tasas muy altas, pero la de las ciudades creció a un ritmo mucho mayor.

La Ciudad de México muestra bien esta historia de urbanización. Su población, que rondaba el millón de habitantes en 1930, creció seis veces en los siguientes 40 años. El agua potable llevada a la capital desde el Alto Lerma, vialidades como el viaducto Miguel Alemán y el periférico, el Metro y el drenaje profundo iniciados en la década de 1960 hicieron posible semejante crecimiento. El negocio inmobiliario y de la construcción atrajo el interés de empresarios y políticos por igual. La inauguración de la Torre Latinoamericana en 1950 en el centro de la Ciudad de México es quizá uno de los símbolos más nítidos de este esfuerzo modernizador centrado en la urbanización.

En el marco de la expansión económica mundial de la posguerra, lo que algunos llaman la “época de oro del capitalismo”, la economía mexicana conoció años de prosperidad sostenida. Entre 1940 y 1970 la tasa de crecimiento anual del producto interno bruto superó 6%, un verdadero “milagro económico”, como se le denominó. A la vuelta de esos tres decenios destacaba el peso creciente de la industria y del sector servicios (comercio, bancos). La aportación de la agricultura a la economía era cada vez menor.

Un rasgo que vale la pena destacar es que el crecimiento económico se hizo en gran medida con recursos internos, es decir, sin recurrir a préstamos extranjeros. En 1959 la deuda pública externa era de apenas 649 millones de dólares. No obstante la estrechez de las finanzas públicas, ese crecimiento fue posible en buena medida por las inversiones gubernamentales en infraestructura, energía y comunicaciones. La inversión privada aumentó sobre la base de una economía fuertemente protegida de la competencia exterior.

A partir de 1958, y hasta 1970, la economía creció a altas tasas con estabilidad de precios o baja inflación. Es lo que se conoce como “desarrollo estabilizador”. En esos años un indicador primordial muestra un comportamiento positivo: el aumento de los salarios reales, es decir, que los salarios tenían un poder de compra cada vez mayor. Pero esos salarios al alza se limitaban a un sector minoritario de trabajadores, casi todos ubicados en las grandes ciudades y en las principales ramas de la industria; eran los mismos que se beneficiaban con los servicios del imss y de la educación pública, en constante expansión. No obstante su pequeño tamaño, es claro que ese sector logró grandes mejoras en sus condiciones de vida y dio paso a un fenómeno que ayuda a entender la estabilidad política en estos años: la movilidad social. Gracias a la educación pública gratuita, no era raro que un obrero tuviera hijos universitarios y profesionistas, pero también casa propia, seguridad social y fondos de jubilación. Igual cosa puede decirse de los burócratas federales. En 1925 se creó la Dirección de Pensiones que, en 1959, se transformó en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (issste).

En 1946 el prm fue sustituido por el Partido Revolucionario Institucional (pri). Una de las principales diferencias entre uno y otro fue la confirmación de una medida tomada por el presidente Ávila Camacho desde diciembre de 1940: la desaparición del sector militar. Tal medida era una prueba más de la estabilización del régimen político. El desplazamiento de los militares, y su subordinación plena al presidente de la república, se convirtió así en otro rasgo peculiar del arreglo político del país. La primera elección presidencial del nuevo partido fue en 1946, en la que resultó triunfador el candidato oficial, el veracruzano Miguel Alemán, el primero en años que no provenía de las filas del ejército y que tampoco había participado en la Revolución de 1910. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alemán pertenecía a una nueva generación de políticos y dirigentes. El candidato opositor, el guerrerense Ezequiel Padilla, no gozaba ni de lejos de las simpatías que Almazán tuvo en 1940. El poder político estaba copado por aquellos que se decían herederos de los vencedores de la revolución, la así llamada “familia revolucionaria”.

Alemán se dedicó con afán a promover la industrialización y a propiciar el crecimiento empresarial, del que no fueron ajenos ni él ni algunos de sus colaboradores y amigos. La compañía constructora Ingenieros Civiles Asociados, que no tardaría en convertirse en ejemplo del nuevo empresariado mexicano, nació precisamente en ese periodo, con Bernardo Quintana a la cabeza. Otro empresario destacado, que aprovechó la innovación que significaba la televisión, fue Emilio Azcárraga. La fortuna de este último creció conforme la televisión se convirtió en un medio de comunicación de alcance masivo, capaz de reorganizar la vida de los hogares, de imponer ideas en torno al ocio y modos de pensar, hablar y consumir. El fenómeno urbano, la televisión, las facilidades para la transportación aérea y la comunicación telefónica, junto con la cada vez más clara moderación gubernamental, nutrieron las ideas de intelectuales y artistas. En 1949 Octavio Paz publicó El laberinto de la soledad, un esfuerzo encaminado a buscar la peculiaridad mexicana. A contracorriente del auge de la vida citadina, en 1953 y 1955 Juan Rulfo dio a conocer sus dos magnas obras, El llano en llamas y Pedro Páramo, que mostraban el mundo provinciano, rural. En 1958 Carlos Fuentes sorprendió con su novela La región más transparente, un fino retrato de la vida de la Ciudad de México. El radicalismo había quedado atrás. Artistas como Rufino Tamayo, enfrentado al muralismo, adquirieron una mayor presencia. La apertura a nuevos estilos y formas, provenientes por igual de Estados Unidos y Europa, así como de otros países latinoamericanos, se tradujeron en una diversificación de contenidos. El cine con temas urbanos (cabareteras, pobres, enmascarados, jóvenes universitarios) reflejaba bien el cambio que vivía el país, o al menos algunas de sus ciudades.

En este periodo se avanzó sustancialmente en la centralización política. Para las elecciones de 1946 se estrenó una legislación electoral que por primera vez dejaba en manos del gobierno federal el manejo de este delicado proceso ciudadano. Hasta entonces las elecciones habían sido organizadas por las autoridades locales. En 1946 también nació la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que reforzaba la centralización de la administración del agua. En 1948 se creó el impuesto sobre ingresos mercantiles con el propósito de establecer un solo impuesto federal en ese ramo en todo el país.

Estos datos hablan de la consolidación de un arreglo político en el que cada vez destacaban más el peso del gobierno federal y la figura del presidente de la república. Los otros poderes de la Unión, el legislativo y el judicial, se veían crecientemente debilitados. Además, la guerra mundial había propiciado un fenómeno que si bien venía de tiempo atrás, alcanzó una escala mucho más notable en estos años. Se trata de la concentración de las rentas públicas en manos federales y el consecuente debilitamiento de las finanzas de estados y municipios. Aunque en buena medida esa concentración responde a mejores recaudaciones de gravámenes federales (impuesto sobre la renta), también obedece al despojo de fuentes tributarias de estados y municipios que el gobierno federal había realizado alegando la necesidad de uniformar y modernizar el sistema tributario. Es el caso del petróleo en 1922, la minería en 1926, la electricidad en 1933 y otros más en los años siguientes. Como resultado, el gobierno federal tenía cada vez más recursos y ciertamente más obligaciones que los estados y municipios. La paulatina pero sostenida federalización educativa, entendida a la vieja usanza como expansión del gobierno federal, muestra ese reacomodo entre el centro federal, los estados y los municipios. En los estados se vivió un fenómeno equivalente: se despojó a los municipios de las principales fuentes tributarias. En términos generales, los municipios eran mucho más pobres en 1950 que en 1910.

Sin embargo, había indicios de que ni el presidente de la república ni el gobierno las tenían todas consigo. Este aspecto debe investigarse mucho más, pero puede decirse que al menos en materia fiscal e hidráulica la autoridad federal enfrentaba límites y claros desacatos. Por ejemplo, la intención federal de generalizar el impuesto sobre ingresos mercantiles se encontró con la oposición de los estados más ricos (Veracruz, Baja California, Nuevo León, Jalisco, México, entre otros). El sucesor de Miguel Alemán, el también veracruzano Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), hizo repetidos esfuerzos para quebrar esa oposición sin mayor éxito. En materia hidráulica, grandes empresarios, como los agricultores de la Costa de Hermosillo, jamás obedecieron la disposición federal de instalar medidores en sus pozos para saber cuánta agua extraían del subsuelo. En Monterrey, los industriales organizaron su propio sistema de abasto de agua subterránea que no controlaba nadie más que ellos. La ciudad podía padecer grave escasez de agua, pero la industria seguía viento en popa. Se podrá decir que esos indicios son escasos y que no alcanzan a desmentir las interpretaciones más comunes sobre el gran poder del presidente de la república. Quizá sea verdad, pero también es cierto que esta clase de fenómenos se ha estudiado muy poco. ¿Por qué decía un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda, en 1972, que antes de ese año era impensable una reunión con todos los tesoreros de los estados?

Desajustes y la respuesta estatista, 1958-1982

Crecimiento económico y estabilidad política eran los signos más destacados del país en estos años. Al gobierno del mexiquense Adolfo López Mateos (1958-1964) le correspondió organizar en 1960 los festejos del 50 aniversario de la Revolución de 1910. La clase gobernante se mostraba orgullosa de sus logros en la conducción de la nación. Podían presumir de avances en materia de salud, educación e infraestructura, y de fortalecimiento de la ciudadanía gracias al otorgamiento del derecho al voto a las mujeres en 1953. En el tema de salud, por ejemplo, la mortalidad infantil se había reducido de manera drástica, de 27 a 12 por cada mil habitantes. Ya no era tan común como antes que las familias perdieran hijos. Los asegurados del imss sumaban cuatro millones y el issste daba cobertura a otros 500 000. El analfabetismo se había reducido de 62% en 1930 a 45% en 1960. La superficie irrigada gracias a inversiones del Estado sumaba 1.4 millones de hectáreas. Desde 1950 podía recorrerse el territorio nacional por vía terrestre, de la frontera con Guatemala, en Chiapas, a Ciudad Juárez, Chihuahua. La producción de petróleo casi se había triplicado desde 1938 y la generación de energía era siete veces mayor que en 1930. La agricultura y la industria mostraban también aumentos considerables. Para mejorar la oferta eléctrica y dar paso al sistema nacional interconectado, en 1960 el presidente López Mateos resolvió adquirir las empresas eléctricas extranjeras. En fin, de diversas maneras los gobernantes creían rendir buenas cuentas de su gestión al frente de los gobiernos revolucionarios, como se llamaban a sí mismos una y otra vez. López Mateos se daba el lujo de declararse de “extrema izquierda” dentro de la ideología de la Revolución mexicana. Esas declaraciones, y medidas como la adquisición de la industria eléctrica y la aparición de los libros de texto gratuito inquietaron a los empresarios. Temían una expansión estatal que redujera su campo de acción e influencia.

A los gobernantes no les faltaba razón. Si se mira con cuidado, el país se había transformado notablemente desde 1930. Al crecimiento de la población y a la rápida migración hacia las ciudades, se sumaba el desarrollo de una amplia clase media urbana cuyas dimensiones no tenían precedente en la historia del país. Su expansión obedecía al aumento de empleados y funcionarios de empresas privadas, de burócratas, profesionistas independientes y pequeños empresarios. Esa clase media se nutrió de la prosperidad económica, del gasto público en salud, educación e infraestructura y, en general, del conjunto de políticas, ideas y valores que asociaban el crecimiento del país a la ampliación del mercado interno. Un indicador grueso pero quizá elocuente de esta dinámica social es el incremento de casi 15 veces en el número de alumnos de las universidades del país: de 23 000 en 1930 a 335 000 en 1970. Obras como la Ciudad Universitaria, inaugurada en 1952, o el enorme fraccionamiento de Ciudad Satélite, junto al Distrito Federal, iniciado en 1953, o la apertura de grandes tiendas departamentales, eran otros tantos componentes de la expansión urbana. Otro indicador que ilustra este movimiento económico pero también social y cultural es el aumento de 19 veces del número de automóviles entre 1930 y 1970: de 63 000 a 1 200 000. Los usuarios de teléfonos se multiplicaron casi por diez entre 1940 y 1970: de 88 000 a 859 000. Estos números son meros indicios de los cambios en la vida cotidiana de las ciudades. A ello habría que sumar las lavadoras, refrigeradores, radios, tocadiscos, televisores, máquinas de coser que impusieron nuevas rutinas en los hogares. Nuevos patrones de consumo, nuevas percepciones, nuevas prácticas laborales y formas de ocio y diversión, así como la creación de expectativas de ascenso social gracias a la educación o bien al empeño y a la disciplina familiar con vocación empresarial, contribuían a configurar una sociedad menos provinciana y agraria. Una sociedad más cosmopolita y urbana tomaba su lugar.

En esa febril transformación social había sectores inconformes. El crecimiento económico beneficiaba sólo a una parte de la población, principalmente la de las ciudades, mientras que en el campo mostraba rezagos. A la vez que se expandía la clase media, en las ciudades empezaron a formarse enormes cinturones de migrantes pobres. La desigualdad era por ello un componente esencial de la realidad nacional. Un cálculo de la distribución del ingreso entre 1950 y 1963 daba resultados alarmantes: 10% de la población más rica concentraba casi la mitad de la riqueza nacional.

Las inconformidades de obreros y campesinos habían sido resueltas a veces por medio de concesiones y negociaciones y a veces por medio de la violencia. En 1951, por ejemplo, se había ignorado una penosa “Caravana del hambre” de miles de mineros y sus familias, quienes caminaron 1 400 kilómetros desde Nueva Rosita, Coahuila, hasta la capital del país. Protestaban por el maltrato laboral de la empresa estadounidense American Smelting and Refining Company. En 1958 telegrafistas, petroleros y maestros sufrieron la represión y el encarcelamiento de algunos líderes. En Baja California, Chihuahua y San Luis Potosí tuvieron lugar movilizaciones político-electorales que mostraban un incipiente desgaste de los métodos autoritarios del partido oficial y en general del gobierno federal. En 1959 una gran huelga ferrocarrilera fue reprimida por el ejército; varios de sus dirigentes, entre ellos Demetrio Vallejo, fueron a dar a la cárcel acusados del delito de disolución social y allí permanecieron durante años. A tono con las ideas que predominaban en Estados Unidos y México en esos años por el enfrentamiento con la Unión Soviética (la llamada Guerra Fría), los ferrocarrileros fueron acusados de comunistas. En 1962 el ejército acribilló al líder campesino independiente Rubén Jaramillo y a su familia.

Este clima de gran inconformidad se vio alimentado por la Revolución cubana. Guerrilleros encabezados por Fidel Castro tomaron el poder en enero de 1959, derrocando al dictador Fulgencio Batista. La tensión con el gobierno estadounidense fue agravándose hasta que en 1961 Castro se declaró marxista-leninista. Esa experiencia revolucionaria nutrió los ideales de los inconformes y radicales mexicanos y en general de toda América Latina. En 1961 se creó en México el Movimiento de Liberación Nacional, encabezado por el ex presidente Cárdenas, que intentó aglutinar distintos sectores que disentían del rumbo de las políticas gubernamentales. Por otro lado, la iglesia católica, bajo el lema “Cristianismo sí, comunismo no”, organizó diversas manifestaciones públicas que tensaron aún más el ambiente político. En ese contexto los empresarios más ricos del país, no más de 30, crearon el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (cmhn), una organización que pronto ejercería gran influencia económica y política. Ese consejo se sumó a los organismos empresariales más antiguos, tales como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Asociación de Banqueros de México.

En una enrarecida atmósfera política y diplomática, el gobierno de Estados Unidos inició una campaña para contrarrestar las simpatías que despertaba la experiencia cubana en América Latina. Como expresión de la Guerra Fría, entre 1962 y 1964 presionó a los gobiernos latinoamericanos para aislar económica y diplomáticamente a Cuba. Pero en ese terreno México se negó a sumarse a la iniciativa estadounidense. Fue el único que se mantuvo firme en su postura independiente en la Organización de Estados Americanos. Eso le valió prestigio internacional. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense impulsó una “Alianza para el Progreso” encaminada a prevenir nuevos brotes insurreccionales en América Latina mediante diversas reformas sociales y políticas. En ese contexto se ubica la adopción en México del sistema de diputados de partido, que permitió el acceso al Congreso de la Unión de un reducido número de diputados opositores a partir de 1964.

El sucesor de López Mateos fue el poblano Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). Éste inició su gobierno enfrentando un movimiento de médicos internos y residentes del imss, del issste y de otras instituciones médicas. A este conflicto se sumó otro de distinto carácter. El 23 de septiembre de 1965 un pequeño grupo atacó el cuartel militar de Madera, Chihuahua. Aunque ese brote guerrillero fue rápidamente sofocado, marcó el inicio de un periodo de actividad de varios grupos armados que, influidos por la experiencia cubana, intentaron transformar el país por la vía violenta. La mayor parte de la población, argumentaban los guerrilleros, vivía en condiciones miserables por la explotación capitalista. Algunos operaban en las ciudades y otros, como los grupos encabezados por los maestros normalistas Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, lo hacían en el campo, en este caso en las montañas de Guerrero.

Pero sin duda el acontecimiento clave en los desajustes del arreglo político nacional fue el movimiento estudiantil de 1968, un año de grandes protestas de jóvenes en diversos lugares del mundo. Ese movimiento, y sobre todo su desenlace en la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, mostró la distancia entre una sociedad cada vez más urbana y diversa y un régimen político que imaginaba que su empeño modernizador jamás se tornaría en una amenaza o en un desafío a su autoridad. Ese episodio de represión reveló un régimen político incapaz de negociar y arreglar un conflicto que había comenzado como un simple pleito entre estudiantes. El presidente Díaz Ordaz creía ver una conspiración comunista que amenazaba la estabilidad nacional. Conforme se acercaba el inicio de los XIX Juegos Olímpicos, que serían inaugurados en la Ciudad de México el 12 de octubre de ese mismo año, la situación se fue complicando. En septiembre el ejército ocupó y desocupó las instalaciones de la unam, así como las del ipn. El desenlace llegó en la tarde del 2 de octubre. En una trama que apenas empieza a desentrañarse, los estudiantes reunidos en la plaza de Tlatelolco fueron atacados por soldados del ejército. Ahora se sabe que la tropa respondía a una provocación de francotiradores situados en lugares estratégicos, siguiendo instrucciones de altos funcionarios gubernamentales. Decenas murieron y centenares más fueron recluidos en el penal de Lecumberri, entre ellos el escritor José Revueltas y el ingeniero Heberto Castillo. Esos presos políticos se sumaron a los de la huelga ferrocarrilera de 1959 y del movimiento médico de 1965. En protesta por la matanza, el poeta Octavio Paz (quien años después, en 1990 obtendría el Premio Nobel de Literatura) renunció al cargo de embajador mexicano en India.

Después de 1968 fue evidente que el régimen político era cada vez más incapaz de encabezar a una sociedad urbanizada, plural, ilustrada y, sobre todo, inconforme y carente de medios para expresar sus puntos de vista. Esto último se relacionaba con uno de los rasgos más evidentes de la vida política: el férreo control gubernamental sobre los medios de comunicación tanto impresos como televisivos. La figura del periodista Jacobo Zabludowsky, conductor del noticiero televisivo más influyente durante décadas, es ilustrativa de ese control informativo. Otro episodio de represión de estudiantes, ocurrido el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México, ratificó la distancia entre opositores e inconformes y el Estado surgido de la Revolución de 1910.

El Estado mexicano hizo esfuerzos para recuperar terreno mediante distintas estrategias. Sin embargo, un acontecimiento clave de la historia del siglo xx dificultó esa tarea. Se trata del fin de la época de oro de la posguerra, lo que se expresó en una disminución en el ritmo de crecimiento de la economía mundial. El año de 1973 es considerado precisamente como el fin de la era de la posguerra y el inicio de una época de crisis generalizada.

En México, durante los mandatos de los presidentes Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982), ambos oriundos de la capital, el gobierno intentó atraer a los grupos inconformes por medio de amnistías, apertura de nuevos centros de educación superior (como la Universidad Autónoma Metropolitana en 1974) y de mecanismos de apoyo a la clase trabajadora (como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, creado en 1972), así como mediante reformas electorales y discursos altisonantes relativos a la apertura democrática y al nacionalismo. Destaca también el esfuerzo por estrechar relaciones con diversos grupos de intelectuales y artistas, por ejemplo mediante inversiones en la industria cinematográfica. “O Echeverría o el fascismo”, llegó a decir un escritor cercano al régimen. Sin embargo, este esfuerzo gubernamental distó de ser exitoso. Veamos por qué.

Por principio de cuentas el crecimiento económico comenzó a reducirse. Era síntoma del agotamiento de un modelo de desarrollo basado, desde la década de 1930 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en la industrialización por la vía de la sustitución de importaciones. La caída en la producción de alimentos y en la generación de divisas mostraba un sector agropecuario exhausto e incapaz de respaldar la industrialización. Cada vez era mayor la diferencia entre lo que exportaba el país y lo que importaba. Es lo que se llama déficit de la balanza comercial. Por otro lado, el ahorro interno ya no era suficiente para financiar la expansión económica. Comparado con otros países, el Estado mexicano era muy pobre. Como los empresarios tampoco se mostraban interesados en arriesgar sus capitales, la situación fue tornándose cada vez más grave. Aunque el presidente Echeverría intentó hacer una reforma fiscal para recaudar más impuestos, los empresarios se opusieron de manera rotunda. Ante ese fracaso, otro indicio de la debilidad presidencial, el gobierno mexicano decidió pedir préstamos externos para mantener e incluso elevar el gasto público. El déficit de las finanzas públicas, o la diferencia entre ingresos y egresos, no dejaba de aumentar. Así comenzó a acumularse una carga que pesaría sobre las generaciones siguientes.

El 17 de septiembre de 1973 el poderoso empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, dueño de la Cervecería Cuauhtémoc y fundador del Tecnológico de Monterrey en 1943, fue asesinado en un intento de secuestro por parte de guerrilleros de la Liga 23 de Septiembre. Durante el funeral, los deudos reclamaron con furia al presidente Echeverría. Ese acontecimiento fue una de las principales fuentes de tensión entre el gobierno y algunos sectores empresariales. Tal tensión se fue agravando en vista de las grandes dificultades económicas que enfrentaba el país. En ese contexto, en 1975 nació el Centro Coordinador Empresarial, formado por organizaciones de industriales, comerciantes, patrones, banqueros y por el influyente Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (cmhn).

Por su parte, sectores obreros, en especial los electricistas encabezados por Rafael Galván, sostuvieron una tenaz lucha contra el control sindical de los líderes oficialistas. La inconformidad bullía en varios sectores obreros y campesinos. Era una época de activismo de grupos políticos de distintas tendencias, desde maoístas hasta católicos vinculados a la Teología de la Liberación, es decir, la corriente que reclamaba una opción por los pobres, sobre todo en América Latina. Además de estas dificultades había otra dimensión de la vida nacional que intentaba ser ocultada, la denominada “guerra sucia”, es decir, la represión ilegal de los movimientos armados que se prolongó a lo largo de la década de 1970. En ejercicio de un derecho legítimo de someter a aquellos que lo desafiaban por la vía armada, el gobierno recurrió sin embargo a torturas, desapariciones y asesinatos de decenas de militantes y al amedrentamiento de sus familias. Mientras se libraba esa guerra, el gobierno mexicano alardeaba con posturas progresistas y a favor del Tercer Mundo. Destaca el apoyo al gobierno del presidente chileno Salvador Allende y al de Cuba, y la acogida de miles de exiliados uruguayos, argentinos y chilenos, que escapaban de las dictaduras militares en sus países.

Expresión del mal manejo de la economía fue la inflación, desatada a partir de 1973. En buena medida era resultado de las dificultades del mercado mundial pero también de la emisión de dinero y del aumento del gasto público sin respaldo efectivo. Si en la década de 1960 los precios crecían menos de 5% al año, después de 1973 superaron el 20%. El repunte inflacionario propició la devaluación del peso en agosto de 1976. De 12.50 pesos por dólar, en que se había mantenido desde 1954, pasó a 20 pesos. Éste fue el inicio de una devaluación sostenida que hizo que el peso perdiera 760 veces su valor entre agosto de 1976 y noviembre de 2000 (de 12.50 a 9 500 pesos por dólar, si no quitamos los tres ceros que se eliminaron por decreto en 1993). Para superar la crisis de 1976, el gobierno de Echeverría se vio obligado a recurrir al Fondo Monetario Internacional. A cambio de préstamos, ese organismo exigió recortes severos al gasto público.

La suerte pareció sonreírle al gobierno y en general a los mexicanos cuando a principios de 1978 se anunció el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros en la Sonda de Campeche. México debía prepararse para administrar la abundancia, dijo el presidente López Portillo. Y con gran tesón, recurriendo a préstamos extranjeros, el gobierno mexicano hizo que Pemex elevara su capacidad productiva. Las cifras son espectaculares: por ejemplo, la exportación de crudo pasó de 94 000 barriles diarios en 1976 a 1.5 millones en 1982. En el sur de Veracruz, Tabasco y Campeche la presencia de Pemex se convirtió a la vez en polo de atracción y pesadilla. Altos salarios al lado de arbitrariedades laborales, gran demanda de vivienda en áreas urbanas sin infraestructura, daños al medio ambiente por la febril exigencia de divisas. Muy pronto la aportación petrolera se elevó hasta llegar a cubrir la tercera parte del presupuesto de egresos de la federación.

La experiencia anterior tenía que ver con otra secuela de la crisis mundial iniciada en 1973. El embargo impuesto por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep) en 1973 a Estados Unidos y otros países dio como resultado un notable incremento del precio del barril de petróleo, que pasó de menos de tres dólares en 1970 a más de 35 en 1981. La economía mundial se estremeció ante el aumento de los costos del transporte y de los insumos. Los miles de millones de dólares que obtuvieron los países petroleros se inyectaron al sistema financiero internacional, provocando una baja en las tasas de interés. Endeudarse era una opción atractiva.

Esta coyuntura mundial fue la que intentó aprovechar el gobierno mexicano para compensar su debilidad financiera y echar a andar el proyecto petrolero. En 1966 la deuda pública externa era de 1 900 millones de dólares, pero ya en 1982 era 30 veces mayor: 59 000 millones. A los funcionarios gubernamentales no les preocupaba, porque confiaban en un alza sostenida del precio del barril, quizá hasta 70 dólares. Todo podría pagarse.

El auge del gasto público de la década de 1970 se tradujo en varios indicadores positivos, por ejemplo una tasa de crecimiento mayor de 7% anual, un aumento sostenido de los salarios reales —al menos hasta 1976— y el mayor gasto en salud, educación e infraestructura desde 1929. A decir de los expertos, la desigualdad social y regional disminuyó de manera sensible o lo largo de la década.

Hay al menos dos cambios con efectos duraderos que se originaron en esta época. El primero se refiere a la adopción de una nueva política demográfica, basada en la planeación y el control de la natalidad. Había ya la certeza de que la economía era incapaz de incorporar a una población que crecía a ritmos cada vez mayores. El gobierno debía tomar cartas en el asunto. En marzo de 1974 fue creado el Consejo Nacional de Población (Conapo) con el propósito de aplicar medidas ncaminadas a reducir el crecimiento de la población. Esa iniciativa gubernamental, a pesar de la oposición de la iglesia católica, tuvo un claro efecto en la dinámica demográfica. La tasa de crecimiento disminuyó de manera notable en las décadas siguientes, de 3.6 a 2.6% entre 1970 y 1990.

El segundo cambio tuvo que ver con la política. Luego de que en las elecciones presidenciales de 1976 el candidato del pri había sido el único participante, el gobierno de López Portillo impulsó una reforma en 1977 para incorporar a la lucha partidaria a fuerzas políticas consideradas minoritarias, en particular las agrupaciones de izquierda. Mediante el sistema de representación proporcional, que estableció dos vías de elección de los diputados (uninominal y plurinominal), según el porcentaje de votos obtenidos por cada agrupación, partidos como el Comunista, el Mexicano de los Trabajadores y el Demócrata Mexicano (de origen sinarquista) se integraron a la vida electoral. Por primera vez hubo diputados comunistas en el congreso mexicano. Por su parte, el pan logró acrecentar el número de diputados federales. Aunque la reforma electoral de 1977 dejó intacta la subordinación del poder legislativo con respecto al ejecutivo federal, así como la hegemonía del pri, fue el primer episodio de un esfuerzo sostenido por modificar el sistema electoral y, más allá, el arreglo político general del país.

Sin embargo, estos logros quedaron opacados ante los graves acontecimientos económicos y políticos de 1981 y 1982. Veamos.

Por lo pronto el cálculo en torno al mercado petrolero falló por completo. Desde mayo de 1981 el precio del petróleo comenzó a disminuir, al tiempo que se elevaban las tasas de interés. Con menos ingresos y con mayores gastos por los intereses de la deuda, la situación de las finanzas públicas se hizo insostenible. En agosto de 1982 el secretario de Hacienda reconoció la quiebra de la economía mexicana y anunció la suspensión de pagos a los acreedores extranjeros. Los especuladores pero también pequeños ahorradores que buscaban proteger su patrimonio sacaron del país grandes cantidades de dólares y elevaron el precio de esa moneda de 26 a 70 pesos. La inflación casi llegó a 100%. En ese contexto crítico, el 1 de septiembre de 1982 el presidente de la república anunció la expropiación de la banca. Algunos aplaudieron, pero la medida distó de atraer el apoyo generalizado de la población. Al contrario, la desconfianza con respecto al grupo gobernante era inocultable.

Movilización ciudadana y cambio político, 1982-2000

La elección de Margaret Thatcher como primera ministra de Gran Bretaña en 1979 y de Ronald Reagan para la presidencia de Estados Unidos en 1980 se considera el inicio de la reacción conservadora ante la crisis mundial de 1973. Reducir el gasto público y afianzar la actividad de la empresa privada eran dos de los argumentos de esta nueva postura que renegaba de las propuestas de Keynes y del Estado de bienestar. El lugar de Keynes lo ocupaban ahora economistas que consideraban que los males de la economía residían, a final de cuentas, en el gasto público excesivo. Al mismo tiempo, se endurecía la confrontación con la Unión Soviética favoreciendo una estrategia armamentista, sobre todo en Estados Unidos. El nuevo papa, designado a fines de 1978, se involucró de manera activa en este escenario mundial. En febrero de 1979 Juan Pablo II visitó México por primera vez. La algarabía popular fue desbordante.

Ante la crisis desatada al final del gobierno de López Portillo, justo cuando la computadora personal comenzaba a generalizarse en oficinas, empresas, hogares y escuelas, tuvo lugar un cambio drástico en la conducción gubernamental, que afectó con severidad a la mayor parte de la población. Esa tarea quedó a cargo del nuevo presidente, el colimense Miguel de la Madrid (1982-1988). A tono con las posturas de los gobiernos de Estados Unidos y de Gran Bretaña, y las condiciones impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para superar la crisis de 1982, el gasto y las inversiones públicas disminuyeron de modo significativo (por ejemplo, un tercio del gasto corriente en 1983) y se inició la venta de numerosas empresas paraestatales. Había que reducir a toda costa el déficit de las finanzas públicas. Ante el repunte inflacionario y las medidas de contención, los salarios cayeron vertiginosamente. Un problema antiguo asumió entonces modalidades dramáticas: el desempleo. Muchas familias comprendieron que tenían que vérselas por sí mismas. El resultado fue el crecimiento del autoempleo: cientos y luego miles de vendedores ambulantes se instalaron en banquetas, plazas, calles. En otras familias algunos varones decidieron emigrar a Estados Unidos de manera ilegal, arriesgando sus vidas. Otros optaron por protestar de distintas maneras, como los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, formada desde 1979 por maestros inconformes con el liderazgo oficialista y la caída de sus salarios. Otros más recurrieron a la opción electoral; empezaron a impugnar y a derrotar al pri en las elecciones municipales de localidades de cierto peso político, especialmente en el norte del país, como las capitales de los estados de Durango y Chihuahua y en la fronteriza Ciudad Juárez en 1983. Desde entonces se manifestó una creciente movilización de grupos sociales inconformes que ocupaban calles y plazas, bloqueaban carreteras y casetas de peaje, tomaban oficinas de gobierno y realizaban actos de boicot a televisoras, plantones, marchas y huelgas de hambre. No es que antes no hubiera ese tipo de actos de protesta, pero ahora ocurrían con mayor frecuencia y eran protagonizados no sólo por obreros y campesinos empobrecidos sino también por sectores empresariales y de la clase media urbana y agraria.

Los temblores del 19 y 20 de septiembre de 1985 sacudieron buena parte del centro-oeste del país. En la Ciudad de México los muertos se contaron por miles. La respuesta del gobierno fue débil y tardía. En cambio, la reacción de los vecinos fue masiva. El contraste entre la debilidad gubernamental y la fortaleza de la sociedad no pasó inadvertido. Parecía que el gobierno atribulado por la economía no tenía capacidad de maniobra. Esa misma impresión se tenía en otro terreno, porque las actividades del narcotráfico empezaron a volverse asunto más y más cotidiano. Durante las décadas de 1980 y 1990 ese negocio se extendió a causa del creciente consumo de mariguana, cocaína y otras sustancias enervantes en Estados Unidos. Este mercado hizo posible el fortalecimiento de alianzas entre productores colombianos, traficantes mexicanos y distribuidores norteamericanos. Sobornos a las autoridades encargadas de perseguir a los delincuentes, ajustes de cuentas, “lavado” de dinero proveniente de este negocio, captura de algunos capos como Rafael Caro Quintero y noticias sobre cargamentos incautados atrajeron la atención de la opinión pública. Otra dimensión fue el incremento desmedido de la delincuencia y de los secuestros en las ciudades e incluso los asaltos en las carreteras, tal como ocurría en el siglo xix.

Las graves dificultades económicas llevaron a los gobernantes y a algunos sectores empresariales a cuestionar la viabilidad del modelo de sustitución de importaciones como eje de la economía. Ese cuestionamiento se tradujo en una apertura paulatina al mercado mundial. La adhesión en 1986 al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (gatt, por sus siglas en inglés) fue la confirmación de ese viraje fundamental en la conducción económica del país. En un contexto de prosperidad de la economía norteamericana, la industria maquiladora, aquella que importa insumos y componentes, los arma en el país pero sólo a condición de exportarlos, entró en una etapa de auge; lo mismo ocurrió con las empresas automotrices que abrieron nuevas plantas en Aguascalientes, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Muchas fábricas de la Ciudad de México empezaron a cerrar o a mudarse a otros lugares. Esa ciudad, el mejor símbolo del proyecto modernizador impulsado por el Estado, comenzó a ver disminuida su riqueza económica.

En estas condiciones y con una inflación de casi 160% en 1987 se inició la campaña para las elecciones presidenciales de 1988. De una división del pri surgió la Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas, quien había sido militante del partido oficial durante años y gobernador de Michoacán. La Corriente Democrática atrajo a otras agrupaciones que luego fundaron el Frente Democrático Nacional. El candidato priista resultó ser el capitalino Carlos Salinas de Gortari. Por su lado, el pan eligió como candidato al sinaloense Manuel J. Clouthier, quien provenía de grupos de empresarios distanciados del gobierno y del pri a causa de la expropiación de la banca.

Las elecciones del 2 de julio de 1988 se recuerdan sobre todo por la asombrosa “caída del sistema” de cómputo de votos. Tal falla provocó la suspicacia y la irritación de los partidos de oposición, lo que no impidió que la autoridad electoral, encabezada por el secretario de Gobernación, declarara vencedor al candidato priista Salinas. Panistas y cardenistas protestaron con furia. Sostenían que el candidato oficial había sido derrotado y que por eso se había hecho necesaria la maniobra cibernética. Pero poco a poco, en gran medida porque los candidatos derrotados Clouthier y Cárdenas nunca lograron ponerse de acuerdo en una estrategia común, las protestas contra el fraude electoral se diluyeron y se consumó el triunfo del candidato Salinas. Si bien el pri se salió con la suya, el episodio electoral de 1988 tuvo fuertes repercusiones. El nuevo gobierno tomó posesión con muy poca legitimidad. Para fortalecerse, el presidente Salinas decidió dar un golpe de gran efecto mediático: en enero de 1989, mediante un despliegue policiaco y militar se capturó al poderoso líder de los trabajadores petroleros Joaquín Hernández Galicia, apodado La Quina. Otra repercusión fue el reconocimiento en 1989 del primer triunfo de un candidato opositor (el panista Ernesto Ruffo) a una gubernatura, en este caso la de Baja California. Otra más fue el nacimiento, también en 1989, del Partido de la Revolución Democrática (prd), formado por expriistas, comunistas y socialistas de diversas orientaciones.

El gobierno comenzó a actuar en un contexto internacional sacudido por grandes transformaciones. Entre 1989 y 1991 el Muro de Berlín, el bloque de países socialistas europeos y la Unión Soviética desaparecieron. Estos acontecimientos reforzaron las posturas oficiales estadounidenses y británicas que buscaban la disminución del gasto público y la liberalización del mercado mundial, así como el impulso a la inversión privada y a las reglas del mercado, lo que se conoce popularmente como “neoliberalismo”. En México, un gobierno atento y obediente a esas directrices resolvió “adelgazar” el Estado, controlar la inflación reduciendo el gasto y vender más empresas gubernamentales, como los bancos y Teléfonos de México, esta última en manos del gobierno desde 1972. La cúpula empresarial se hizo de nuevos nombres, como Carlos Slim. También se introdujeron otras reformas significativas, por ejemplo, la del artículo 27 de la constitución, que significó la terminación del reparto de la tierra y abrió la posibilidad de la enajenación de los ejidos. Otra fue la del artículo 130 constitucional que otorgaba el reconocimiento legal a las iglesias y la libertad de la población creyente para practicar su fe. Esa reforma abrió paso además al restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano.

Entre 1989 y 1990 se renegoció la deuda externa mexicana, que tanto pesaba sobre la hacienda pública desde 1981. Esa renegociación tuvo un saldo positivo para las cuentas macroeconómicas resaltadas por el gobierno, como la baja sensible en el déficit de las finanzas públicas y la inflación, pero no evitaron el declive de la economía. Ni los salarios ni el empleo mostraban mejoría. La reducción presupuestal en aspectos como la salud y la educación pública hacía todavía más grave la situación de amplios sectores de la población. En el campo la agricultura campesina, pero también la de pequeños empresarios, sufría los embates de una política gubernamental encaminada a apoyar sólo a aquellos pocos que podían exportar sus productos. El surgimiento del movimiento de El Barzón en 1993, integrado por deudores de la banca, muchos de ellos agricultores, reflejaba el malestar de las capas medias de la sociedad. No obstante, los voceros gubernamentales reiteraban que México estaba a un paso del Primer Mundo. Decían que sólo faltaba el empujón final y éste era la firma del Tratado de Libre Comercio (tlc) con Estados Unidos y Canadá.

En efecto, reducir la intervención del Estado en la economía y favorecer la libre circulación de mercancías entre los países era otro de los componentes del nuevo modelo de desarrollo económico, lo que a su vez se justificaba diciendo que era una forma inteligente de adaptarse a la globalización económica. Coherente con la adhesión al gatt en 1986, el gobierno salinista inició pláticas para alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Se confirmaba así la decisión gubernamental de abandonar el modelo de sustitución de importaciones e impulsar en su lugar la apertura comercial y las exportaciones como sustento del desarrollo nacional. Ese cambio apuntaba hacia el fortalecimiento de la integración económica con Estados Unidos, misma que ya se apreciaba en el mercado laboral, en la expansión de las maquiladoras, el destino de las exportaciones y en los millonarios depósitos de mexicanos en bancos de aquel país. En lo sucesivo, la suerte de la economía mexicana dependería en mayor medida de la de su vecino. El tlc se aprobó en 1993 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Todo parecía ir sobre ruedas pero 1994 fue un año de sorpresas.

La primera sorpresa fue la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ezln, en Chiapas, justo el primer día de 1994. Los indígenas integrantes de esa organización declararon la guerra al ejército y a su comandante supremo, el presidente de la república. Tomaron varias localidades, la más importante San Cristóbal de las Casas. Grandes movilizaciones en la Ciudad de México y otros lugares exigieron el cese de hostilidades. La guerra duró apenas 11 días, pero su impacto fue extraordinario. A un paso del Primer Mundo surgía la voz de grupos que reclamaban una combinación de demandas sociales (servicios de salud y de educación) con demandas políticas referidas a fortalecer los derechos de los pueblos de indios. No es que Chiapas fuera la única zona indígena pobre del país, pero allí ese rasgo se conjugaba con la actividad de militantes de grupos radicales de origen urbano, como el “subcomandante” Marcos, de católicos partidarios de la Teología de la Liberación, con las divisiones provocadas por la acelerada expansión ganadera y el reparto agrario, y con un avance inusitado del protestantismo. La rebelión dio un severo mentís al optimismo del gobierno salinista.

La segunda sorpresa fue el asesinato en marzo del candidato priista a la presidencia, el sonorense Luis Donaldo Colosio. El grupo gobernante mostraba sus fracturas y parecía arrastrar a la sociedad al abismo. Tal vez por el temor generalizado que provocaban las divisiones en las altas esferas gubernamentales, el nuevo candidato priista, el capitalino Ernesto Zedillo, ganó sin problemas las elecciones de julio de 1994. El crimen político se repitió en septiembre cuando un alto dirigente del pri, José Francisco Ruiz Massieu, fue asesinado.

La tercera sorpresa de 1994 ocurrió poco antes de navidad y fue de índole económica. Una súbita devaluación del peso de casi 100% sacudió a la economía mexicana, que en 1995 decreció más de 6%. El desempleo aumentó, los salarios se rezagaron aún más y las tasas de interés se dispararon. Numerosos deudores, que quizá habían hecho suyo el optimismo salinista, se vieron imposibilitados para pagar los créditos contraídos (algunos en dólares) en la adquisición de maquinaria, insumos, casas y automóviles, poniendo en dificultades a los bancos. La clase media mexicana, formada al calor del auge económico de la posguerra, vivió su peor época. Con ayuda financiera de Estados Unidos, el gobierno del presidente Zedillo sorteó el vendaval y logró que al año siguiente, en buena medida por el alza en los precios del petróleo, se recuperara el crecimiento económico. Pero hubo que aceptar una factura enorme: el gobierno se comprometió a asumir los pasivos (los préstamos incobrables) de los bancos, algunos de ellos de muy dudosa legalidad, por medio del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, mejor conocido como Fobaproa. La justificación oficial era salvaguardar los ahorros de los mexicanos, que quedaban en riesgo en caso de una quiebra bancaria. El punto es que esa decisión impuso una nueva carga a la de por sí frágil hacienda pública, de unos 60 000 millones de dólares, más los intereses.

El saldo de 1995 se sumó a las dificultades de la década de 1980, la llamada “década perdida” del desarrollo de América Latina. Ya para entonces millones de mexicanos habían nacido y crecido a lo largo de una crisis sostenida. Para colmo, durante la década de 1990 una sequía complicó la situación del campo, ya golpeado por el retiro de apoyo gubernamental en el decenio anterior y por el ingreso de productos extranjeros baratos gracias a los subsidios oficiales en sus países de origen. La migración hacia Estados Unidos se acrecentó como nunca antes. En 1997 se estimaba que casi nueve millones de mexicanos, casi todos en sus mejores años productivos, residían en Estados Unidos. Esos migrantes se convirtieron en una fuente de divisas de insospechada magnitud: alrededor de 6 000 millones de dólares en 1997, poco más que los ingresos del turismo. En los años siguientes las remesas aumentaron hasta llegar a más de 13 000 millones de dólares en 2003, sólo por debajo de la exportación petrolera, pero más que la inversión extranjera y que los ingresos del turismo. Cuatro entidades del centro del país, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y México, recibían los mayores montos.

Hacia el fin del siglo xx, tres cuartas partes de la población vivía en las ciudades, pero al mismo tiempo el resto se dispersaba en un número asombroso de pequeñas localidades rurales. Las mujeres, que cada vez tenían menos hijos (el promedio descendió de 6.1 en 1974 a 2.5 en 1999), se habían sumado de manera masiva al mercado de trabajo. El analfabetismo había descendido de 45% en 1960 a 9.5% en el año 2000. Los protestantes, organizados en distintas iglesias, eran cada vez más numerosos, sobre todo en el sureste. Los divorcios y el número de hogares encabezados por mujeres aumentaron. En otro terreno, en el de la opinión pública, la apertura de los medios de comunicación, la competencia entre ellos y la independencia con respecto a las posturas gubernamentales reforzaron la participación de ciudadanos en diversos campos, como la defensa de los derechos humanos, de las mujeres, de los desaparecidos, de los indígenas, de los enfermos de sida y de los homosexuales. La multiplicación de las organizaciones no gubernamentales fue otro síntoma de este activismo ciudadano. Los cientos de indocumentados muertos cada año en su esfuerzo por llegar al vecino país del norte o las más de 300 jóvenes mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 1990 encontraron amplios espacios en periódicos y medios electrónicos.

Hay que subrayar que al parejo de las grandes dificultades económicas se abría paso una poderosa fuerza para transformar los arreglos políticos y dar mayor cabida a las prácticas democráticas, al menos en los procesos electorales. Indicio de ello fue la reforma constitucional de 1996 que dio autonomía plena al Instituto Federal Electoral (ife). Por primera vez desde 1946 el gobierno federal no tenía el control de las elecciones, que pasaba ahora a manos de ciudadanos sin partido. El nuevo ife expresaba el agotamiento del viejo arreglo político basado en la hegemonía del pri y su vinculación con el presidente de la república; también dejaba ver la decisión clara de crear uno nuevo acorde con las exigencias de una ciudadanía cada vez más activa. Lo mismo indicaban las reformas que dieron lugar a la elección del jefe de gobierno del Distrito Federal, una de las posiciones vitales del presidencialismo de viejo cuño. La oposición ganaba más y más elecciones en municipios, congresos locales y gubernaturas. Destaca el triunfo del perredista Cárdenas, quien se convirtió en el primer jefe de gobierno del Distrito Federal en 1997. También en este año el pri perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados.

En 2000, con una población de 97.5 millones de habitantes, casi cinco veces más que en 1930, México era el onceavo país más poblado del mundo. Algunos datos mostraban un mejoramiento en la situación social: la esperanza de vida llegó a 75 años, cuando en 1930 era de sólo 36. La reducción de la natalidad y de la mortalidad infantil sustentaba una tendencia hacia el envejecimiento de la sociedad. Pero por otro lado, desde 1984 la desigualdad social se había acrecentado, favoreciendo al estrato social más rico. Como contraparte, poco más de la mitad, según las cuentas del gobierno, o casi dos tercios de la población, según algunos académicos, podía considerarse pobre. La geografía mostraba un gran contraste entre zonas ricas como el Distrito Federal, el occidente y el norte, y las zonas pobres, cada vez más pobres, del sur (Guerrero, Oaxaca, Chiapas).

Las elecciones presidenciales de 2000 tuvieron lugar en un escenario caracterizado por una inseguridad que parecía vinculada a la corrupción institucional, con escándalos de fraudes bancarios y delitos “de cuello blanco”, con una economía que crecía a tasas muy bajas, un desempleo que no cedía y con salarios cuya capacidad adquisitiva había disminuido 73% desde 1976. El candidato priista a la presidencia fue el sinaloense Francisco Labastida. Compitió con Cárdenas y con el panista Vicente Fox, ex gobernador de Guanajuato.

En la noche del 2 de julio de 2000, para asombro de propios y extraños, el ife y el presidente de la república anunciaron el triunfo de Fox. La esperanza se depositaba en un carismático personaje que había abandonado el mundo empresarial para ingresar a la vida política. Fox atrajo votos de distintos grupos de ciudadanos. Que la mayor parte de la población deseaba un cambio de régimen político era evidente, pero también lo era que no confiaba del todo en Fox. Así lo mostró el hecho de que el pan no alcanzó ni por asomo la mayoría en el Congreso de la Unión. De cualquier modo, el triunfo del candidato opositor descabezaba el arreglo político surgido a raíz de la crisis provocada por el asesinato de Obregón en 1928, pues quedaba atrás la etapa del partido oficial y su vínculo con el presidente de la república en turno. Para fortuna de todos, otros componentes de ese arreglo, como la subordinación de las fuerzas armadas al presidente, se mantuvieron inalterados. De ese modo, el país entraba al nuevo siglo con un cambio fundamental, si bien limitado a la esfera política. La esperanza era que ese cambio se tradujera en una mejoría sustancial en las condiciones de vida de la mayoría de la población. Una sociedad cada vez más involucrada en los asuntos públicos, una sociedad cada vez más fuerte, cuidaría de que así ocurriera.

En estos siete decenios (de 1928 a 2000), México vivió un periodo de estabilidad política y social. Éste es un rasgo principalísimo del siglo xx mexicano que no debe menospreciarse, sobre todo si se le compara con las turbulencias del siglo xix. Asimismo, es una etapa que contiene periodos de crecimiento económico que permitieron una notable expansión de las ciudades y de las clases medias urbanas. Sin embargo, esos rasgos no alcanzan a desmentir el alto costo que significó mantener en la pobreza o empobrecer a la mayor parte de la población del campo y de la ciudad y de agraviar a los inconformes y opositores al gobierno. La perseverante desigualdad social pareció reducirse entre 1960 y 1980 pero volvió a acentuarse desde ese último año. Las etapas de la economía mundial (la gran depresión, el auge de la posguerra y la crisis iniciada en 1973) marcaron un patrón ineludible para la sociedad mexicana. El viraje de la economía hacia el mercado mundial y la economía norteamericana, y el abandono del modelo del Estado interventor a mediados de la década de 1980 alimentaron la crisis del arreglo político del país construido desde 1929. Si a principios de la década de 1930 México vivía sumido en una depresión económica mundial y en una grave inestabilidad interna, en el año 2000 reorganizaba su sistema político en paz y en un contexto de dificultades económicas quizá no tan graves como las de 1929, pero sí más prolongadas. Una de las ganancias más claras de la sociedad mexicana en este lapso es precisamente su fortalecimiento hacia el final de siglo, lo que explica el cambio político del año 2000. Pero es claro que a esa sociedad más activa y fuerte le queda aún mucho camino por andar para lograr un cambio de mayor amplitud y profundidad.

ESTANCAMIENTO ECONÓMICO Y DESILUSIÓN DEMOCRÁTICA, 2001-2015

La historia mexicana de los primeros 15 años del siglo xxi se caracteriza por un lento crecimiento demográfico y económico, así como por una importante pérdida: la condición de país petrolero. Fueron los años de dos gobiernos panistas consecutivos (2000-2012) y del retorno del pri a la presidencia de la república en 2012. La violencia de bandas de narcotraficantes y de la delincuencia organizada creció notablemente a partir de 2007, y miles de ciudadanos sufrieron por ese motivo. El enojo y la inconformidad se acentuaron, lo mismo que el desencanto en torno al futuro de la nación. La democracia, que tanto ilusionaba en 2000, decepcionaba tres lustros después.

Población y economía

Entre 2000 y 2010, la población mexicana pasó de 97.5 a 112.3 millones, lo que significó una tasa de crecimiento anual de 1.4%, la más baja desde 1930. El disminuido crecimiento tiene que ver con la caída de la fecundidad, es decir, del número de hijos por mujer: de 6.6 en promedio en 1970 a 2.3 en 2010. El mayor índice de escolaridad y de inserción laboral de las mujeres son factores que influyen en esa reducción, así como la generalización del uso de los métodos anticonceptivos, que han permitido a las parejas decidir el tamaño de las familias. Además de confirmar el envejecimiento de la población, los indicadores demográficos mostraron algo inesperado y grave: una leve reducción de la esperanza de vida de los varones en ciertas zonas del país, provocada por el aumento de homicidios y por la incidencia de la diabetes. Esto representa un quiebre con respecto a la sostenida tendencia ascendente registrada durante la mayor parte del siglo xx. 

La Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) registró una población total de 119.5 millones de habitantes, confirmando la baja en el ritmo del crecimiento demográfico. Además del aumento en el número de hogares encabezados por mujeres, en estos años crecieron más los divorcios que los matrimonios y se hizo patente el aumento de parejas que prefirieron vivir en unión libre.

Por su parte, entre 2000 y 2014, la economía mexicana creció a una tasa anual de 2.1%, lejos del ritmo alcanzado durante los años del milagro mexicano, cuando esa tasa fue mayor a 5% anual. En 2001 y 2009, la economía nacional sufrió caídas (muy leve la primera y de casi 6% la segunda), mostrando las consecuencias del estrecho vínculo con la economía estadounidense, fortalecido desde la entrada en vigor del tlc en 1994. Aun así, los indicadores macroeconómicos se mantuvieron estables, con baja inflación y una devaluación gradual de la moneda mexicana con respecto a la estadounidense, que pasó de 9 a 13 pesos por dólar entre 2000 y 2012. Prueba de la buena marcha de la macroeconomía fue el aumento de las reservas del Banco de México, que alcanzaron su máximo histórico a principios de 2015, con 199 000 millones de dólares. Recuérdese que tales reservas eran prácticamente inexistentes después de la crisis de 1994-1995 (709 millones). Por su parte, el gobierno federal estimuló la economía de diversas maneras; una de ellas fue mediante la construcción masiva de vivienda popular. El resultado fue que miles de familias lograron hacerse de una casa propia, aunque también fue cierto que con frecuencia las nuevas viviendas se hallaban en lugares alejados, con precarios servicios urbanos (transporte, escuelas, guarderías). No sorprende por ello que miles de estas moradas fueran abandonadas por sus propietarios.

Los buenos datos de la macroeconomía no se tradujeron en bonanza general. Lo anterior puede mostrarse con las exportaciones, que crecieron casi ocho veces, al pasar de 52 000 millones de dólares en 1993 a 380 000 millones en 2013. Sin embargo, en virtud de la escasa conexión de las actividades exportadoras con las empresas mexicanas (es el caso de las maquiladoras), las crecidas ventas al exterior tenían que ver más con los negocios de grandes empresas trasnacionales que con la economía interna. Ese auge exportador no se tradujo en una mejoría de las finanzas públicas del gobierno federal, ni tampoco de los estados y municipios. Al contrario, las haciendas locales siguieron dependiendo de las participaciones y asignaciones federales y, desde 2008, de un gran endeudamiento. Es evidente que este último tiene que ver con la decisión política de los gobiernos estatales de no esmerarse a fondo en la cobranza de impuestos locales, el predial en primerísimo lugar.

A lo largo de estos años, los salarios se mantuvieron estables, lo que significó, primero, que no continuaron cayendo y, segundo, que no se revirtió la pérdida de dos tercios de su poder adquisitivo ocurrida en las últimas décadas del siglo anterior (desde 1976). Ante esa situación, las familias se vieron obligadas a aumentar su empeño laboral, ya fuera extendiendo las jornadas o bien incorporando a nuevos miembros al mercado de trabajo. Se incrementó así el número de mujeres trabajadoras con hijos. Es claro, por lo demás, que el trabajo femenino no sólo se acrecentó por estas razones sino también por la creciente participación de profesionistas y empresarias.

En este tiempo, la autoridad gubernamental dio facilidades para la expansión de innovaciones, como el llamado outsourcing o subcontratación y la flexibilidad laboral, en buena medida mediante al apoyo a viejas prácticas de control sindical, el llamado charrismo. Esa combinación de lo nuevo con lo viejo contribuyó al debilitamiento de la clase trabajadora. No parece casualidad que el número de huelgas haya caído en picada, de 577 en 1995 a sólo 59 en 2015. Si bien el desempleo no alcanzaba las altas cifras de otros países (por ejemplo, España después de 2008), a cambio crecía la llamada economía informal, es decir, el autoempleo en actividades callejeras o en el trabajo doméstico a domicilio, así como la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, al menos hasta antes de la crisis mundial de 2008. En 2005, el número de compatriotas residentes en el vecino país llegó a 11.5 millones, 14.4 veces más que los 800 000 de 1970. Pero después de 2008, por efecto de dicha crisis mundial, así como por el endurecimiento de las medidas migratorias del gobierno de Barack Obama, la migración mexicana hacia Estados Unidos vino a menos. La que aumentó fue la de centroamericanos, para quienes cruzar el territorio mexicano se convirtió en verdadera pesadilla debido a los malos tratos de las autoridades, así como a las extorsiones y demás abusos cometidos por bandas del crimen organizado.

En contraste, como signo de los tiempos, los grandes empresarios acrecentaron sus fortunas de manera notable, en especial aquéllos con concesiones gubernamentales (telefonía, minería). En 2001, las fortunas de cuatro multimillonarios se estimaban en 3% del pib; diez años después, alcanzaban 9%. No era buena noticia. Tampoco lo era que uno de ellos (Carlos Slim) disputara con Bill Gates, el dueño de Microsoft, el primer lugar de la lista de los hombres más ricos del mundo. En buena medida, la prosperidad de los magnates obedecía a sus negocios fuera del país. En efecto, las actividades de las trasnacionales mexicanas (Bimbo, Cemex, América Móvil, Famsa, Gruma, entre otras) crecieron notablemente en estos años. También aumentaron las fortunas de algunos narcotraficantes. En 2009, el Chapo Guzmán apareció en la afamada lista de la revista Forbes de los hombres más ricos del planeta. Con sus 1 000 millones de dólares, el narcotraficante sinaloense compartía el lugar 701 con Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa.

La crisis mundial de 2008 provocó una caída de la economía mexicana casi tan grave como la de 1995. Sólo las maquiladoras despidieron a 250 000 empleados. Las remesas, un rubro que había ido ganando importancia para millones de hogares pobres, cayeron casi 30%. Su máximo histórico (26 000 millones de dólares en 2007) no ha vuelto a alcanzarse hasta la fecha (2015). No debe olvidarse que esa enorme cantidad de dólares llegaba al país por medio de más de 75 millones de envíos. En 2006, cerca de 7% de los hogares del país (1.9 millones) recibía esas aportaciones, pero la crisis de 2008 hizo que el porcentaje disminuyera hasta 4% (1.3 millones) en 2014. La reducción complicó la situación económica de hogares situados en zonas de gran tradición migratoria (Michoacán, Guanajuato, Jalisco), ya que las remesas significaban una parte importante del ingreso total de esas familias. Se ha mostrado, además, que la mayor parte de ese dinero se destinaba a cubrir necesidades básicas, es decir, alimentación, vestido, pago de deudas y vivienda.

Como se dijo, en estos años México vio reducida su actividad petrolera. Desde 2005, la producción y la exportación de crudo comenzaron a declinar; para 2012, ambas se habían reducido 20%. En contraste, el valor de las importaciones de gasolina había aumentado 10 veces en ese mismo lapso, al llegar a casi 30 000 millones de dólares en 2012. Había que olvidarse de México como potencia petrolera. Además de las afectaciones a entidades productoras, como Campeche, Tabasco y Veracruz, el problema es que esta industria aún contribuía con un tercio del presupuesto federal, como venía ocurriendo desde 1980. El sostenido aumento del turismo de extranjeros, con destino principalmente a Cancún, Puerto Vallarta, la Ciudad de México y Los Cabos, y del llamado turismo médico en lugares como Mexicali y Reynosa, no fue suficiente compensación. Sí lo fue, en cambio, para los sectores vinculados directamente con esas actividades.

Política

La euforia colectiva por lo que se dio en llamar el “bono democrático” del gobierno de la República que tomó posesión en diciembre de 2000 se fue diluyendo con el tiempo. El nuevo gobierno se mostró titubeante, errático. No consiguió implantar la reforma fiscal, que buscaba generalizar el iva (eliminando la tasa cero en medicinas y alimentos) ni tampoco superar la oposición de los vecinos de una pequeña localidad (San Mateo Atenco) a la construcción del nuevo aeropuerto de la capital del país. El gobierno de Fox tampoco cumplió su promesa de resolver el conflicto del ezln en “15 minutos”, o de aprehender a los llamados “peces gordos” de la corrupción gubernamental. Al final del sexenio, una revuelta popular en la ciudad de Oaxaca, integrada por maestros y vecinos, se extendió durante meses, exhibiendo la incapacidad del gobierno federal para resolver como antes un conflicto local. No es que se extrañara al autoritario presidente de la república, presuntamente todopoderoso; lo que se extrañaba era algo más simple: la capacidad de gobierno.

Pero, por otro lado, el gobierno foxista se anotó un punto a su favor con la expedición, en junio de 2002, de la ley de transparencia gubernamental, misma que se impuso venciendo grandes resistencias. Y no es para menos: se trata de una ley que marca una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía. Dio lugar al nacimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información (inai, desde 2015), un organismo autónomo encargado de hacer cumplir la ley en la materia. También fue bienvenida la decisión de mayo de 2002 de abrir los archivos de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad. Con ese fondo abierto al público, la llamada “Guerra Sucia” (la represión ilegal por parte del Estado mexicano a las guerrillas y a otros opositores en las décadas anteriores) pudo documentarse de mejor manera, además de la labor realizada por una fiscalía gubernamental creada ex profeso.

El gobierno mexicano hizo repetidos esfuerzos por acercarse al estadounidense, entre otras cosas para llegar a un arreglo de fondo con respecto a la situación de los migrantes mexicanos. Sin embargo, el atentado de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York frenó el intento. El gobierno también puso en marcha una activa política exterior que, bajo la bandera del respeto a los derechos humanos y el impulso a cierto tipo de alianzas económicas entre países, acabó por enfriar las relaciones con Cuba y Venezuela, y aun con Argentina. Hay que decir, sin embargo, que el menguante prestigio de la política exterior mexicana (si se le compara con su papel en el Grupo Contadora de la década de 1980) se vio contrarrestado por la firme negativa del gobierno de Fox de sumarse a la coalición de países, encabezada por el gobierno de George Bush, para atacar por segunda vez Irak. En ese entonces México era miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (onu).

En 2005, ante la cercanía de las elecciones presidenciales del año siguiente, el presidente Fox maniobró para sacar del escenario electoral al precandidato más popular en ese momento, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el candidato del prd Andrés Manuel López Obrador. No lo logró, pero a cambio sí consiguió crispar el ambiente político, al menos el de la Ciudad de México. En las elecciones de 2006, por estrecho margen se impuso de nueva cuenta el candidato del pan, en este caso Felipe Calderón Hinojosa (Morelia, 1962). El pri se derrumbó hasta el tercer lugar, obteniendo la votación más baja de su larga historia. En el Distrito Federal, se impuso por tercera vez consecutiva el candidato del prd a la jefatura de gobierno, Marcelo Ebrard. Bajo su mandato, se tomaron medidas que consolidaron el perfil progresista de la ciudad capital: el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho al aborto. Pero como reacción, en varios estados se expidieron leyes en sentido contrario. Al gobierno de Ebrard también se le recuerda por el desastre de la construcción de la línea 12 del Metro, que obligó a cerrarla durante varios meses de 2014 y 2015.

El segundo gobierno federal de extracción panista (2006-2012) se inauguró declarando la guerra al narcotráfico, lo que significó reforzar el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública. Con tal medida, el país comenzó a vivir años de violencia extrema. Contra lo que se cree, el número de homicidios había venido disminuyendo desde 1990, pero después de 2007 la cifra se triplicó al llegar a 26 000 en 2011, siendo los varones menores de 40 años las principales víctimas. Al impacto de la crisis económica de 2008 —que provocó desempleo y el retorno (voluntario y forzado) de miles de mexicanos de Estados Unidos—, así como a la caída de las remesas, se sumó el clima de violencia. Éste se manifestó con especial intensidad en el norte del país, pero también en Michoacán, Guerrero y otros lugares. La violencia se ensañó con Ciudad Juárez, nueva calamidad para una ciudad que desde 1993 sufría una larga cadena de feminicidios que para 2015 se estimaba en 1 500 víctimas. Las migraciones internas forzadas se hicieron comunes en algunas ciudades y zonas rurales, como en la Sierra Madre Occidental, el valle de Juárez y la frontera tamaulipeca. Otros, algunos de ellos muy ricos, huyeron del país.

Vale destacar en este contexto el involucramiento de numerosos grupos organizados e individuos en la difusión, crítica y documentación de la violencia, así como de otros aspectos de la vida nacional, por medio de las llamadas redes sociales. Como ocurría en el mundo entero, este fenómeno estaba estrechamente relacionado con la creciente disponibilidad de computadoras y teléfonos celulares. En México, las cifras aumentaron con rapidez, y ya para 2015 un tercio de los hogares contaba con internet y más de 70% de los mexicanos usaba teléfonos móviles. La aparición de Facebook en 2004, YouTube en 2005 y Twitter en 2006 ha tenido consecuencias insospechadas en la vida de las personas y familias, lo mismo que en la sociedad entera. 

Así como han servido para hacer negocios, para delinquir y para dar “derecho de palabra a millones de imbéciles”, según afirmaba el escritor italiano Umberto Eco (fallecido en febrero de 2016), las redes sociales dieron gran resonancia a acontecimientos tales como la explosión de gas en la mina de carbón de Pasta de Conchos, Coahuila, en febrero de 2006, que mató a 65 mineros, o el incendio de la guardería abc de Hermosillo en junio de 2009, que dejó como saldo 49 criaturas muertas y decenas más heridas. Las redes se abrieron a la denuncia de actos violentos que aumentaron en estos años, como la explosión de varias granadas en las fiestas patrias de Morelia, Michoacán, en 2008, el asesinato de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, o el incendio intencional del casino Royale de Monterrey, que dejó 52 víctimas. Si las autoridades gubernamentales se veían rebasadas por el quehacer de la delincuencia organizada y si en ocasiones la tropa y la policía eran acusadas de participar en actos delictivos o bien de reprimir ilegalmente a los presuntos delincuentes, las redes sociales podían servir de contrapeso y de denuncia.

En las elecciones presidenciales de 2012 se impuso el candidato del pri, el mexiquense Enrique Peña Nieto (Atlacomulco, 1966). El retorno de este partido a la presidencia de la República, algo que parecía imposible en 2000 y 2006, se hizo realidad en gran medida por la debacle del gobernante pan. Su candidata, Josefina Vázquez Mota, fue superada por López Obrador, candidato por segunda ocasión del prd y de otros partidos aliados. De cualquier manera, el cambio democrático se notaba en el hecho de que el pri se impuso con apenas 38% de la votación general, 10 puntos porcentuales menos que el anterior candidato priista ganador de unas elecciones presidenciales: Ernesto Zedillo, en 1994. Ni de lejos el pri era el de antes de 2000. En el Distrito Federal, por cuarta ocasión consecutiva se impuso el prd, llevando a Miguel Ángel Mancera a la jefatura de gobierno.

El gobierno de Peña Nieto (2012-2018) inició impulsando una intensa agenda legislativa. Con base en un sorpresivo acuerdo con los partidos opositores, el llamado Pacto por México, a lo largo de 2013 se aprobaron reformas constitucionales y legales en materia educativa, financiera, de petróleo y telecomunicaciones. La laboral, favorable a la flexibilidad del trabajo, había sido aprobada en las postrimerías del gobierno anterior. Esas reformas ratificaron el rumbo general del quehacer gubernamental de los años anteriores. Apuntaban hacia la apertura de nuevos espacios y facilidades para la inversión de capital privado, nacional y extranjero. Depositar el peso de la economía en la inversión privada, nacional y extranjera, tenía que ver, por supuesto, con la secular incapacidad fiscal del Estado mexicano, un rasgo que lo hace destacar en el mundo entero. La carga fiscal en nuestro país no supera 12% o 13% del pib (contra más de 19% en América Latina y más de 30% en países europeos). 

La reforma más significativa de 2013 fue la petrolera. La apertura de este ramo al capital privado, incluso extranjero, marcó una gran distancia con respecto a la expropiación de 1938, uno de los episodios de mayor peso en el imaginario histórico mexicano. Tómese en cuenta que dicha expropiación produjo al último héroe de la historia nacional (Lázaro Cárdenas) y que será muy difícil que Peña Nieto lo desplace andando el camino inverso. 

La cercanía con el gobierno de Peña Nieto y con las reformas mismas, así como el bajo crecimiento económico y la violencia que no cedía (homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones), restaron credibilidad a los partidos políticos de oposición, en especial al pan y al prd. Su situación como opositores quedó en entredicho. Resultado de ese malestar fue la victoria de varios candidatos independientes en las elecciones de junio de 2015, entre ellos del candidato a la gubernatura del importante estado norteño de Nuevo León. También abrió paso al nacimiento del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la enésima división de la izquierda mexicana. En abril de 2014, el antiguo ife fue sustituido por el Instituto Nacional Electoral (ine). Al restar prerrogativas a los gobernadores en materia electoral, el surgimiento del ine parecía apuntar hacia un retorno a la centralización política; en igual sentido puede interpretarse el esfuerzo encaminado a formar el “mando único” en las policías de las entidades federativas, en este caso suprimiendo las policías municipales. Otro cambio político importante, aprobado a fines de 2015, fue la reforma constitucional que dio vida a la “Ciudad de México” como entidad federativa libre y soberana. Con esa medida se daba marcha atrás a la reforma constitucional de 1928 que había suprimido los municipios del Distrito Federal y creado el Departamento del Distrito Federal (desaparecido éste a su vez en 1997). También se impulsó un cambio radical en el Poder Judicial para adoptar el llamado sistema penal acusatorio, que incluye los juicios orales con el propósito de abreviar los procesos judiciales y combatir a fondo lo que se había convertido en fuente inagotable de inconformidad social: la impunidad.

Las malas noticias de 2014-2015

Varias malas noticias sacudieron el país desde la segunda mitad de 2014 y evidenciaron la oscuridad de la situación general, que por lo demás no era privativa de México, como bien lo mostró la guerra civil de Siria iniciada en 2011, el surgimiento del Estado Islámico en 2013 y la severa reducción del crecimiento de la economía china, que puso en aprietos a varios países exportadores de materias primas. En México, a principios de agosto del citado 2014, un derrame de desechos tóxicos de la mina Buenavista en Cananea, Sonora, propiedad del multimillonario Germán Larrea, contaminó el río Sonora, dejando una estela de daños en varios municipios de la cuenca. Por otro lado, el 26 de septiembre, 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, Guerrero, fueron secuestrados y desaparecidos. Los 43 chicos se sumaron a los 26 000 desaparecidos registrados a fines de 2014 (en 2006 la cifra apenas llegaba a 250). El caso de Ayotzinapa dio la vuelta al mundo, haciendo patente la incapacidad gubernamental o bien la complicidad de algunas autoridades con los criminales. Otra mala noticia, en este caso para el gobierno federal, ocurrió mes y medio después, cuando una periodista destapó la compra de una casa con valor de 7 millones de dólares por parte de la esposa del presidente Peña Nieto. Lo grave era que en la transacción se hallaban involucrados empresarios favorecidos por contratos gubernamentales. Este asunto, como otros, no tuvo secuela legal. Una mala noticia más surgió en la segunda semana de diciembre, cuando se dio a conocer que el Banco de México, ante la “volatilidad” del tipo de cambio, intervino en el mercado cambiario para tratar de frenar la devaluación del peso. La paridad de 13 pesos por dólar, vigente en 2013, comenzó a ser cosa del pasado. En 2015, la caída del peso continuó, llegando a poco más de 17 pesos por dólar en diciembre. No obstante la erogación de miles de millones de dólares, el banco central no pudo contener la depreciación de la moneda.

La tormenta no amainaba. En la segunda mitad de 2014 también inició la caída de los precios del petróleo: el precio del barril de la mezcla mexicana cayó casi 25%, de 91 a 68 dólares. Pero la tendencia se agravó a lo largo de 2015, hasta llegar a 27 dólares en diciembre, 70% menos que a mediados de 2014. El mercado mundial complicaba la ya de por sí maltrecha industria petrolera mexicana, cuyo declive, como se vio, había iniciado en 2005.

La última mala noticia de 2014 para el gobierno mexicano provino, paradójicamente, de una magnífica noticia. El miércoles 17 de diciembre, los presidentes de Cuba y Estados Unidos, Raúl Castro y Barack Obama, anunciaron la reanudación de relaciones diplomáticas, dando fin a casi 60 años de ruptura. En ese acercamiento, empero, México brillaba por su ausencia, a pesar de haber sido uno de los pocos países que durante décadas había mantenido cierta cercanía con el gobierno cubano. En su lugar, el Vaticano y el gobierno canadiense habían fungido como promotores y/o anfitriones del acercamiento. Esta marginación en torno al nuevo vínculo Cuba-Estados Unidos y el maltrato dado a los migrantes centroamericanos que recorren el país con rumbo a Estados Unidos, asunto éste en verdad lamentable, minaron la de por sí menguada influencia mexicana en el continente americano en estos años del siglo xxi. En 2015, México deportó a un mayor número de centroamericanos (117 442) que el gobierno estadounidense. 

En suma, las malas noticias de los años recientes dan lugar a una visión poco halagüeña de la situación mexicana de los primeros 15 años del siglo xxi. Uno de los principales componentes de esa visión es la desilusión democrática. Lo que tanto esfuerzo costó a las generaciones anteriores (echar abajo el autoritarismo basado en la hegemonía del pri) parecía incapaz de animar la vida nacional. La impunidad, la corrupción, los vínculos entre algunos políticos con delincuentes y el desprestigio de los partidos políticos son otros tantos aspectos que dificultan otra clase de miradas sobre el país. En 2000 México marchaba con entusiasmo hacia el ejercicio de la democracia. Quince años después, la democracia parecía haber perdido su condición de panacea. “¿Hacia dónde va el país?”, se preguntaba el laureado escritor Fernando del Paso a principios de 2015. Tal vez esos altibajos son parte inherente de la democracia. En todo caso, eso lo sabremos en los próximos años.

Ahora sigue profundizar en el conocimiento histórico y en la reflexión en torno a la realidad contemporánea de nuestro país (y sobre su lugar en el mundo), así como imaginar soluciones que involucren a la gran diversidad de opiniones y posturas que, por fortuna, caracterizan a la sociedad mexicana de este tiempo.