CAPÍTULO 6

CRÍTICOS, OPOSICIONISTAS Y PRECURSORES

Este capítulo se dedica al análisis de la Revolución mexicana, secuela de la etapa porfiriana y proceso definidor del México de buena parte del siglo xx. Aunque para muchos el concepto Revolución mexicana abarca también la etapa de los cambios políticos, socioeconómicos y culturales más significativos, aquí el periodo se limitará a los años de violencia generalizada, aunque sin considerar el proceso como un sinónimo de la lucha armada. Más bien se le define como un complejo proceso mediante el cual fue destruido el Estado oligárquico y neocolonial de fines del siglo xix. La institucionalización comenzada en los últimos años del decenio de los veinte marcó el inicio de otra etapa histórica, con la consolidación de un nuevo tipo de Estado.

Luego de varios años de crecimiento económico y estabilidad política el régimen porfiriano comenzó a presentar varios síntomas de decadencia. Su crisis fue múltiple e insoluble. Afectó, con intensidad variada, los renglones político, económico, social, diplomático y cultural: la magnífica situación de finales del siglo xix se tornó grave desde principios del xx. Los problemas enfrentados por el gobierno porfirista en sus postrimerías generaron críticas y movimientos oposicionistas entre diversas clases sociales y grupos políticos.

Los primeros en manifestarse fueron ciertos sectores católicos, influidos por las renovadoras ideas en materia social sostenidas por el Vaticano desde 1891, cuando proclamó la encíclica Rerum Novarum, que pretendía ofrecer una solución cristiana a los conflictos sociales. A pesar del acercamiento entre el gobierno porfirista y la iglesia católica, se reprochaba moderadamente a Díaz por conservar los principios liberales anticlericales de la Constitución de 1857. A estos reclamos se sumó la crítica sociopolítica, luego de que aquella encíclica, pensada para el mundo industrial europeo, fuera adaptada por los católicos mexicanos para su entorno, abrumadoramente rural. Aunque defendían la propiedad privada como un derecho natural, comenzaron a protestar por la excesiva concentración de la propiedad agraria, así como las condiciones laborales imperantes en la mayoría de las haciendas mexicanas. De los reclamos contra la situación agraria los católicos pasaron a censurar el caciquismo y la falta de democracia. Si bien no aludían personalmente a Porfirio Díaz, a quien siempre reconocieron grandes méritos históricos, lo cierto es que las críticas dirigidas a su gobierno erosionaron su prestigio y el consenso de que disfrutaba. El impacto sociopolítico de tales cuestionamientos, aunque moderados, no debe ser minimizado.

Motivaciones de signo contrario dieron lugar al surgimiento, hacia 1900, de un grupo de ideología liberal en el que participaron diversos sectores de la clase media urbana, como profesionistas, periodistas, maestros y estudiantes. Alegaban que el gobierno se hubiera alejado de los principios liberales y se proponían reorganizar el grupo político decimonónico llamado “partido liberal”, con el objeto de presionar a Díaz para que aplicara dichos principios: sobre todo el anticlericalismo, pero también la libertad de expresión, la democracia electoral, la separación de poderes, una adecuada administración de justicia y la autonomía municipal. Para iniciar las labores reorganizativas Camilo Amaga convocó a los defensores de las ideas liberales a un congreso en San Luis Potosí, en pleno centro del país. Entre los asistentes destacaron los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón, hijos de un oaxaqueño juarista y avecindados en la Ciudad de México, donde cursaron estudios jurídicos y publicaban el periódico oposicionista Regeneración. Pronto entraron en un proceso de radicalización: hacia 1903 extendieron sus críticas a los “científicos” y a Bernardo Reyes, comenzaron a cuestionar la conveniencia de la inversión extranjera y a ocuparse de la situación de obreros y campesinos. Como respuesta, el gobierno los reprimió, lo que forzó a muchos de ellos a optar por el exilio, radicándose en Estados Unidos.

Su experiencia norteamericana fue dramática y decisiva, pues hubo deserciones, escisiones y radicalizaciones. Por medio de Regeneración, durante un tiempo siguieron proponiendo métodos pacíficos de lucha y se mantuvieron afines a la ideología liberal: así lo demuestra su Programa del Partido Liberal, redactado en 1906. Luego de rebasar a Arriaga, Ricardo Flores Magón encabezaría el tránsito hacia la ideología anarquista. Las explicaciones de dicho cambio son varias: sus relaciones con miembros de las organizaciones socialistas y anarquistas norteamericanas; el carácter plurinacionalista —con “hispanos”, chinos y europeos— de su nuevo entorno; sobre todo, al residir en una sociedad más industrializada que la mexicana, Flores Magón y sus allegados tendieron a otorgar la función de vanguardia al movimiento obrero y a los intelectuales de clase media ligados a él, diagnóstico inadecuado para un país rural, lo que los llevó a cometer errores de estrategia política. Su alejamiento de México se agravó cuando las influencias que pudieron tener en el movimiento obrero fueron disminuidas con las represiones a los huelguistas de Cananea y Río Blanco. Para colmo, sus posteriores llamados a la lucha armada les enajenaron cualquier simpatía de las clases medias y comenzaron a ser vigilados. A pesar de que desde entonces (1908) decayó su influencia, es incuestionable su importancia histórica: dirigieron las críticas más constantes y certeras al régimen porfirista y gracias a Regeneración se concientizaron y politizaron muchos mexicanos; en sus filas adquirieron experiencia varios líderes que luego destacarían en la Revolución mexicana, y su estancia en Estados Unidos sirvió para minar el prestigio internacional de don Porfirio.

Por último, las preferencias sucesorias de Díaz por los “científicos” provocaron que los reyistas, hasta entonces leales porfiristas, se convirtieran en un grupo opositor muy importante, movilizado con el propósito de presionar a Díaz para que escogiera a Reyes como su vicepresidente en las elecciones de 1910: muy pronto surgieron agrupaciones, clubes, periódicos y libros contra los “científicos” y a favor de Reyes. Fue tal la capacidad y fuerza mostradas por sus partidarios, que Díaz, preocupado, envió a Reyes comisionado a Europa en septiembre de 1909. La mayor parte de sus seguidores, al quedar el movimiento acéfalo, cambió su filiación a favor de un grupo que apenas nacía, contrario a la reelección y encabezado por un hacendado y empresario coahuilense, Francisco I. Madero. Así, el valor de los reyistas fue múltiple: su escisión debilitó el régimen; se dedicaron a desprestigiar a los “científicos”, grupo presuntamente sucesor de don Porfirio, y fortalecieron el movimiento antirreeleccionista al traspasarle numerosos “cuadros” con prestigio y experiencia política y de naturaleza multiclasista, con clases altas, medias y bajas de las ciudades. De todos los movimientos que precedieron a la Revolución mexicana, el reyista fue el que más elementos le aportó: Venustiano Carranza, Francisco Vázquez Gómez y Luis Cabrera serían los principales ejemplos.

DE LA OPOSICIÓN A LA LUCHA ARMADA

Las crisis que caracterizaron el final del porfiriato explican que Francisco I. Madero se tornara crítico de la política económica de los “científicos” y llegara a la conclusión de que se debía crear un partido político de alcance nacional que se opusiera a la reelección de Díaz en 1910. A ello se abocó desde la segunda mitad de 1909, realizando tres giras para promover la creación de clubes antirreeleccionistas, que deberían nombrar delegados estatales a una convención nacional que se celebraría a principios de 1910, en la que se constituyó el Partido Nacional Antirreeleccionista y se designó a sus candidatos para las elecciones presidenciales: Madero y el ex reyista Francisco Vázquez Gómez, fórmula que sellaba la alianza entre ambos movimientos.

Hasta ese momento Madero había mostrado una notable capacidad política, pues en poco tiempo pasó de la oposición regional a la nacional y expandió enormemente su popularidad, terminando por desplazar a otros movimientos oposicionistas más experimentados (magonistas y reyistas) e integrando bajo su liderazgo gran parte de sus bases. Ya como candidato presidencial inició otra gira, pero pronto fue aprehendido —acusado de incitar a la rebelión— y confinado en una prisión de San Luis Potosí. Durante su encarcelamiento tuvieron lugar las elecciones, en las que fueron declarados triunfadores Díaz y Ramón Corral, y poco después huyó a Estados Unidos, refugiándose en San Antonio, Texas. Allí, Madero y un pequeño grupo de colaboradores redactaron un plan —fechado todavía en San Luis Potosí— en el que se convocaba a la lucha armada. ¿Cómo se explica que apelara a las armas un pacifista partidario de la lucha democrática? ¿Con quiénes pensó que haría dicha lucha? ¿Previó las secuelas que traería la violencia? Las bases de Madero eran en su mayoría de clase media urbana, pues en las giras sólo había entrado en contacto con gente de ese perfil social. Como era previsible, el llamado a las armas no fue secundado por sus seguidores antirreeleccionistas, pues no reunían las condiciones adecuadas para una aventura armada; además, ser oposicionistas conocidos y habitar en poblaciones los hacía vulnerables: la muerte de los hermanos Serdán, en Puebla, fue una advertencia sobre el destino que esperaba a los antirreeleccionistas citadinos que se involucraran en la rebelión.

El impacto del asesinato de Aquiles Serdán fue decisivo, pues el llamado a las armas ya no tuvo eco entre los antirreeleccionistas originales. Sin embargo, la rebelión tuvo buena acogida en la sierra de Chihuahua, extendiéndose luego a las entidades vecinas: Sonora, Durango y Coahuila. Obviamente, el perfil social de los alzados era distinto: popular y rural; sus reclamos también eran diferentes. Si durante los primeros tres meses los grupos de alzados fueron pequeños, estaban mal armados y desorganizados y practicaban tácticas guerrilleras, en febrero de 1911 Madero finalmente regresó al país para asumir el liderazgo de la lucha, con lo que mejoró la organización del movimiento; así, crecieron las dimensiones de los grupos armados, lo que les permitió atacar poblaciones mayores y enfrentar combates formales; sobre todo, surgieron alzamientos en otras partes del país, como en los estados de Morelos y Guerrero. Para marzo y abril había grupos operando en numerosos escenarios, lo que dificultaba su represión. Por la desconfianza final que Díaz tuvo de Reyes, el ejército federal había sido castigado presupuestalmente y numerosos oficiales prorreyistas habían sido retirados del mando directo de tropas, lo que restó efectividad al ejército, enmohecido además por tantos años de paz. Si se agrega la simpatía de las autoridades norteamericanas por la lucha maderista, podrá comprenderse el rápido inicio de negociaciones para restablecer la paz.

La caída de la población fronteriza de Ciudad Juárez durante la segunda semana de mayo aceleró las pláticas entre gobierno y alzados y fortaleció la capacidad negociadora de los rebeldes, dio lugar a numerosos alzamientos nuevos y paralizó al ejército federal y a muchas autoridades locales, lo que explica la cantidad de tomas incruentas de poblaciones durante la segunda mitad de mayo, proceso que se agudizó luego de firmarse los Tratados de Ciudad Juárez, a finales de ese mes, en los que se aceptó la renuncia de Díaz, y con ello se aseguró el triunfo del movimiento. La Revolución mexicana fue en esa fase inicial una movilización que cambió de oposición electoral a rebelión armada, con otros actores y escenarios: la lucha urbana y de clase media devino rural y popular. Surgieron nuevos líderes, más aptos para una contienda armada rural, que no habían participado en el antirreeleccionismo electoral o al menos no de manera destacada. Fue entonces cuando aparecieron, de manera protagónica, Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata. En términos sociales ello implicó la incorporación de rancheros norteños, de miembros de las ex colonias militares, de proletarios agrícolas, vaqueros, ferrocarrileros, mineros —responsables seguramente de los ataques dinamiteros contra las vías férreas—, obreros, artesanos, profesores rurales, así como la de rancheros sureños —como los hermanos Figueroa en Guerrero— y de numerosos habitantes y autoridades tradicionales de las comunidades campesinas del centro y sur del país, como Zapata y todo su entorno familiar. Contra lo deseado por las autoridades gubernamentales, por el propio Madero y los otros líderes antirreeleccionistas originales, los grupos populares se involucraron indefectiblemente en el proceso de cambio político; de hecho, lo convirtieron en un proceso revolucionario. Los primeros tenían demandas políticas; los otros, reclamos sociales, básicamente agrarios.

EL ANACRÓNICO LIBERALISMO

En los Tratados de Ciudad Juárez se pactó que Díaz sería sustituido, de acuerdo con la ley, por su secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra. Sus responsabilidades serían llevar a cabo el desarme y la desmovilización de las fuerzas rebeldes y organizar nuevas elecciones. Lo primero resultó un proceso muy complicado: si bien muchos de los alzados aceptaron volver a la vida pacífica luego de recibir un pago como gratificación, otros fueron organizados en nuevos “cuerpos rurales”. Sin embargo, los principales grupos de rebeldes se mostraron inconformes: Pascual Orozco y sus seguidores fueron relegados una vez obtenido el triunfo militar, por lo que consideraron insuficientes los beneficios logrados; a su vez, Emiliano Zapata y los alzados sureños se negaron a disolverse o a organizarse como “rurales”, pues no estaban dispuestos a entregar sus armas antes de que les devolvieran las tierras que consideraban usurpadas por los hacendados, actitud que los enfrentó al gobierno interino de León de la Barra.

Respecto a las nuevas elecciones, Madero decidió transformar el Partido Nacional Antirreeleccionista en el Partido Constitucional Progresista; decidió también que para esta segunda elección su compañero de fórmula ya no sería Vázquez Gómez sino José María Pino Suárez, abogado y periodista nacido en Tabasco pero radicado en Yucatán, donde colaboró con el movimiento antirreeleccionista. Resulta cuestionable la conveniencia de ambas decisiones: en ausencia de un proyecto propositivo de gobierno que pudiera obtener un alto grado de consenso, el principio antirreeleccionista, aunque de carácter negativo, había mostrado cualidades unificadoras. Además, el rompimiento con Vázquez Gómez fue desilusionante para muchos por el procedimiento seguido; sobre todo, provocó el alejamiento de muchos ex reyistas de larga experiencia, cualidad política de la que carecería la administración de Madero. Pese a todo, éste obtuvo un triunfo arrollador en las elecciones de octubre de 1911, aunque accedió al poder presidencial luego de haber roto su alianza con reyistas, orozquistas y zapatistas.

La presidencia de Madero, iniciada a finales de 1911 y concluida de forma violenta en febrero de 1913, se distinguió por las transformaciones políticas a que dio lugar: llegaron al gabinete jóvenes pertenecientes a un sector social inferior al de los ministros porfirianos, lo que explica que tuvieran distinta ideología; también llegaron gobernadores muy diferentes a los anteriores, y lo mismo podría decirse de los diputados y senadores; acaso tuvo mayor importancia el desplazamiento de los viejos “jefes políticos” por nuevas autoridades locales elegidas libremente. En resumen, tiene que aceptarse que la salida de Díaz trajo, a la vuelta de algunos meses, la transformación de casi toda la pirámide de poder. Incluso los políticos porfirianos que pudieron sobrevivir tenían ahora funciones oposicionistas. Sobre todo, si hacia 1911 y 1912 las clases medias irrumpieron en el aparato gubernativo y en la toma de decisiones, los obreros y los campesinos aumentaron su capital político. Por otra parte, la presidencia de Madero trajo prácticas políticas más democráticas: hubo elecciones libres y se respetó la libertad de expresión; el poder ejecutivo dejó de dominar al legislativo y al judicial, y el poder central dejó de imponerse a las autoridades estatales y locales.

Junto a estos cambios en la esfera política, Madero y las nuevas autoridades trajeron proyectos novedosos en materias agraria y obrera. Madero, hacendado algodonero y miembro de una familia empresarial, era partidario de la propiedad privada de la tierra, no confiaba en la propiedad comunal agraria y sostenía que debía construirse un sistema dominado por pequeños y medianos propietarios, junto con hacendados eficientes y modernos. En lo laboral fue respetuoso de los derechos organizativos de los obreros, pretendió que éstos mejoraran sus condiciones socioeconómicas sin afectar gravemente las finanzas de los industriales y su gobierno comenzó a actuar como árbitro en conflictos entre los patrones y sus trabajadores. El resultado fue que, gracias al nuevo clima político y al menguado poder de los industriales, durante 1912 creció el número de organizaciones obreras y hubo muchas huelgas. Lo mismo sucedió en el escenario rural: con el enorme aumento del capital político de las masas campesinas gracias a su participación en la lucha armada contra Díaz y la pérdida de poder de los hacendados, en ese año cambió la balanza de fuerzas en el campo: hubo numerosas ocupaciones de tierras reclamadas como usurpadas y muchas solicitudes de aumento de jornales; para su desgracia, los hacendados no contaron con el apoyo irrestricto de las autoridades pues ya no estaban los viejos caciques ni los antiguos “rurales” para respaldarlos.

Paradójicamente, las propuestas reformistas de Madero dejaron insatisfechos a casi todos los grupos políticos y clases sociales del país, lo mismo que a diplomáticos e inversionistas extranjeros. Los hacendados y los empresarios las veían como un precedente peligroso; los obreros y campesinos, que antes habían apoyado a Madero —los primeros durante el periodo electoral y los segundos en la fase armada—, las consideraban insuficientes. Esa insatisfacción generalizada se tradujo en críticas abiertas y en movimientos de oposición, incluso en rebeliones armadas. Fueron cuatro los principales enfrentamientos violentos que padeció el gobierno maderista: dos encabezados por beneficiarios del régimen porfirista: Bernardo Reyes y Félix Díaz, y dos por alzados antiporfiristas desilusionados: Emiliano Zapata y Pascual Orozco. Estas rebeliones pueden ser explicadas como consecuencia de los cambios en la balanza de poder nacional: si los primeros pelearon para recuperar su influencia, los segundos lo hicieron para que su nueva fuerza diera inmediata satisfacción a sus viejos reclamos socioeconómicos. Reyes luchó a finales de 1911 porque creía que en ausencia de Díaz sólo a él le correspondía gobernar el país. Félix Díaz se alzó en Veracruz en octubre de 1912, clamando contra la incapacidad gubernativa de Madero. El problema es que el sobrino de don Porfirio no tenía facultades ni legitimidad para resolver el problema de la reorganización nacional a la que obligaba la gran movilización sociopolítica habida desde las postrimerías del porfiriato. Claro signo de los nuevos tiempos, sus llamados se quedaron sin respuesta.

Las rebeliones populares zapatista y orozquista fueron radicalmente distintas. Los campesinos morelenses no aceptaron el licenciamiento dispuesto en los Tratados de Ciudad Juárez, alegando que no depondrían las armas sin la previa devolución de las tierras que reclamaban como usurpadas por los hacendados. Su actitud dio lugar a que el presidente León de la Barra los considerara rebeldes. Al llegar Madero a la presidencia formalizaron su lucha mediante el Plan de Ayala, que exigía la solución de los problemas agrarios y proponía que la comunidad campesina fuera la unidad rural fundamental en el país. La importancia militar del zapatismo no coincide con su relevancia histórica. A todo lo largo de 1912 su lucha fue de reducida intensidad. En cambio, la rebelión orozquista fue notoriamente violenta. Orozco y sus numerosos partidarios se rebelaron en marzo de 1912, con el Plan de la Empacadora, por dos razones: los líderes consideraron insuficiente el pago —económico y político— recibido por su decisiva participación en la victoria sobre don Porfirio, y la soldadesca consideró moderadas y lentas las reformas sociales propuestas por Madero. A diferencia de la zapatista, ésta fue una rebelión más pluriclasista que agrarista, pues además de los numerosos grupos populares no campesinos involucrados, contó con una participación considerable de la clase media regional. Tampoco fue localista: además de que llegó a dominar en todo Chihuahua, incluyendo la capital estatal, tuvo presencia en otras entidades norteñas, como Durango, Coahuila y Sonora, e incluso en Zacatecas y San Luis Potosí. Fue tal su fuerza, que al principio se temió que terminara por vencer al gobierno maderista.

Para poder derrotar a los orozquistas se colocó al mando de la campaña al general Victoriano Huerta con numerosos elementos y recursos. También se dispuso que en la batida a los orozquistas colaboraran sus ex compañeros en la lucha contra Díaz que habían permanecido leales al gobierno, como Pancho Villa, los que fueron incorporados como auxiliares al ejército federal. El objetivo era contar con elementos igualmente hábiles en los métodos guerrilleros y con la misma capacidad de identificación con los sectores populares lugareños. Además, los gobernadores norteños organizaron fuerzas estatales para rechazar las incursiones orozquistas, destacando las del coahuilense Pablo González y las del sonorense Álvaro Obregón. El resultado fue doble: con la suma de ex maderistas auxiliares y fuerzas estatales el movimiento revolucionario adquirió fuerza; con su triunfo, el ejército federal recuperó la confianza y encontró en Huerta a su nuevo caudillo natural, situación que se manifestaría de manera dramática poco después, cuando decidió rebelarse contra el gobierno constituido.

A finales de 1912 y principios de 1913 Madero creyó que al fin había alcanzado la estabilidad por haber derrotado las cuatro rebeliones. Su optimismo se basaba en un diagnóstico equivocado: las cuatro habían padecido serias limitaciones, y a pesar de haber sido vencidas trajeron graves daños al gobierno de Madero. En una situación política muy riesgosa, con un ejército resentido pero recuperado y con un gobierno aislado y con muchos enemigos, Bernardo Reyes y Félix Díaz creyeron, en febrero de 1913, que juntos y en la propia sede de los poderes federales podrían desarrollar un movimiento contrarrevolucionario exitoso. Aunque otra vez fracasaron, el nuevo caudillo militar, Victoriano Huerta, asumió el mando de ese movimiento, por el que Madero pudo ser final y fatalmente derrocado. El acuerdo de los “golpistas” victoriosos es conocido como el Pacto de la Ciudadela, por haber sido éste el sitio donde se parapetaron, o como Pacto de la Embajada, por haber sido firmado en las instalaciones de la representación norteamericana. La oposición simultánea del gobierno de Washington —acaso por los impuestos maderistas al petróleo—, del ejército federal, de los grupos políticos porfirianos y de los hacendados y empresarios, junto con la desintegración del frente antirreeleccionista, la desilusión de las clases medias y la inexperiencia gubernamental, terminaron por hacer insostenible a Madero, quien murió asesinado durante el cuartelazo que lo derrocó en febrero de 1913.

LA LUCHA CONSTITUCIONALISTA

El gobierno de Huerta comenzó siendo una amalgama de casi todos los grupos políticos antimaderistas, con felicistas, reyistas, “científicos”, católicos e incluso orozquistas. Además, Huerta contó con el apoyo irrestricto del ejército federal, de los hacendados y de los empresarios. Por lo que se refiere al gobierno norteamericano, su apoyo a Huerta fue breve, pues a las pocas semanas Woodrow Wilson —del Partido Demócrata— sustituyó a William Taft —del Partido Republicano—, y modificó radicalmente su postura hacia México. El ascenso de Huerta a la presidencia provocó la airada movilización de la mayoría de los ex rebeldes antiporfiristas, muchos de ellos veteranos también de la lucha contra el orozquismo y otros tantos convertidos en autoridades locales maderistas. Esto explica que la lucha contra Huerta buscara proteger y conservar los cambios y puestos políticos alcanzados con Madero, así como oponerse al intento de restaurar un gobierno dominado por políticos porfiristas, apoyado en un poderoso ejército federal y favorable a los hacendados y al resto de las clases altas del antiguo régimen.

La rebelión contra Huerta se desarrolló desde un principio en cuatro escenarios importantes, cada uno con sus particularidades sociales, políticas, ideológicas, económicas y militares. El primero fue Coahuila, encabezado por el gobernador Venustiano Carranza, viejo político reyista convertido en antiporfirista hacia 1909. Carranza y las otras autoridades coahuilenses no reconocieron a Huerta, al que declararon rebelde, y convocaron a la creación de un ejército —el Constitucionalista— con el propósito de derrocarlo y restaurar la legalidad. El movimiento antihuertista de Coahuila se caracterizó por su naturaleza legalista y por tener como jefe a un gobernador. Comprensiblemente, los segundos mandos recayeron en los principales políticos y burócratas locales. En cuanto a fuerzas militares, se contó con los veteranos de la lucha contra Díaz. Esas peculiaridades quedaron plasmadas en el Plan de Guadalupe. Si bien en el aspecto militar tuvieron una contribución menor en el triunfo sobre Huerta, fueron fundamentales para la organización, legitimación y administración de la lucha.

En el estado de Sonora el liderazgo fue tomado por varios miembros de la clase media, quienes habían estado constreñidos económica y políticamente durante el porfiriato, pero que habían alcanzado apreciables puestos públicos durante el maderismo. El objetivo de su lucha era conservarlos. Los más importantes fueron Álvaro Obregón, Salvador Alvarado, Plutarco Elías Calles, Manuel Diéguez y Adolfo de la Huerta, entre otros. Además de poder político, éstos tenían cierta capacidad militar, por la experiencia de las luchas contra los indios yaquis y porque muchos habían combatido al porfirismo y al orozquismo. Otra característica notable fue que los conflictos agrario-indígenas —en especial de las tribus mayo y yaqui— y laborales —Cananea— habían dado lugar a que la clase media oposicionista local estableciera alianzas con grupos populares. Así, además de su capacidad militar, la facción sonorense aportaría al movimiento su experiencia como clase media capacitada para establecer pactos y acuerdos con grupos populares.

El contingente antihuertista de Chihuahua —y del norte de Durango— era muy particular, al grado de ser dirigido por un miembro de las clases bajas: Pancho Villa. A diferencia de los alzados en Coahuila y Sonora, Villa no era una autoridad local sino un rebelde típico; en consecuencia, sus lugartenientes y los líderes secundarios también pertenecían a los sectores populares. Volvieron a tomar las armas para impedir que Pascual Orozco alcanzara el poder local o que regresara la oligarquía encabezada por la familia Terrazas. Al margen del aspecto militar, su principal contribución fue aportar al constitucionalismo un enorme y protagónico contingente de origen popular. Gracias al villismo, la lucha antihuertista norteña no se limitó a ser legalista y de clases medias. Sin embargo, si bien el contingente villista era popular, de ninguna manera era exclusivamente campesino: además de muchos jornaleros agrícolas, aparceros, “medieros”, rancheros pobres y miembros de las ex colonias militares, en él participaron también numerosos grupos de vaqueros, mineros, ferrocarrileros y obreros.

La lucha contra Huerta no fue exclusivamente norteña. La llegada de éste al poder cambió la naturaleza de la lucha de los zapatistas, aumentando su intensidad. Para comenzar, desapareció la esperanza de que se llevara a cabo alguna reforma agraria, pues desde un principio fue evidente que el proyecto huertista para la entidad lo articulaban el ejército federal y los hacendados. Además, sus métodos represivos fueron cruentos y drásticos, lo que aumentó el número de alzados, pues los habitantes de las comunidades campesinas se vieron obligados a intensificar su lucha defensiva. Los zapatistas participaron en la lucha sin reconocer el liderazgo de Carranza, y gracias a ellos la fase antihuertista de la revolución fue birregional, y las demandas fundamentalmente políticas de 1909 y 1910 se vieron enriquecidas con varios reclamos sociales, en particular la devolución de las tierras usurpadas y el respeto a las comunidades campesinas tradicionales, consideradas como instituciones no sólo válidas sino definitorias en el agro mexicano.

Las diferencias sociogeográficas se tradujeron en profundas divergencias políticas, ideológicas y militares. Al margen de la jefatura que le concedía el Plan de Guadalupe, Carranza sólo encabezaba un ejército rebelde compuesto por sus empleados civiles y militares. Para poder convertirse en el auténtico jefe de toda la rebelión, procedió a exportar su movimiento a las entidades vecinas. A pesar de que con ello disminuía su escasa fuerza militar, Carranza prefirió enviar elementos suyos para fomentar la sublevación en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí. Así pasó de jefe estatal a jefe regional. Sin embargo, el debilitamiento de las fuerzas que permanecieron en Coahuila permitió que los huertistas recuperaran la entidad a mediados de 1913, obligando a Carranza a abandonarla y a radicarse en Sonora, experiencia que le permitió relacionarse con revolucionarios de otros perfiles sociales. Sobre todo, le permitió convertirse en el jefe real de la rebelión en dos regiones: el noreste y el noroeste.

A principios de 1914 los rebeldes dominaban ya el norte del país, y desde mediados y finales de 1913 habían cundido movimientos antihuertistas de considerable intensidad en San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Veracruz. En cambio, el centro, sur y sureste estaban poco involucrados en la rebelión: además de Morelos y sus zonas vecinas —escenarios de una violenta guerra entre el depredador ejército huertista y el ejército zapatista, compuesto por la suma de las unidades defensivas de las comunidades campesinas de la zona—, en el centro del país apenas había movimientos de consideración en Hidalgo y Tlaxcala. Son varias las explicaciones sobre el débil desarrollo de la rebelión en esa región, como su cercanía a la capital y la importancia del paso del ferrocarril a Veracruz por Puebla y Tlaxcala, lo que creó un importante “corredor” industrial, por lo que resultaba estratégico su control y obligaba a su represión. Respecto al sur, si bien en Guerrero hubo numerosas fuerzas rebeldes, en Oaxaca sólo operaban unas cuantas. Hacia el sureste, en Tabasco había varios cabecillas, pero sus acciones no llegaron a inquietar al gobierno. Seguramente su composición social, dominada por finqueros paternalistas y por peones e indígenas, así como su lejanía y virtual incomunicación, lo convirtieron en una zona renuente a participar en la lucha antihuertista.

Hacia marzo y abril de 1914 los ejércitos norteños iniciaron su avance al centro con el propósito de echar a Huerta de la capital del país. Juntos, Obregón por el occidente, Villa por el centro y Pablo González por el oriente, conformaban una fuerza arrolladora. La derrota de Huerta era inevitable en tanto su ejército operaba con una estrategia defensiva y estática, parapetándose en las ciudades principales; peor aún, haber sido rechazado por el gobierno de Washington y su falta de control de la frontera norteña le provocaron una severa crisis económica, por lo que no pudo reclutar nuevos soldados ni adquirir armas y municiones. A diferencia del movimiento rebelde, en continuo progreso desde sus inicios, el gobierno huertista padeció un constante deterioro. En términos políticos, la gran alianza conservadora que se formó luego del cuartelazo de febrero de 1913 se desintegró pronto, restándole representatividad, legitimidad y eficiencia. En términos diplomáticos, la llegada a la presidencia del demócrata Woodrow Wilson y la pérdida por Huerta de la región donde se encontraban las principales inversiones norteamericanas, explican el creciente distanciamiento entre los gobiernos huertista y estadounidense. El inicio del derrumbe del huertismo puede ubicarse hacia abril de 1914, cuando comenzó el asalto al centro por los ejércitos norteños y los marines norteamericanos invadieron Veracruz para impedir que Huerta recibiera un embarque de armas procedente de Europa.

El avance de los ejércitos norteños motivó numerosos alzamientos tardíos en los estados centrales del país. A su vez, cada derrota del ejército huertista implicó deserciones de las autoridades civiles. Aunque la División del Norte villista llegó en junio a Zacatecas, Carranza decidió que sólo los ejércitos de González y Obregón tomaran la capital del país, disponiendo que Villa permaneciera en el norte. Esta decisión fue la última expresión de una larga serie de desavenencias entre ellos, producto de sus múltiples diferencias socioeconómicas y político-ideológicas. La escisión de los constitucionalistas estuvo próxima a consumarse, aunque finalmente pudieron llegar a un acuerdo: Villa seguiría siendo elemento fundamental en la lucha contra Huerta, aunque permanecería en el norte, y Carranza convocaría a una convención de generales tan pronto ocupara la Ciudad de México, que resolvería sobre las reformas sociales que se requerían y sobre el próximo presidente del país.

Salvo este conflicto, el avance revolucionario continuó sin contratiempos: Obregón lo hizo hacia Sinaloa y Jalisco, ocupando Guadalajara, desde donde se dirigió al centro; González por Monterrey, Tampico, San Luis Potosí y Querétaro. La facilidad del avance no refleja la importancia histórica del proceso. Para comenzar, el movimiento dejó de ser norteño y se convirtió en uno que abarcaba al menos la mitad del país. La ampliación geográfica implicó una ampliación social. Dado que el avance revolucionario obligó a las élites y a las autoridades huertistas a huir, abandonando sus puestos, las fuerzas rebeldes acudieron a las clases medias no huertistas para que colaboraran en la reconstrucción de los gobiernos locales, lo que permitió a dichas clases llegar al poder. Asimismo, a la llegada de las fuerzas revolucionarias se establecieron pactos con las clases populares lugareñas, con decretos obreristas y agraristas a cambio de su apoyo. Así, durante esos meses la lucha antihuertista se trasladó a nuevos escenarios e involucró a nuevos actores, muy diferentes de los rebeldes norteños, quedando obligados éstos a proponer un proyecto de reconstrucción cabalmente nacional, en términos geográficos y sociales. En estas alianzas políticas y compromisos sociales se encuentra el origen del Estado mexicano posrevolucionario. Si la lucha electoral maderista había sido sostenida por las clases medias urbanas, y la rebelión antiporfirista había sido hecha por sectores populares norteños encabezados por un distante miembro de la élite, la lucha constitucionalista contra Huerta se caracterizó por las alianzas entre sectores medios y populares, encabezados todos por un viejo miembro radicalizado del aparato político porfirio-reyista.

EL CONSTITUCIONALISMO VERSUS LOS CONVENCIONISMOS

La Revolución mexicana empezó otra etapa y tomó un nuevo derrotero con la ocupación de la Ciudad de México y el triunfo sobre el gobierno y el ejército huertistas, victoria plasmada en los Tratados de Teoloyucan, de agosto de 1914, por los que el movimiento antihuertista devino gobierno y su ejército pasó de rebelde a pacificador. Otro cambio notable lo impuso el contacto con la zona central, que incluía la Ciudad de México; la más grande concentración industrial del país, en la misma Ciudad de México y en Puebla, Tlaxcala y Orizaba, y las regiones más conflictivas en cuanto a las relaciones entre las haciendas y las comunidades campesinas, en Morelos, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. Fue entonces también cuando el constitucionalismo pasó de movimiento regional —norteño— a casi nacional, primero al ocupar el centro y la costa oriental, y luego al extenderse al sur y al sureste.

El reto no era sencillo, pues el constitucionalismo debía realizar labores gubernamentales a pesar de que carecía de un proyecto cabalmente definido y de un aparato político-burocrático solvente en experiencia y suficiente en cantidad, situación que lo obligó a conformar un equipo compuesto básicamente de tres elementos: militares y políticos constitucionalistas que tuvieran experiencia o capacidad administrativa; miembros de las clases medias marginados por los gobiernos porfirista y huertista, y la burocracia media y baja del antiguo régimen que pudo reciclarse. Con este aparato debía llevar adelante las reformas sociales a que se había comprometido, en particular cambiar la estructura de la propiedad agraria y multiplicar las medidas obreristas. Asimismo, debía garantizar la estabilidad que exigían las clases medias. En efecto, para establecerse como gobierno debía satisfacer los reclamos socioeconómicos que le planteaban las clases populares, pero sin provocar el miedo o el rechazo de las clases medias y de los inversionistas extranjeros. De otra parte, el nuevo gobierno constitucionalista necesitaba extender su dominio al sur y sureste del país, regiones donde no se había luchado contra Huerta, por lo que aún no se debilitaban las élites locales ni se desarrollaban “cuadros” de colaboradores o redes de partidarios y simpatizantes del cambio.

El problema mayor consistía en que, derrotado el enemigo común —Huerta—, los victoriosos ejércitos rebeldes habrían de enfrentarse entre sí, pues todos ellos —constitucionalistas, villistas y zapatistas— deseaban imponer su propuesta de desarrollo al resto del país, a pesar de que las de los dos últimos eran parciales, social y geográficamente. Si bien hubo intentos por resolver de manera pacífica las controversias y llegar a un proyecto común, las diferencias eran insalvables y el conflicto inevitable. Los intentos conciliadores y las manifestaciones de hostilidad coexistieron durante la segunda mitad de 1914. El mayor ejemplo fue la Convención, compromiso adquirido por carrancistas y villistas en los Pactos de Torreón, para que en común definieran las reformas políticas y sociales que requería el país. Las sesiones comenzaron el primero de octubre en la Ciudad de México, pero sin villistas ni zapatistas, razón por la cual pronto se suspendieron, acordándose que se reanudarían en Aguascalientes, plaza equidistante entre el norte y la capital del país. En esa segunda fase disminuyeron los delegados carrancistas; en cambio, se contó con la presencia de villistas y zapatistas, representados éstos por delegados de origen urbano que exigieron que la Convención reconociera la supremacía del Plan de Ayala. Es incuestionable que esta asamblea tenía mayor representatividad social que la anterior, pues contaba con los mayores grupos populares; además, se declaró soberana, se convirtió en gobierno y desconoció la jefatura de Carranza, quien abandonó la Ciudad de México y se dirigió a Veracruz, plaza menos vulnerable que la capital y controlada por los marines norteamericanos, quienes la desalojaron para que la ocuparan los constitucionalistas.

La guerra se había reanudado: las tropas de Villa avanzaron sobre la capital, donde convergieron con los zapatistas a principios de diciembre de 1914; mientras, Carranza iniciaba sus preparativos bélicos en Veracruz. Los bandos se redefinieron: los obregonistas resolvieron permanecer como subalternos de Carranza, y los villistas y zapatistas creyeron que, al ser ambos de origen popular, podían aliarse y luchar por imponer un proyecto común. El país padecería, a todo lo largo de 1915, la llamada “guerra de facciones”. Al principio todo parecía indicar que los ejércitos populares de Villa y Zapata derrotarían a las fuerzas dirigidas por las clases medias de Carranza y Obregón. A pesar de tales pronósticos, el resultado fue diametralmente distinto, lo que se explica por factores políticos, militares, económicos y sociales. El gobierno de la Convención se caracterizó por estar encabezado por presidentes —Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza y Francisco Lagos Cházaro— muy débiles, enfrentados a una u otra de las facciones populares, o a ambas. Esta situación atemorizó a la clase media, que rompió con la Convención, la cual vio mermada su capacidad de diseño gubernamental, y reducida su posibilidad de establecer alianzas políticas y sociales pluriclasistas y de lograr la confianza de la opinión pública, nacional e internacional. Para colmo, desde un principio la Convención se caracterizó por su permanente secesionismo y por su dependencia de la fuerza militar del caudillo Villa. Más aún, la debilidad de sus sucesivos presidentes fue doble: además de que el poder lo detentaban los caudillos militares, Villa o Zapata, o sus principales lugartenientes, el parlamentarismo que campeaba en esta facción siempre puso al jefe del ejecutivo por debajo de los principales ideólogos y delegados, entre quienes sobresalió Antonio Díaz Soto y Gama, viejo liberal potosino hecho zapatista. La incapacidad gubernamental y la falta de cohesión sociopolítica fueron las mayores características de la Convención.

En cambio, la facción constitucionalista sólo tuvo un jefe, don Venustiano, experimentado y prestigiado. Sobre todo, el constitucionalista era un grupo más homogéneo, con la disciplina suficiente para conservar su unidad, identidad y estructura, a diferencia del convencionismo, que se organizó a partir de una alianza reciente de grupos norteños populares modernos (los villistas) con grupos de campesinos tradicionales del centro y sur del país (los zapatistas). Dicha alianza era imposible de sostener: pronto surgieron diferencias sociales e ideológicas que minaron su capacidad gubernativa y debilitaron su fuerza militar.

La facción convencionista también resultó inferior en el aspecto militar, pues estaba compuesta por dos ejércitos con muy distintos componentes, estrategias y objetivos, al grado de que no hubo colaboración entre ellos. Mientras los villistas sabían que primero había que obtener el triunfo militar, dedicándose por entero a buscarlo, los zapatistas estaban convencidos de que lo prioritario era reorganizar su región en términos políticos y de estructura de la propiedad agraria, para luego exportar dicho modelo al resto del país. Esto explica que mientras los villistas estuvieron comprometidos en una cruenta guerra en varias regiones distantes (el Bajío, la Huasteca petrolera y el noreste), los zapatistas sólo sostuvieron una lucha defensiva, intentando conservar aislada su región. Además de por la falta de cooperación suriana, los villistas se vieron afectados por problemas “municionísticos”. Hasta agosto de 1914 habían dispuesto del mercado norteamericano; sin embargo, el estallido de la primera guerra mundial hizo que los países europeos amigos de Estados Unidos adquirieran toda su producción armera, elevándose con ello los precios. Por otra parte, dado que los constitucionalistas fueron los primeros en ocupar la Ciudad de México, tomaron control de los talleres de armas y de las fábricas de municiones construidas por el gobierno porfirista y mantenidas por el huertista.

En la “guerra de facciones” también influyeron los factores táctico-estratégicos. Para comenzar, Carranza calendarizó adecuadamente la contienda: conocedor de la inclinación defensiva de los zapatistas, decidió enfrentar primero al villismo. Además, los constitucionalistas tenían la experiencia de operar divididos —cuando menos en ejércitos del noreste y del noroeste—, a diferencia de la División del Norte, siempre unida pero que ahora tuvo que partirse para luchar simultáneamente en el centro, el golfo y el noreste del país. Por último, la táctica que le había dado tantos triunfos contra el ejército huertista, la “carga de caballería”, no funcionó contra las trincheras constitucionalistas. Otro factor fundamental en el resultado de la “guerra de facciones” fue el económico. Por un lado, los zapatistas repartieron las haciendas, lo que, criterios de justicia aparte, significó un golpe mayúsculo a la economía local. Por el otro, Chihuahua era el único estado del país donde la violencia había sido constante desde finales de 1910, por lo que la destrucción de la riqueza era allí más severa. Por ende, Villa enfrentaría la etapa más violenta de la revolución sin recursos para reclutar soldados y adquirir armas, súbitamente encarecidas, para colmo, por la gran demanda europea.

En cambio, al avanzar al centro, oriente y sureste del país, los constitucionalistas dominaron regiones valiosas que no habían sido alcanzadas por la violencia, como las zonas cerealeras de Querétaro y el Bajío; asimismo, al ocupar la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz se posesionaron de las zonas fabriles más importantes del país; más significativo resultó el control de la exportación petrolera por el golfo, y de la exportación del henequén luego de ocupar Yucatán. Por si esto fuera poco, la facción convencionista dominó la Ciudad de México de finales de 1914 a agosto de 1915, y aunque ello fue visto como una señal de fortaleza militar y política, su control obligaba a responsabilizarse de la alimentación, la seguridad y la salud de la mayor concentración de población del país.

La expansión constitucionalista al centro, oriente, sur y sureste del país le dio, además de recursos económicos, la posibilidad de reclutar contingentes humanos frescos. Ese crecimiento geográfico trajo aparejado el aumento de su representatividad social. Así, mientras una facción alcanzó presencia nacional, la otra terminó por quedar integrada por dos fuerzas regionalistas distantes. El constitucionalismo pudo entonces desarrollar una política doble: por un lado, favoreció el ascenso de la clase media; por el otro, sin atemorizar a la burguesía, atrajo a los sectores populares mediante concesiones sociales. Así se explican las adiciones al Plan de Guadalupe, de diciembre de 1914; la ley agrarista de enero de 1915, y el pacto, al mes siguiente, con la Casa del Obrero Mundial, la mayor organización de trabajadores del país. Aun concediendo que no fuera sincero el populismo carrancista, y suponiendo que sólo buscara sustraerle bases populares a la facción convencionista, lo cierto es que el zapatismo no pudo incorporar a los grupos campesinos de los estados vecinos ni se interesó por establecer una alianza con el proletariado del centro del país, y que el villismo pronto perdió los numerosos apoyos populares de que gozó durante 1914. A finales de 1915 el triunfo constitucionalista era incuestionable: había derrotado al villismo en todos los frentes y arrebatado a los zapatistas la Ciudad de México. El gobierno de Carranza fue reconocido por el norteamericano en octubre de 1915, y dedicó el resto de ese año y todo 1916 a consolidar su triunfo y a afinar su proyecto nacional.

VIRTUDES Y LÍMITES DEL CARRANCISMO

La etapa gubernativa carrancista se divide en dos fases, preconstitucional y constitucional, siendo mayo de 1917 la línea divisoria. La primera se caracterizó porque el aspecto militar era el predominante. Permanecían en armas los villistas y zapatistas, además de que cundieron otros movimientos armados en varias partes del país para rechazar la implantación del modelo revolucionario, como en la región petrolera de la costa superior del golfo de México, en Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Otro de los mayores problemas del año 1916 fue diplomático y militar, pues como represalia de la incursión de Villa al pueblo de Columbus, en Nuevo México, el gobierno norteamericano envió —sin buenos resultados— una fuerte columna “punitiva” para combatirlo, que permaneció en México de abril de 1916 a febrero de 1917. El año de 1916 también se caracterizó por un claro proceso institucionalista y por el predominio de las actitudes moderadas en la facción vencedora. En tanto los villistas y zapatistas ya habían sido derrotados, el gobierno carrancista dejó de requerir apoyos populares masivos, por lo que comenzó a revertir la tendencia, dominante en 1914 y 1915, de hacer grandes concesiones sociopolíticas a tales sectores.

Para transitar del proceso revolucionario a la creación del Estado posrevolucionario los grupos vencedores debían definir su proyecto de país, lo que hicieron, precisamente, mediante la Constitución de 1917. A pesar de que la lucha contra Huerta tenía como primer objetivo la restauración de la legalidad a partir de la Constitución de 1857, ésta era inviable después de los siete años de lucha. La nueva ley suprema debía ser elaborada por diputados elegidos a todo lo largo del país. Su número sería determinado por la cantidad de habitantes de cada estado, y no podían ser elegidos quienes hubieran sido enemigos del constitucionalismo, lo que excluía a huertistas y a convencionistas: el modelo de país sería definido por los revolucionarios vencedores, quienes no estaban dispuestos a arriesgar en la tribuna lo que habían ganado en los campos de batalla. La participación excluyente de constitucionalistas no suponía una total homogeneidad. Los diputados constituyentes procedían de todas las regiones del país, lo que implicaba diferentes realidades sociohistóricas, y cada uno traía sus particulares antecedentes políticos y preferencias ideológicas: había algunos antiguos simpatizantes del catolicismo social; otros habían sido partidarios del magonismo; varios eran ex reyistas, y otros habían colaborado con el régimen maderista. Todas estas diferencias explican las polémicas que hubo a lo largo de las sesiones.

La Constitución puede ser vista como un “parteaguas”: consumación ideológica de la revolución y fundamento normativo del nuevo Estado. Con ella el proceso revolucionario, esencialmente destructivo, pasó a convertirse en gobierno constructivo y regulador. Asimismo, si la lucha armada había sido hecha por gente proveniente del mundo rural, los diputados que delinearon el México futuro fueron elegidos por y entre gente urbana. De otra parte, tanto por la baja densidad demográfica de los estados norteños como por la situación bélica que se vivía en entidades como Morelos y Chihuahua, lo cierto es que las regiones que habían sido las más activas en la lucha armada tuvieron menos representantes en el congreso constituyente que los que tuvieron estados que habían sido marginales o incluso contrarios a la lucha armada. Nótese que Chihuahua sólo tuvo un diputado titular; Sonora cuatro, y Coahuila cinco, mientras que Jalisco tuvo 20, Puebla y Veracruz 18 cada uno, Guanajuato y Michoacán 17, y Oaxaca diez.

La nueva constitución rápidamente mostró sus semejanzas y diferencias con la de 1857. Mientras que ésta fue doctrinaria en su liberalismo, la nueva fue muy realista, acorde con la complejidad del país; además, reflejó las condiciones internacionales de su tiempo, ya siendo evidente la decadencia de las aristocracias y las oligarquías, y la crisis de los estados liberales. Recuérdese que la Constitución de 1917 se hizo entre la primera guerra mundial y la revolución bolchevique. La complejidad sociohistórica mexicana fue la causa por la cual la nueva constitución avaló formas de propiedad individual y colectiva, así como la coexistencia de empresas privadas y estatales. En lo político, México siguió siendo una república federal, representativa y democrática. Sin embargo, ahora el poder ejecutivo sería el predominante, seguramente por la necesidad que se tenía de que un solo mando dirigiera la impostergable reconstrucción nacional. Por lo mismo, se diseñó un país estatista, y en consecuencia autoritario, con un Estado interventor en materias como la economía, la educación y la religión. La nueva constitución resultó nacionalista, pues la revolución había buscado terminar con el carácter de México como país neocolonial, y porque acababan de padecerse la invasión norteamericana a Veracruz y la “expedición punitiva”. Asimismo, garantizaba grandes concesiones a los sectores populares del país, ya fueran reparto agrario o beneficios a los obreros. Dada la fuerza militar y política adquirida por estos grupos durante la lucha revolucionaria, dichas concesiones eran imprescindibles. La Constitución de 1917 era la única posibilidad de crear un Estado capaz de consolidar y reglamentar el proceso de transformación que había experimentado el país al pasar del México porfiriano al revolucionario.

La puesta en vigor de la nueva constitución y el inicio de la presidencia constitucional de Carranza, en mayo de 1917, dieron inicio formal al México posrevolucionario, aunque todavía faltaban tres años para que se estableciera el auténtico Estado posrevolucionario. Durante su presidencia constitucional Carranza enfrentó graves problemas políticos, militares, económicos, internacionales y sociales. Para comenzar, la entrada en vigor de la constitución obligaba a la puesta en práctica de normas y procedimientos poco conocidos en el país. Después de 30 años de porfiriato y de siete de lucha revolucionaria, se tenía que empezar a elegir a todas las autoridades; asimismo, los poderosos jefes militares debían acatar a las nuevas autoridades civiles; también tenían que comenzar a respetar las garantías individuales. Sin embargo, eran enormes las dificultades para construir un régimen democrático en un país que carecía de la cultura política y de las instituciones adecuadas, y cuya historia reciente había oscilado entre el autoritarismo y el desorden.

Los problemas militares no desaparecieron con la vuelta a la legalidad. En efecto, Carranza tenía que continuar su labor de pacificación y sometimiento; de lo contrario, varias regiones del país seguirían ajenas a su autoridad y al proceso de cambio. Además de reducir la fuerza de villistas y zapatistas, tenía que emprender campañas serias contra varios grupos de rebeldes menores, de bandoleros y de los denominados genéricamente “contrarrevolucionarios”, entre los que destacaban las fuerzas de Manuel Peláez y de Félix Díaz, que operaban en la región petrolera y en la zona central de Veracruz, los rebeldes “soberanistas” de Oaxaca y los ejércitos de los finqueros de Chiapas. Lo grave fue que Carranza tuvo que enfrentar todos estos desafíos con un ejército deficiente, indisciplinado y mal armado. Las campañas militares provocaron numerosos conflictos políticos, pues los militares se negaban a reducir sus atribuciones. También generaron problemas sociales, pues dieron lugar a graves y numerosos excesos (el “carranceo”) contra la sociedad. Por último, las campañas militares agravaron el problema económico que asolaba el país, pues continuó la destrucción de la riqueza nacional y se tuvo que destinar gran parte del presupuesto gubernamental al renglón militar. Asimismo, una parte considerable de la fuerza de trabajo del país había muerto o quedado inutilizada durante la lucha armada, y otra parte igualmente numerosa había emigrado o formaba parte de alguno de los ejércitos y grupos en armas. El problema era cualitativo además de cuantitativo: el exilio de numerosos hacendados, empresarios y profesionistas había mermado el capital humano del país. Para colmo, la primera guerra mundial impidió que fluyeran a México el comercio y la inversión extranjera, lo que también pospuso la reactivación de la economía nacional.

El conflicto europeo también trajo serios problemas diplomáticos, pues el gobierno estadounidense presionó al de México para que abandonara la neutralidad y actuara en favor de los países aliados. Carranza no sólo mantuvo su postura de estricta neutralidad, sino que fue acusado de germanófilo, pues el canciller alemán Zimermann le ofreció ayuda militar si México iniciaba una guerra contra Estados Unidos para recuperar los territorios perdidos a mediados del siglo xix. Al término de la contienda europea varios políticos norteamericanos exigieron castigar a Carranza por su conducta contraria a Estados Unidos a lo largo de esos años. Dado que su presidencia habría de concluir en 1920, Washington prefirió no tomar una decisión radical que pudiera afectar los cuantiosos intereses estadounidenses invertidos en México y dejó que éste siguiera su evolución como país posrevolucionario, presionando tan sólo para que tendiera hacia la moderación y la institucionalización, y no hacia el radicalismo.

Durante el año de 1920 el país tuvo una transformación decisiva, que comenzó con la campaña electoral por la sucesión presidencial entre Álvaro Obregón, distanciado ya de Carranza pero con fuertes apoyos entre numerosos grupos revolucionarios —militares y civiles, urbanos y rurales, populares y de clase media—, e Ignacio Bonillas, un viejo funcionario constitucionalista —en ese momento embajador en Washington— que gozaba de la confianza de don Venustiano pero que era desconocido entre los soldados revolucionarios y la opinión pública. Dado que durante varios años el ejército nacional —Constitucionalista hasta mayo de 1917— había sido la institución con mayor organización y fuerza política en el ámbito nacional, y dado el desnivel en cuanto a redes sociopolíticas, prestigio y popularidad entre Obregón y Bonillas, para que el grupo de Carranza conservara el mando necesitó acudir a tácticas imposicionistas. La consecuencia fue la revuelta de Agua Prieta, que resultó breve y prácticamente incruenta. Las actitudes procivilistas de Carranza le impidieron contar con el apoyo de su propio ejército, por lo que tuvo que huir de la Ciudad de México, y murió durante una emboscada en un poblado de la sierra poblana.

Este conflicto se caracterizó por el aislamiento en que terminó Carranza y por los apoyos rápidamente conquistados por Obregón. Numerosas organizaciones sociopolíticas, tanto gubernamentales como opositoras, y varios grupos rebeldes de muy distinto signo, se adhirieron al movimiento aguaprietista, que comenzó a ser visto como una “revolución unificadora”. La explicación más plausible es que para don Venustiano sus diferencias con los otros ex revolucionarios —Villa y Zapata— sólo podían resolverse militarmente, mientras que Obregón, Calles y los demás líderes aguaprietistas consideraban que dicho conflicto era sociopolítico: en lugar de luchar contra ellos se les debía incorporar al nuevo Estado. Conscientes de que el modelo carrancista de Estado posrevolucionario contradecía su naturaleza y se condenaba a la inestabilidad crónica, los nuevos jefes se mostraron dispuestos a hacer las concesiones políticas y sociales que exigían los grupos que tan importantes habían sido a todo lo largo de la prolongada contienda.

EL NUEVO ESTADO

El Estado posrevolucionario mexicano nació hacia 1920, pues sólo entonces lo conformaron, con distintos grados de beneficio e influencia, los grupos fundamentales durante el proceso revolucionario. A partir de 1920 asumió el poder una clase media distinta social, política e ideológicamente al grupo carrancista, pues carecía de vínculos con el antiguo régimen. Parte del poder de estas clases medias nuevas provenía de su alianza con los sectores populares. Si bien éstos ya no aspiraban al liderazgo nacional, como lo habían hecho durante 1915 en la Convención, a cambio de su apoyo y subordinación obtuvieron concesiones políticas apreciables y sociales. Con todo, esta alianza no implicaba que el Estado mexicano posrevolucionario fuera radical, pues las clases medias ahora en el poder también habían pactado con los alzados contrarrevolucionarios, quienes representaban élites regionales.

Es incuestionable que la revolución fue el acontecimiento histórico más importante del siglo xx, en tanto que produjo un nuevo Estado, encabezado por unas clases medias no radicales pero que vieron la necesidad de satisfacer los principales reclamos de los grupos populares que habían participado decisivamente en la lucha. La revolución había sido un proceso bélico y sociopolitico de 10 años de duración, que implicó el ascenso de los sectores medios y populares y el desplazamiento de las oligarquías porfirianas. De 1910 a 1912 fue encabezada por miembros disidentes de estas élites, apoyados por numerosos grupos de clase media y algunos elementos populares. A partir de 1913 la clase media asumió el liderazgo y creció en importancia la participación popular. Nacido en 1920, el nuevo Estado no resultó democrático, aunque sí con identidad nacionalista; autoritario, pero ampliamente legitimado, y estable en tanto que contó con grandes apoyos populares, con la conducción de un grupo político-militar hábil y flexible, y con la aceptación, en ocasiones forzada, de Estados Unidos.

La presidencia de Obregón, primera del Estado posrevolucionario —legitimada con el establecimiento de la paz y con la organización de nuevas elecciones durante el interinato de Adolfo de la Huerta—, mostró ya las complejidades de su naturaleza. Comprensiblemente, Obregón procedió como caudillo, gobernando según su proyecto. Sus principales objetivos eran iniciar la reconstrucción del país, para lo cual fue determinante la pacificación generalizada traída por la revuelta de Agua Prieta, movimiento básicamente incluyente, y centralizar y concentrar el poder, pues la revolución había tenido efectos disgregadores. Para construir el nuevo Estado tuvieron que ser desplazados muchos carrancistas. Sin embargo, dado que la revuelta de Agua Prieta había integrado a la mayoría de los constitucionalistas y a los principales movimientos anticarrancistas, ya fueran de ex revolucionarios o antirrevolucionarios, la coherencia ideológica no sería distintiva del Estado mexicano posrevolucionario.

En materia agraria, por ejemplo, si bien se complacieron los reclamos agrarios de algunos grupos revolucionarios, lo cierto es que se apoyó sobre todo el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad, consecuencia de que muchos líderes revolucionarios provenían de los sectores medios rurales. En el ámbito obrero, si por un lado se constituyeron instituciones radicales como la Confederación General de Trabajadores, por el otro el gobierno mantuvo una alianza mutuamente beneficiosa con la Confederación Regional Obrero Mexicana. De otra parte, el gobierno de Obregón decretó la devolución de los bancos incautados durante la lucha revolucionaria y permitió el regreso de los exiliados porfiristas y huertistas. La paz alcanzada permitió la recuperación de la agricultura, de la minería y del sistema ferroviario. Además, Estados Unidos comenzó su gran despegue económico, lo que se reflejó en la demanda del petróleo mexicano.

Los dos mayores problemas del gobierno obregonista fueron sus difíciles relaciones con Estados Unidos y la rebelión militar por motivos sucesorios. En efecto, el gobierno estadounidense se negó a reconocerlo oficialmente, alegando que era producto de una asonada militar. Más que una condena moral, lo que se pretendía era presionar al gobierno mexicano para que modificara algunos artículos de la Constitución de 1917 que resultaban perjudiciales a los norteamericanos. En lugar de hacer tales cambios, el gobierno mexicano aceptó respetar la no retroactividad de las nuevas disposiciones legales. Las concesiones de Obregón (mediante los llamados Tratados de Bucareli) al gobierno y a los inversionistas estadounidenses crecerían al final de su periodo, cuando le urgió contar con su apoyo ante la previsible rebelión por causas electorales. Puede decirse que el nacionalismo imperante en esos años, más que político y económico, fue cultural, puesto que el país tenía que diseñar y consolidar su nueva identidad cultural, propia de un país joven pero con numerosos ancestros, nacionalista sin xenofobias y revolucionario pero con orden e imaginación transformadora; sobre todo, justiciero pero aglutinante.

La transformación del país durante el proceso revolucionario fue cabal. Los cambios en el ámbito cultural fueron notorios. A finales del porfiriato apareció una generación, la del Ateneo, que criticó el predominio positivista y la falta de desarrollo de las humanidades y el arte. Destacaron jóvenes como Antonio Caso, Pedro Henríquez Ureña, José Vasconcelos, Alfonso Reyes y Julio Torri. Pocos años después, a la mitad del decenio bélico, irrumpió otra generación, la de “1915”, con su grupo de élite los "Siete Sabios”. Habían sido víctimas y testigos de la destrucción del país, por lo que, en lugar de dedicarse al cultivo del arte y las humanidades, se abocaron a crear instituciones —económicas, políticas y culturales— útiles para la reconstrucción del país. En este aspecto destacaron jóvenes como Manuel Gómez Morin, Vicente Lombardo Toledano y Alfonso Caso, o Narciso Bassols y Daniel Cosío Villegas.

La llegada al poder en 1920 de la nueva clase media permitió que Jóse Vasconcelos fuera el primer secretario de Educación Pública. Para él la revolución debía ser moral antes que agrarista, obrerista o nacionalista. Asimismo, para él la educación rebasaba a la simple instrucción, al incluir también el aspecto cultural y el aprendizaje extracurricular. Por eso fomentó la edición de libros y la organización de bibliotecas, y propició que los muralistas José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros pintaran, con afanes didácticos, temas revolucionarios en las paredes de edificios centenarios, combinando historia, presente y futuro. De otra parte, los épicos y dramáticos acontecimientos de aquellos años dieron lugar al nacimiento de una nueva corriente literaria, la “novela de la revolución”, con escritores como Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Rafael F. Muñoz, Francisco L. Urquizo y el propio José Vasconcelos, por cuyas páginas desfilan desde los soldados anónimos hasta los principales actores de la lucha, Madero, Carranza, Villa y Obregón.

Al término de su mandato éste decidió apoyar como sucesor a Plutarco Elías Calles, líder de la rebelión aguaprietista, secretario de Guerra y Marina durante el breve gobierno de De la Huerta y secretario de Gobernación en el suyo. Además de ser un político de gran experiencia, con nutridas “redes” y con grandes apoyos entre los sectores populares organizados, como militar gozaba de importantes apoyos en el ejército. Con todo, eran muchos los aspirantes al puesto, sobre todo militares, por lo que estalló una rebelión con varios cabecillas, aunque el aspirante principal era el ex presidente provisional y luego secretario de Hacienda Adolfo de la Huerta. El resultado fue determinado por varios factores: el primero, que a mediados de 1923 fuera asesinado Pancho Villa, quien previsiblemente se rebelaría en favor de De la Huerta, dejando a los alzados sin un caudillo militar popular; luego, que los gobiernos mexicano y norteamericano acordaron reconocerse y apoyarse en los Tratados de Bucareli; de otra parte, mientras que De la Huerta sólo contaba con parte del ejército y de la “clase política” —el Partido Nacional Cooperatista—, Obregón y Calles contaron con el respaldo norteamericano, con la mayor parte de los sectores político y castrense, así como con la gran mayoría de los elementos populares organizados, tanto campesinos como obreros. Con todo, el conflicto dejó varias lecciones: luego de las rebeliones aguaprietista y delahuertista, ambas preelectorales, quedó claro que los ex revolucionarios debían reglamentar el reparto de los puestos de elección popular. Otra lección advertía sobre la urgencia de despolitizar el ejército nacional y de crear una institución nacional civil que se convirtiera en la principal institución política del país. La tercera lección fue la conveniencia de mantener buenas relaciones con Estados Unidos.

Plutarco Elías Calles, aunque colaborador y seguidor de Obregón, era menos militarista y más político. Por eso su presidencia, de finales de 1924 a finales de 1928, se distinguió por sus esfuerzos institucionalistas, su enfrentamiento con la iglesia católica y sus afanes civilistas. Otra característica de su gobierno fue la diarquía, consecuencia de la influencia que mantuvo el caudillo Obregón. Su principal objetivo fue darle orden y racionalidad al proceso de transformación posrevolucionaria, para lo que introdujo normas y reglas —y por ende límites— mediante comisiones nacionales como la Agraria, la Bancaria y la de Caminos y de Irrigación, entre otras. También buscó reactivar y reglamentar la vida económica con la creación de instituciones como el Banco de México y el Banco de Crédito Agrícola, e intentó darle recursos al gobierno mediante un mejor aprovechamiento de las divisas petroleras y con un más eficiente sistema impositivo. En términos agrarios, Calles fue partidario de la mediana propiedad eficiente, y más que en el reparto agrario, confiaba en la irrigación, el financiamiento y el uso de nuevas tecnologías como instrumentos para solucionar los problemas de los campesinos. Respecto a los obreros, propuso la mutua ayuda a las grandes centrales de trabajadores, en su caso la Confederación Regional Obrero Mexicana. Con todo, luego de las rebeliones aguaprietista y delahuertista, Calles sabía que el mayor reto era la reducción, despolitización y reorganización del ejército ex revolucionario, labor que desarrolló uno de sus principales colaboradores, Joaquín Amaro.